Artículo Publicado en el Diario BAE del 23 de Septiembre de 2011.

En este mismo diario, un interesante artículo de Atahualpa Puchulu, informaba que las operaciones comerciales en el país, vinculadas a compras y fusiones de empresas habían alcanzado, durante el primer semestre del año y hasta el mes de agosto, la suma total de U$S 3.918 millones. Este monto podría haber sido mayor, como lo señalara el autor, si la crisis en las economías centrales no hubiera llamado a sosiego a los grandes capitales, pero todo indica que el susto se les pasa rápido cuando piensan en las ventajas comparativas que este continente del sur del planeta les ofrece. ¿Ocurre lo mismo en materia de integración, articulación y complementación de las fuerzas populares?

A simple vista, es posible decir que los gobiernos democráticos y populares de la región avanzan satisfactoriamente en ese camino. De hecho, y en abierto contraste con sus pares del Norte, vienen ensayando una respuesta autónoma frente a los imperativos que el capital financiero no cesa de plantear. Esta actitud ha posibilitado que América del Sur ingrese a un momento de su historia signada por niveles crecientes de democratización, de construcción de ciudadanía, de soberanía y de políticas activas en materia de una más justa distribución de los ingresos.

En este contexto favorable, las manifestaciones del consenso popular a las estrategias de construcción política de algunos de los gobiernos de la región también son una marca distintiva y contrastante con la ola de “indignación” que recorre el Norte. El caso argentino, en este sentido, es poco menos que paradigmático. Sin embargo, es preciso constatar que la articulación y complementación de propuestas en el campo de las organizaciones sociales, territoriales, sindicales, estudiantiles, etc. no guarda idéntico dinamismo si se lo compara con la velocidad y efectividad de las respuestas de clase que dan los grandes grupos empresariales.

Esta situación, que además será mucho más visible a medida que Argentina se adentre en su nuevo escenario político después de las elecciones de octubre, plantea un enorme desafío. ¿Cuál es el papel que estas organizaciones pueden y deben cumplir con arreglo a la consolidación del rumbo emprendido en 2003? ¿Pueden sus respectivas agendas quedar circunscriptas a las legítimas reivindicaciones sectoriales sin que esto lesione sus capacidades para incidir en la agenda de la sociedad?

Es evidente que las estrategias adoptadas durante todo el período de resistencia al neoliberalismo –que en muchos casos no sólo fueron efectivas para la sobrevivencia sectorial sino que contribuyeron a un protagonismo colectivo- hoy deben ser reconsideradas. Puede arriesgarse que los episodios de 2008, en los que la convergencia efectiva de las fuerzas populares organizadas mostró una morosidad preocupante, constituyeron el último capítulo de aquellas estrategias de la resistencia. ¿Pero por dónde empezar?

Está claro que existe un conjunto de temas que aún no han sido abordados y de cuyo abordaje futuro dependerá la suerte individual de muchas organizaciones populares pero, sobre todo, será su horizonte común –en tanto que fuerzas populares organizadas- lo que será sometido a prueba. Las cuestiones referidas a los derechos de sindicalización, representación gremial y discusión paritaria, asociados en general a la defensa del mundo del trabajo, cobrarán un valor singular si esta defensa se convierte en una promoción activa de la centralidad del trabajo en el proceso más vasto y complejo de profundización de la democracia para una sociedad más equitativa y democrática que la actual. Ya no se tratará de recuperar solamente derechos conculcados, sino que la promoción de la centralidad del trabajo conlleva opciones por formas de economía mixta, cooperativas y exclusivas de la esfera estatal que suponen un paso más allá de la definición antineoliberal.

En otro orden, pero en idéntico sentido, se inscriben cuestiones como las de una opción inequívoca por un modelo de crecimiento y de distribución de los ingresos que no colisione con la defensa del medio ambiente. Los sistemas de decisión y protagonismo ciudadano que una cuestión de esa magnitud requieren, superan en mucho a los actualmente vigentes toda vez que éstos aún se inscriben en una dinámica institucional carente de reformas de peso.
La cuestión del Estado, esto es, su reforma en planos extendidos de su funcionamiento meramente administrativo pero, en particular, en todo aquello atinente a su papel de garante y promotor del interés público allí donde el interés privado choca con el bien común, es una reforma integral que hace a la redefinición de la herramienta estatal en su vínculo con la sociedad, pero también hace al tipo de relación que la sociedad prioriza en su interacción con el Estado.

La lista de cuestiones es tan extensa como compleja, pero basten los temas sumariamente señalados más arriba para identificar la clase de desafío que se les plantea a las organizaciones populares de aquí en más. Desde ya que este desafío no anula la perentoriedad de las reivindicaciones específicas –muchas de ellas dramáticamente vigentes- pero sí impone una visión integral que no puede ser más que la formulación de una estrategia novedosa y efectiva de intervención política.

Es obvio que nada de esto puede ser respondido de un día para el otro, pero nadie podrá negar que los tiempos actuales son vertiginosos y que si hay alguien que lo sabe a ciencia cierta es el gran capital. La crisis que se verifica en las economías centrales habla de ello y de la imposibilidad inmediata de generar consensos en torno a los ajustes puestos en marcha, pero también dice mucho acerca de la capacidad de autopreservación del capital más concentrado. A las fuerzas populares les queda actuar en consecuencia.-

Carlos Girotti es Sociólogo del Conicet, y dirigente de la CTA

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