Nota de opinión publicada en el diario Tiempo Argentino.
La importancia de la presentación de adecuación ante la AFSCA y si no encubre a futuro un nuevo fraude.
Desde que se supo que Claudio Escribano, el mandamás editorial del matutino La Nación, había pretendido imponerle a Néstor Kirchner las condiciones para gobernar y que éste, por toda respuesta, lo mandara de paseo, la relación entre el Estado y los medios de comunicación se convirtió en un tema relevante en la agenda política. Pero hubo que esperar hasta octubre de 2009 para que esa relevancia adquiriese perfiles propios: el Grupo Clarín emprendería su guerra santa contra el gobierno argumentando la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la recién sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Esta ley, que a todas luces es uno de los hitos de la democracia realmente existente en la Argentina contemporánea, venía a garantizar el derecho a la comunicación para todas las ciudadanas y ciudadanos. Y ello, de por sí, resultaría intolerable para los trust mediáticos. Acostumbrados como estaban a ejercer el poder que emanaba de la concentración de empresas en muy pocas manos y, sobre todo, a hacer valer ese poder a la hora de asegurar el control de las riendas políticas del Estado, los grandes propietarios de los medios de comunicación decidieron aliarse para enfrentar la aplicación de la nueva ley.
Como es sabido, el portaestandarte de esta cruzada vino a ser el Grupo Clarín, pero detrás de éste, con sus más y con sus menos, se alinearon otras empresas a la espera de que la intentona del multimedios hiciera retroceder jurídicamente al gobierno.
Han transcurrido casi cinco años de aquella situación y, al cabo, todos los propietarios de medios que se encontraban encuadrados en las figuras de irregularidad establecidas por la ley fueron aviniéndose a resolverlas tras sendas presentaciones a la AFSCA. Sólo faltaba el Grupo Clarín que, ante la inequívoca resolución de la Corte Suprema de Justicia –declarando la constitucionalidad plena de los artículos cuestionados de la ley– y ante la evidencia de su absoluta soledad frente a las decisiones contrarias adoptadas por grupos mediáticos similares, tuvo que presentar su propio plan de adecuación según lo normado por la ley que tanto había combatido y denostado.
La partición del Grupo Clarín en dos conglomerados mediáticos diferentes es uno de los principales logros democráticos de estos últimos años y ello por varias razones.
La primera, sin dudas, es el efecto demostración frente a todo el poder corporativo del gran capital que, a despecho de los avances sociales, económicos y culturales verificados en más de una década de realizaciones, no ha cesado de presionar al gobierno para que retrotraiga las conquistas democráticas al páramo institucional del neoliberalismo. La puja entre la democracia ciudadana y la pseudodemocracia de las corporaciones reclamaba, por cierto, de un hecho que, como el que se suscitaron con la discusión, la elaboración, aprobación y la aplicación de la llamada Ley de Medios, les dejara bien en claro a las grandes patronales que el sufragio popular ya no era un dato menor específicamente en el momento de evaluar quién controlaba los resortes políticos del Estado.
Otra razón, precisamente, es la siguiente: el papel del Estado, como garante del interés público y del bien común, ha podido recuperar una centralidad que había perdido en tiempos de la dictadura cívico militar y de la continuidad de ésta durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vino a cristalizar aquello que ya se había insinuado en las disputas de 2008 por la aplicación de las retenciones a las agroexportanciones: el Estado puede y debe intervenir en la regulación del mercado toda vez que éste, por sí y ante sí, decida intervenir en beneficio propio alterando la condiciones de vida de millones de ciudadanos y, por ende, conculcando de facto –pero como si fuese algo "natural"– derechos inalienables como, por ejemplo, el de la comunicación.
Se podrían contabilizar numerosas razones más para subrayar la importancia del acatamiento del Grupo Clarín a la ley, pero tal vez la que adquiere un relieve simbólico particular es aquella que registra que la partición del multimedios en dos conglomerados: uno con la nave insignia –el matutino fundado por Roberto Noble– y el Canal 13, la Radio Mitre, la señal de TN, diarios emblemáticos como La Voz del Interior, etc., y otro conglomerado que reúne a las empresas operadoras de la televisión por cable. Lo significativo, aquello que da por tierra y desnuda la hipocresía del "periodismo independiente" y el cinismo de la "defensa de la libertad de prensa", es que la viuda de Noble y Magnetto se quedan con la mayoría accionaria del segundo conglomerado porque, precisamente, es el que les genera y les garantiza las tres cuartas partes de los dividendos de todo el grupo, mientras que el diario Clarín, los demás diarios, el canal de noticias, el de aire y las radios –razón de ser, todos ellos, de la declamada libertad de opinión– quedan en manos de socios menores porque "la caja" no está ahí. Es que ahora ya no estarían juntos ni revueltos: estarían, a su pesar, ordenaditos, como la ley manda.
Resta saber, finalmente, si la presentación hecha ante la AFSCA no encubre, a futuro, una nueva engañifa, un fraude a la institucionalidad democrática corporizada en la ley de medios. Pero, si así fuera, si una vez más el poder corporativo quisiera atropellar la soberanía de la voluntad ciudadana, será el turno de ésta para hacerse valer, tal y como lo hiciera aquel 27 de agosto de 2004 la Coalición por Una Radiodifusión Democrática, cuando presentó los "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación", reuniendo la determinación de numerosas organizaciones y, entre ellas, la Central de los Trabajadores de Argentina.