El año que termina estuvo signado por los coletazos de la crisis global que afectó a nuestro país principalmente por dos vías.

Una fue la contracción del comercio internacional y la otra, consecuencia de la elevada cuota de extranjerización que aún persiste en nuestra economía, fue el problema de los voluminosos giros de utilidades al exterior con la caída de la inversión que esto provocó. A esto se sumó el retroceso sufrido por la economía brasileña, cuyo impacto se sintió en la industria local.

Todo esto provocó una fuerte reducción en el ritmo de expansión que venía teniendo la economía hasta 2011, que terminó evidenciando signos de estancamiento en la construcción y en el sector productivo. El gobierno, con acierto, siguió apuntalando el crecimiento tanto del gasto público como del consumo privado, lo cual permitió impedir que se perdieran empleos y que se deteriorara el poder adquisitivo de los trabajadores en el sector privado . Lamentablemente no sucedió lo mismo con los salarios del sector público que quedaron retrasados un par de puntos por debajo de la inflación. Como sucede siempre, la peor parte la llevaron los trabajadores no registrados, cuyos ingresos quedaron rezagados más que otros años respecto del a evolución de los precios. Hay aproximadamente un 34% de los asalariados que reclama prioridad en la definición de las políticas para el próximo año. Sin embargo, en términos de conflictividad fue la cuestión del llamado Impuesto a las Ganancias lo que dominó el centro de la escena, acicateado por el hecho de que al no haberse actualizado la base del mismo durante el 2012 casi un 25% de los asalariados terminó siendo afectado por el mismo.

Desde la CTA venimos postulando la necesidad de que se convoque a la Comision de Empleo para que en el Consejo del Salario se pongan en discusión políticas para combatir toda forma de empleo precarizado. Otro tema que entendemos prioritario para 2013 es resolver la cuestión del Impuesto a las Ganacias, transformándolo en un gravamen a los altos ingresos mediante la modificación de las alícuotas de manera de asegurar una verdadera progresividad del mismo.

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