Referentes del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional e integrantes del Frente de Gremios Viales se reunieron en CTA de los Trabajadores con los integrantes de la Mesa Nacional, Gustavo Rollandi, secretario de Organización, y Carlos Girotti, secretario de Comunicación, a quienes les acercaron las problemáticas en el sector.

Estuvieron presentes Fabián Cattanzaro, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional; Pablo Acuña, secretario adjunto, Rubén Sacchi, secretario de prensa, y Martín Pintos, secretario de Acción Social, quienes denunciaron la avanzada del gobierno de la alianza Cambiemos contra los derechos de los usuarios y de los 6 mil trabajadores viales de todo el país.

A partir del decreto 794/2017 del 4 de octubre se creó la sociedad anónima de Corredores Viales, que cuenta con las mismas funciones que realiza el organismo público de la Dirección Nacional de Vialidad, pero con la particularidad de estar bajo la órbita y legislación privadas. “Al ser una sociedad anónima le escapa a la legislación pública, es decir, no hay licitaciones, no hay controles, se rige bajo la órbita privada y prevé el traspaso de recursos y personal de Vialidad Nacional a esa sociedad anónima. Lo que pone no sólo en riesgo al organismo sino también a los trabajadores que se desempeñan en las 24 provincias. Más de 6 mil compañeros vemos amenazada nuestra fuente de trabajo”, describió Rubén Sacchi, secretario de prensa del del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.

Por su parte, el secretario general, Fabián Cattanzaro, señaló: “Este es un problema que afecta no solamente a los trabajadores y al organismo en sí mismo. Esta empresa, que está facultada para diseñar política vial en todo el país, afecta también a los usuarios porque se pueden generar nuevos corredores viales, esos nuevos corredores viales implican nuevas casillas de peaje; más peajes, más caros, porque no van a estar bajo el control de Vialidad, sino que las tarifan van a estar determinadas por esa empresa; esto es, una sociedad anónima persigue un fin de lucro, a diferencia del Estado que persigue el bien común. Un privado va a necesitar una ruta y va a plantear construirla. Entonces nos preguntamos qué va a pasar con los pueblos, con las entradas a los municipios, qué va a pasar con la misma lógica de inviabilidad de la inversión. Este decreto afecta a todo el país porque Vialidad es un ente estratégico de diseño de planificación y de política vial en todo el país”.

Desde el Frente de Gremios Viales, que el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional integra, están pidiendo la derogación del decreto 794/2017, ya que según reza el documento y como lo explicaron los referentes del sector “permite la enajenación de organismo que desde 1932 es uno de los pilares fundamentales para la comunicación entre los distintos puntos de nuestra patria y pone en riesgo la fuente de trabajo de 6 mil familias. También se ve perjudicada toda la población ante la posibilidad de aplicarse peajes cada 100 km con valores de 4,5 dólares mínimo y la desaparición de pueblos enteros cuando las rutas no sean rentables”.

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