En el marco de 165º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión de la CTA de los Trabajadores se encuentra esta semana en Montevideo, Uruguay, junto a diversas organizaciones argentinas para denunciar la situación de los derechos laborales y sindicales en nuestro país.
Se estima que las Audiencias Públicas de la CIDH tengan lugar hasta el viernes 27. Allí están en, representación de la CTA-T, el de Relaciones Internacionales, y la secretaria de Contabilidad, Sonia Alesso. Allí, junto a la CTA Autónoma y varios sindicatos, se denunciarán los atropellos del Gobierno en un contexto de deterioro del mercado de trabajo y aumento del desempleo, en los últimos meses se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores en nuestro país.
En ese marco, Roberto Baradel sostuvo: “Se trata de una audiencia que le concedió la CIDH al Centro de Estudios Legales y Sociales. Estamos varias organizaciones sociales y sindicales que vinimos a denunciar por un lado la persecución sindical hacia aquellos sindicatos y dirigentes que levantamos la voz en defensa de los trabajadores, como sucedió con el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el ataque al sindicato, desde la amenaza de quite de personería gremial, de una multa millonaria, de poner voluntarios en las escuelas, hasta el descuento que le hicieron a los trabajadores, en represalia a la huelga que llevábamos adelante, hasta las amenazas de muerte a mi familia, mis hijos y mi nieto y que el mismo Presidente Macri señaló “Baradel no necesita nadie que lo cuide”, cuando había una demanda judicial para poner custodia en mi casa por estas cuestiones”.
Al mismo tiempo, Baradel agregó otros ejemplos: “También está el caso de los docentes de Tierra del Fuego, con trabajadores que han sido condenados por la Justicia, pero también en un sumario administrativo los han exonerado, cuando el resultante del sumario recomendaba una suspensión; lo que ha pasado con el Sindicato de Canillitas; las amenazas dirigidas a los jueces laborales y los abogados laborales de nuestro país. La represión con los trabajadores de Pepsico. La recusación a Recalde como abogado laboralista, a los jueces, la situación de la Asociación Bancaria. Son temas graves”. Y luego apuntó: “Estos casos se van a presentar ante la CIDH para decirle al Gobierno argentino que debe cesar en ese tipo de prácticas. Todo lo que ha significado amenazas y persecución, represión y criminalización a lo que es la protesta social, a lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Vamos a denunciar las diferentes situaciones que se dieron, que nosotros entendemos que están afuera de la legalidad y que tienen como objetivo disciplinar y acallar la voz de los trabajadores para que no reclamemos lo que son nuestros derechos. Hay de parte del gobierno una actitud absolutamente agresiva, llamando “mafia” a la justicia laboral, llamando “curro” a los derechos humanos, llamando a los sindicatos como parte de una mafia que no deja avanzar el cambio, cuando lo que pretendemos es que se respeten los derechos humanos y los derechos laborales y que se garantice la plena vigencia de los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y los derechos humanos.
Desde la asunción del nuevo gobierno argentino, el Poder Ejecutivo viene desarrollando una serie de acciones que implican, por un lado un abierto desconocimiento del Estado de derecho democrático y social, de la independencia y la división de poderes. Dicha denuncia ante la CIDH es parte del conjunto de acciones que las Centrales Sindicales Argentinas vienen realizando ante diferentes organismos nacionales e internacionales, entre ellos la OIT.
Otras organizaciones que participan de la Audiencia son: la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA Autónoma), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA), la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal de Trabajadores, la Asociación Civil Corriente Laboralista 7 de julio, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).