El despliegue de una fuerza equivalente a veinte compañías de uniformados sobre la zona sur porteña, apoyada en una logística renovada en materia de transporte y comunicaciones, supone algo más que la simple idea de saturar el territorio con una presencia sistemática y disuasiva de los cuerpos de seguridad. Los 1250 efectivos de la Gendarmería y otros tantos de la Prefectura que, a partir de la decisión presidencial, se instalarán allí, ponen al desnudo los límites del concepto de seguridad que llevó a Mauricio Macri a crear la Policía Metropolitana.
Es hora de recordar que el actual Jefe del gobierno porteño estableció que el primer destino de la fuerza que comandaría el Fino Palacios sería la Comuna 12, un distrito en el que la calidad de vida de sus habitantes dista mucho de parecerse, por ejemplo, al de la Comuna 8. En esta última, según datos aportados ayer por el diario La Nación, viven 184.703 personas distribuidas en los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. No es una de las zonas con mayor densidad demográfica, pero sí es de las que exhiben más graves problemas sin resolver. La falta de viviendas dignas, el abandono de la escuela y la salud públicas, la inexistencia de espacios abiertos a la recreación, el deporte y la cultura, su condición de refugio permanente para los empobrecidos y marginados expulsados de otros lugares del país y hasta del continente, han hecho de estas barriadas una típica zona de producción de delito. Pero no es ésta una condición inherente a sus habitantes, aunque por ello sean condenados sin juicio a la sospecha y, cuando no, al castigo directo.
Han sido, durante años, las políticas estatales las que convirtieron a toda la zona sur de la Ciudad en un resumidero. Por prejuicio, por irresponsabilidad, por desidia pero, sobre todo, por una connivencia convertida en pacto con la delincuencia organizada, el Estado le dejó a ésta una suerte de zona franca. Lo disimuló persiguiendo y discriminando a los emergentes de esa situación, esto es, a los hombres, mujeres y adolescentes cuya existencia pasó a depender de la obligada comisión de delitos menores; una existencia cada vez más sumergida en la carencia absoluta de los más elementales derechos. La retirada estatal de la zona sur se hizo al compás de su propia imbricación en las redes delictivas y este proceso se dio, precisamente, a través de quienes, en su nombre, debían velar por la seguridad pública. De la mano de ello, y con el cierre de las pequeñas y medianas fuentes de trabajo, se produjo una paulatina desvalorización inmobiliaria, acrecentada aún más por el fantasma de la inseguridad permanente. Mucho tiempo antes había ocurrido algo parecido con la temible zona portuaria, pero la delgada línea roja que une al pretendido prodigio urbanístico del actual Puerto Madero con la llaga abierta del Parque Indoamericano es la misma: someter al abandono para luego ocupar por la renta. El Estado ha sido cómplice y ejecutor de esta estrategia que, sin dudas, no ha tenido otro gran beneficiario que no fuese el gran capital.
El llamado Plan Cinturón Sur viene, con la decisión presidencial, a apretar los anchos márgenes del delito, unos márgenes establecidos desde las entrañas mismas del dispositivo estatal neoliberal que siempre vio en los pobres al hampa organizada. Se trata –y es preciso subrayarlo- de una reforma o, con mayor precisión, de un paso más en el proceso de reformas del aparato estatal involucrado en la preservación de la seguridad pública. La ahora obligada coordinación y convivencia territorial de las tres fuerzas federales: Policía, Prefectura y Gendarmería, le cierra caminos a la corrupción y a la complicidad con el crimen. Este es, sin dudas, uno de los atributos esenciales que hacen al concepto de la seguridad pública. Pero no es el único, porque la seguridad también debe ser democrática.
La zona sur porteña reclama, asimismo, una política efectiva de integración con el resto de la ciudad pero, sobre todo, consigo misma. Créditos blandos para la refacción y construcción de viviendas, facilidades tributarias para las pequeñas y medianas empresas, establecimiento de polos culturales y recreativos, urbanización de sus villas, instalación de una verdadera red pública de atención de la salud y todo cuanto implique ocupar, pero esta vez con una inequívoco sentido democrático y reparador, el territorio diezmado por la marginación planificada.
No ha sido con estos principios que Mauricio Macri pergeñó la Policía Metropolitana, ni ésta ha venido para ratificar que la seguridad debe ser tan pública como democrática porque, justamente, este último atributo es el que se reconoce en el mejoramiento de la calidad de vida las personas. Sin mejor calidad de vida hay delito y Macri, en ese camino, no ha hecho nada, aunque su ministro Montenegro pretenda que el Cinturón Sur no es un plan y el Jefe de Gobierno no pueda mostrar una sola estadística del delito a la baja.
(*) Sociólogo, Conicet, 29 de junio de 2011. ARTÍCULO PARA BAE.