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Adherimos al acuerdo para la Nueva Policía de la Ciudad, un tema realmente sensible que precisa una discusión exhaustiva en la @LegisCABA.

13:05 - 28 septiembre 2016

Lula no necesita montajes, tiene la Lealtad de su Pueblo.

14:43 - 27 septiembre 2016

A 2 años de Ayotzinapa: Memoria, Verdad y Justicia por los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados por Fuerzas Policiales #Mexiconosduele

13:50 - 26 septiembre 2016

Firmamos la solicitada pidiéndole al juez Claudio Bonadio que #EntreguenLasCunitas, para que los privilegiados sigan siendo los niños.

13:50 - 26 septiembre 2016

Portada del sitio || La Central || Elecciones, Fraude, Democracia

Las movilizaciones opositoras producidas en el escrutinio de las recientes elecciones de Tucumán se constituyeron en la punta de lanza del proyecto de deslegitimación del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e, incluso, como arranque para también deslegitimar e ilegalizar en octubre el triunfo del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.

Lo central del operativo es el trabajo publicitario con el concepto “fraude” en el que se acumulan indiscriminadamente robo de boletas, quema de urnas, sistema electoral, boletas electorales, métodos proselitistas, clientelismo y críticas al mensaje político del oficialismo. Con la movilización callejera de su militancia, la oposición política- unificada en Tucumán- procuró no solamente la anulación de los comicios, sino la modificación sobre la marcha y en pleno desarrollo de la campaña electoral nacional, del sistema de votación.

La confusión planteada por la oposición es, al mismo tiempo, deliberada y producto de su propia confusión. Al final de las elecciones perdidas asoma siempre la amenaza de la lucha de calles como forma de impedir la victoria electoral del FpV y lograr que un “presidente provisorio” se haga cargo del gobierno- como lo propuso Joaquín Morales Solá en “La Nación”, hasta que se celebren nuevas elecciones bajo reglas fijadas al calor de la confusión, generada y auto incentivada.

No solo los comicios de Tucumán indicaron una victoria del FpV, más allá de los condenables sucesos que no alcanzaron a modificar el resultado; revelan, por otra parte, el invertebrado programa opositor. Porque de lo que se trata es de plantear, frente a este tema, el de mejorar el funcionamiento electoral, la discusión de las bases de una reforma política, una reforma electoral y una reforma de los comicios.

Es típico de la exposición opositora negar el significativo mojón del establecimiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo de transparencia y apertura radical de un mecanismo democrático para la elección de los candidatos y la creación de espacios televisivos y radiofónicos repartidos proporcional y gratuitamente para esos comicios y los generales sucesivos.

Es curioso que se insista primero en que se democraticen los comicios para elegir los candidatos y luego surja el cansancio supuesto o real de “la gente” y “los periodistas” por las variadas elecciones que las reformas existentes generaron. Existen demandas de propuestas de cambio, diversas y contradictorias por cierto, entre los opositores, pero también variadas iniciativas desde el campo oficialista.

Podría pensarse, por ejemplo, que para evitar la superposición de candidatos y posiciones en juego, que se separen los comicios presidenciales y legislativos nacionales, de los gubernativos y legislativos provinciales. Para evitar la sumatoria de comicios podrían desarrollarse en una jornada primera los comicios nacionales con sus respectivas PASO y luego en otra fecha, los gubernativos. Si la duración fuera establecida en cuatro años para todas las categorías (presidencial, gobernadores, senadores y diputados nacionales y legisladores provinciales), ello permitiría a mitad de mandato de aquellos (a los dos años) realizar en todo el país, los importantes comicios municipales. Pero si esa reforma, una de las posibles y no por cierto la única se concretara, ello debería implicar la reforma de la Constitución Nacional y de todas las cartas magnas provinciales. Por otra parte, la aplicación nacional de un mismo sistema de votación (boleta única en sus diversas variantes o voto electrónico en las propias), propone implícitamente un acuerdo nacional e interprovincial. Ello implica un debate importante, de por lo menos seis meses, conducido por una comisión bicameral del Congreso de la Nación que concluiría necesariamente con el consenso posible que, sin duda, obligará a ceder posiciones y lograr acuerdos en donde las minorías tendrán que entender que sus derechos no pueden superar a los de las mayorías.

También será posible diseñar la creación de un Instituto Nacional Electoral y de Partidos Políticos que reemplace a la actual Dirección Nacional Electoral dependiente del Ejecutivo, para crear en su reemplazo un organismo descentralizado bajo el control del Congreso Nacional. La vida de los partidos políticos está protegida por el artículo 38 de la Constitución Nacional, incorporado en 1994 al texto supremo. Las garantías contenidas en el mismo tienen que desarrollarse en profundidad, lo que implicaría la reforma e incluso el dictado de nuevas leyes, las que requieren por definición explícita de la Carta Magna de una votación de la mitad más uno de los integrantes de Senadores y Diputados nacionales.

El tema del fortalecimiento de los partidos no aparece en los reclamos opositores, quizás porque su visión de la política se basa en las concepciones neoliberales que colocan los procesos de elección de los candidatos bajo el control de minorías, de poderes publicitarios y de financiamiento privado. Sin embargo, cuando se necesitan fiscales para los comicios aparece la debilidad de los partidos por la falta de militancia. Y, contradictoriamente, la formación de nuevos partidos tiene hoy una enorme facilidad lo que genera la presencia de organismos que sirven, sobre todo, para ser “alquilados” en las aventuras políticas más diversas. En una reforma de partidos probablemente deberán sostenerse mecanismos para el establecimiento de partidos que fortalezcan las corrientes de opinión vigentes de todos los signos y eludir los oportunismos del mercado electoral. Quizás deba incluirse en este marco la caducidad de las afiliaciones ciudadanas de todos los partidos vigentes a la fecha que tienen un piso establecido en 1983 y depurar así a todas las organizaciones políticas.

La magnitud de estas u otras reformas del sistema partidario, electoral y comicial implica un debate serio, participativo y federal. Va más allá de la realización de una elección presidencial cuya limpieza está garantizada, como lo ha estado en los años de la democracia post dictatorial y en todos los momentos en que los movimientos populares tuvieron la responsabilidad de ejercer el poder. Si un cambio profundo debe generarse en el sistema político del país, éste no podrá partir de un espasmódico y oportunista juego de parches aplicados sin reflexión. Si las reformas jurídicas necesarias se producen finalmente, ello sería la base no la cumbre de ese proceso. Mucho menos cuando el aparato comunicacional hegemónico, propulsor del desprecio de la política, rechaza la seriedad y profundidad de este cambio cuya garantía está en la propuesta y la movilización del movimiento popular.

*Profesor de la FPCS-UNLP