Alrededor de 25 trabajadores de la metalúrgica recuperada en 2001 Industrias RB de la localidad bonaerense de Martínez resultaron heridos luego de que la policía de la provincia de Buenos Aires reprimiera con gases y balas de goma mientras se manifestaban por el desalojo ilegal ordenado por el magistrado Orlando Abel Díaz, del juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro.
Anoche se desconocía el paradero de tres de los 15 trabajadores detenidos pero en la madrugada de hoy fueron todos liberados gracias a las gestiones de organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, aún no se les permite el ingreso a sus puestos de trabajo. Compañeros de la CTA de los Trabajadores, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras organizaciones sociales, políticas y sindicales denunciaron que la medida del juez fue absolutamente ilegal dado que en 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires había sancionado la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores, ley que fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.
El secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió al respecto: “Realmente es un hecho que indigna porque se trata de trabajadores que son reprimidos en un acto de violencia inusitada, con heridos de gravedad, con tres compañeros que incluso fueron detenidos a la vieja usanza por la bonaerense y que anoche se estaba tratando de buscar su paradero con los abogados que estaban actuando en la causa. Indigna porque además este hecho de violencia viene de la mano del revanchismo de un juez que representa los intereses de la patronal y de la clase dominante claramente porque esos compañeros pertenecían a una empresa recuperada que en el año 2007 había sido tratado el caso de esa empresa y de los trabajadores en la Legislatura y se había hallado una fórmula de solución para que los trabajadores continuaran a cargo de la empresa recuperada. Eso después se prorrogó y está vigente hasta el 2017 así que sin ninguna duda hubo en el medio esas manos que mueven al poder discrecional de jueces que están al servicio de los sectores dominantes, con el agravante que además lo hacen repartiendo palos, balazos de goma, generando actos de violencia contra quienes simplemente defienden su derecho a trabajar”.
Asimismo, Yasky destacó: “Desde ya que repudiamos esto, creemos que es un agravio a la clase trabajadora en su conjunto y tiene que garantizarse de aquí en más el respeto a lo que resolvió la Legislatura, el respeto a los trabajadores y que los jueces metan las manos fuera de lo que son los derechos de los trabajadores porque la verdad es que es indignante esto que tiene que ver con todo un clima de revanchismo, de prepotencia que está generando la clase dominante de nuestro país”.
La cooperativa Industrias RB, ubicada en la calle Panamá 1726, Martínez, es una de las muchas empresas recuperadas luego de la crisis del año 2000, con una administración exitosa por parte de trabajadores y trabajadoras. Realizan instrumentos de medición y amperímetros de aguja, entre otros, y son proveedores de varias empresas como Edenor y Metrovías. Desde la CTEP anunciaron que realizarán una denuncia penal contra el juez “por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que hace caso omiso de la existencia de la ley de expropiación dictando la orden de lanzamiento contra los trabajadores en el marco de una causa de usurpación cuyo denunciante es el Sr. López Blanco quien ha recorrido diversos fueros de la provincia y de la nación, encontrando sólo eco, de manera más que cuestionable, en un juzgado que no tendría que intervenir en estos temas”.