El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex directivos de Ford Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas que sufrieran trabajadores de esa empresa multinacional en la planta de General Pacheco, en el marco de la última dictadura cívico militar en nuestro país. Se trata de un hito importantísimo en el proceso de memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de estado, ya que los condenados son civiles.
Acusados por los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados, los dos ex jerárquicos permitieron la instalación de un centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la fábrica, Allí “marcaron” a los empleados que luego fueron secuestrados y torturados.
Para los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, los directivos de la Ford Motors Argentina fueron “partícipes” del plan sistemático del terrorismo de Estado. Y así los condenaron por 24 casos de privación ilegal de la libertad, 9 de los cuales son doblemente agravados por el tiempo del secuestro, además de las torturas. Las penas son de diez años de prisión para Muller y doce para Sibila, que el TOF considera que deberían ser cumplidas en cárceles comunes, aunque les habilitaron la prisión domiciliaria a los condenados: todos superan los 80 años.
En este sentido, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA-T, que asistió a la lectura del veredicto, señaló: “esta es una de las sentencias más significativas porque condenan a los funcionarios de la Ford como cómplices necesarios de crímenes de lesa humanidad y el objetivo apuntaba a destruir la organización sindical en el lugar de trabajo, la comisión interna. De este modo, la caracterización del delito es una prueba fundamental para determinar la complicidad empresaria en el terrorismo de estado”.
Asimismo, Paulón, quien fue detenido y mantenido en cautiverio en la última dictadura cívico-militar de nuestro país, agregó: “Además es importante porque hasta ahora no se podía avanzar en los juicios contra las empresas y esta condena a una de las empresas más emblemáticas favorecidas con la dictadura junto con ACINDAR, que un tribunal haya dictado esa sentencia es tan importante como el Juicio a las Juntas por la perspectiva que abre. Hay 150 denuncias contra empresas que han colaborado con el terrorismo de estado entregando listas de sus trabajadores delegados”.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS), el 7% de los civiles acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina son empresarios. Esta es la segunda vez que la justicia argentina condena la responsabilidad empresarial y la juzga partícipe de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina: en marzo de 2016 fue condenado a doce años de prisión por delitos de lesa humanidad Marcos Levin, dueño de la empresa de autobuses Veloz del Norte.
Podés leer el veredicto de la causa. Se encuentra entre los documentos adjuntos de este artículo.