El miércoles 15 de febrero, desde las 10 de la mañana, lxs judiciales haremos un cese de tareas y marcharemos luego hacia el Palacio de Tribunales, donde concentraremos en rechazo al proyecto gubernamental de transferencia de la Justicia ordinaria de la Capital Federal al ámbito porteño. El plan oficial prevé el traspaso de las competencias penales inicialmente, pero luego serían los juzgados (y fiscalías y defensorías) civiles, comerciales y laborales nacionales.
¿Por qué lxs judiciales nos oponemos a ese traspaso? Porque el cambio supone, en lo inmediato, la flexibilización laboral de nuestros compañeros y compañeras. La primera afectación es el cambio intempestivo de empleador: dejaríamos de ser judiciales nacionales y pasaríamos a depender del Colegio de la Magistratura de la CABA. Ese cambio sin nuestro consentimiento pone en riesgo, además, nuestro salario, nuestra carrera como trabajadores (los escalafones en CABA y en Nación son distintos), nuestra pertenencia a la obra social, y la carga horaria de nuestra jornada laboral.
Si esa flexibilización laboral se impusiera puertas adentro y escaleras arriba del Palacio de Tribunales, es muy probable que se extienda luego al resto de la clase trabajadora, porque si un juez permite que se lesionen tan gravemente las condiciones laborales de sus propios trabajadores, ¿cómo haría para impedirlo en el resto de las relaciones capital-trabajo? Por eso lxs judiciales decimos con razón que LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EMPIEZA CON EL TRASPASO.
Por lo demás, la transferencia de la Justicia a la CABA esconde un propósito muy grave que trasciende a lxs trabajadorxs judiciales y comprende al conjunto de la sociedad democrática: afectar la independencia judicial y cambiar unilateralmente las reglas de juego que dan garantía a la labor de jueces, fiscales y defensores, para beneficio de quien controla el gobierno de la Ciudad Autónoma, y por mandato de los grupos económicos.
Sabemos que el gran objetivo del gobierno es elegir los jueces que juzgarán los delitos cometidos por los funcionarios de la CABA, para garantizarse impunidad. Y no sólo: quieren terminar con el fuero nacional del Trabajo, para imponer con total libertad y sin ninguna traba las condiciones laborales que imponen los empresarios. Algo parecido sucederá con el fuero comercial: si el traspaso prospera, la CABA se convertirá en una pequeña Panamá, con sociedades comerciales inscriptas al margen de los controles estatales de la Nación y de las leyes dictadas por el Congreso. No en vano el traspaso de la Justicia viene acompañado de la transferencia a la ciudad de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble.
Por todo esto, te decimos: la lucha contra el traspaso no es sólo de lxs judiciales. Sumate. Acompañá a SITRAJU en esta pelea.
Gonzalo Martinez Salum - Secretario Gral Ministerio Publico Fiscal
SITRAJU Nación - CTA