Desde el inicio de la pandemia la Justicia Nacional del Trabajo, donde se dirimen principalmente las controversias entre trabajadores/as y empleadores/as en la Capital Federal de la Nación, se encuentra en un estado virtual de parálisis.
El de por sí exagerado e injustificado preexistente atraso en la tramitación de las causas -con una demora promedio de entre 5 y 6 años para la finalización de las instancias ordinarias- se ve agravado no solo por los efectos del Covid-19 sino también, y en esto efectuamos especial hincapié, en la inoperatividad -y en algunos casos displicencia- de las autoridades con responsabilidad funcional para el correcto funcionamiento del servicio de justicia.
Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni el Consejo de la Magistratura de la Nación, ni la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ni los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo , salvo contadas excepciones, han arbitrado todas las medidas necesarias, tendientes a solucionar, en el marco de sus competencias, la situación lindera a la privación de justicia que, para los trabajadores y trabajadoras, implica que sus juicios, prácticamente, no se estén tramitando y, por ende, que sus derechos no puedan ser reconocidos.
Paradójicamente, quienes para la Constitución Nacional son sujetos de “preferente tutela” terminan siendo los sujetos más relegados y postergados vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia.
El agravamiento de la morosidad en los procesos judiciales afecta también a quienes vivimos del ejercicio de nuestra profesión en la obtención de los ingresos económicos de ella derivados que, más allá de la anacrónica denominación de “honorarios”, poseen naturaleza alimentaria.
Las entidades y agrupaciones firmantes del presente, representativas de los/as abogados/as que litigan ante la Justicia del Trabajo, comprendiendo un amplio espectro e intereses diversos, nos hemos reunido ante la gravedad de la situación denunciada, a fin de hacer pública la falta de funcionamiento integral de los Juzgados y Salas del fuero Laboral, y exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, y a los Jueces y Juezas del fuero, que adopten todas las medidas necesarias en el marco de sus atribuciones para que, sin poner en riesgo la salud de los trabajadores/as de la Justicia, el año judicial 2021 comience con un funcionamiento pleno y normalizado de la Justicia Nacional del Trabajo.
Juan Pablo Zanetta
Presidente AABA
Cynthia Astrid Benzión
Presidenta AAL
Gustavo Ciampa
Presidente Corriente 7 de Julio
José Luis García Vetureyra
Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno
Andrés Darío De La Uz
Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno
Héctor Omar García
Asesoría Jurídica CTA-T