por Luiz Inácio Lula Da Silva (*)

Durante más de cuarenta años de actuación pública, mi vida personal fue permanentemente investigada por los órganos de seguridad, por los adversarios políticos y por la prensa. Por luchar por la libertad de organización de los trabajadores fui preso, condenado como subversivo por la infame Ley de Seguridad Nacional de la dictadura. Pero jamás encontraron un acto deshonesto de mi parte. Sé lo que hice antes, durante y después de haber sido presidente.

Nunca hice nada ilegal, nada que pudiese manchar mi historia. Goberné el Brasil con seriedad y dedicación, porque sabìa que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me lanzaron no apuntaban exactamente a mi persona, sino al proyecto político que siempre representé: el de un Brasil más justo, con oportunidades para todos.

En las vísperas de cumplir 71 años, veo mi nombre en el centro de una verdadera cacería judicial. Espiaron mis cuentas personales, las de mi esposa y las de mis hijos; pincharon mis llamadas telefónicas y divulgaron sus contenidos; invadieron mi casa y me condujeron a la fuerza para declarar, sin motivo razonable para ello y sin base legal. Están a la búsqueda de un delito, para acusarme, pero no lo encontraron ni lo van a encontrar.

Desde que esa cacería comenzó, en la campaña presidencial de 2014, recorro los caminos de la Justicia sin abandonar mi agenda. Continúo viajando por el país, al encuentro de los sindicatos, de los movimientos sociales y de los partidos, para debatir y defender el proyecto de transformación del Brasil. No paré para lamentarme ni desistí de la lucha por la igualdad y la justicia social.

En estos encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasileño y en el futuro del país. Constato que está viva en la memoria de nuestra gente cada conquista alcanzada en los gobiernos del PT: la Beca Familia, la Luz Para Todos, el Mi Casa, el nuevo Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, el Programa de Adquisición de Alimentos, la valorización de los salarios; lo cual, en su conjunto, proporcionó la mayor movilidad social ascendente de todos los tiempos.

Nuestra gente no olvidará a los millones de jóvenes pobres y negros que tuvieron acceso a la enseñanza superior y va a resistirse a los retrocesos porque el Brasil quiere más y no menos derechos.

No puedo callarme, sin embargo, frente a los abusos cometidos por los agentes del Estado que usan la ley como instrumento de persecución política. Basta observar la recta final de las elecciones municipales para constatar la existencia de una cacería contra el PT: la aceptación de una denuncia contra mí, cinco días después de que fuera presentada, y la prisión de dos exministros de mi gobierno, fueron episodios espectaculares que ciertamente interfirieron en el resultado del pleito electoral.

Jamás practiqué, autoricé o me beneficié de actos ilícitos en la Petrobras o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral de 2014, se trabaja en la narrativa de que el PT ya no es más un partido, sino una organización criminal, y que yo soy el jefe de dicha organización. Esa idea fue
machacada sin descanso en los titulares, tapas de revistas, radio y televisión, pero precisa ser probada a la fuerza ya que –argumentan- “no hay hechos, pero sí convicciones” de su existencia.

No descarto que mis acusadores crean en esta tesis maliciosa, tal vez por juzgar a los demás con su propio código moral. Pero salta a la vista la desproporción entre los multimillonarios desvíos de fondos investigados y lo que apuntan como el supuesto botín del “jefe”, dejando en evidencia la falacia de este enredo.

Percibo, también, una peligrosa ignorancia por parte de los agentes de la Ley en lo que hace al funcionamiento del gobierno y de las instituciones. Llegué a esa conclusión durante las declaraciones que presté a los fiscales y promotores que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, cómo tramita una medida provisoria, cómo se procede en una licitación, cómo se analiza y se le da la aprobación, colegiada y técnica, a los financiamientos en un banco público como el Banco Nacional de Desarrollo.

Por lo demás, en esas declaraciones, nada se preguntó con objetividad desde las hipótesis de la acusación. Tengo la impresión de que no pasaron de ser ritos burocráticos vacíos para cumplir etapas y atender las formalidades del proceso. Definitivamente, no sirvieron para el ejercicio concreto del derecho a la defensa.

Transcurridos dos años de operaciones, siempre filtradas con mucha bulla, no consiguieron encontrar nada capaz de vincular mi nombre a los desvíos de fondos investigados. Ningún centavo no declarado en mis cuentas, ninguna empresa fantasma o de fachada, ninguna cuenta secreta.

Hace veinte años que vivo en el mismo departamento de Sao Bernardo. Entre las decenas de procesados delatores ninguno dijo que trató de algo ilegal o deshonesto conmigo, y eso siempre a despecho de la insistencia de los agentes públicos para que lo hicieran e, incluso, se los exigía como condición para obtener beneficios posteriores.

La liviandad, la desproporción y la falta de base legal de las denuncias, sorprenden y causan indignación, así como la avidez con las que son procesadas en el juicio. Ya no les importan hechos, pruebas ni normas de procedimiento; denuncian y procesan por mera convicción y es muy grave que las instancias superiores y los órganos de control funcional no tomen medidas contra los abusos.

Me acusan, por ejemplo, de haber ganado ilícitamente un departamento que nunca me perteneció –y no me pertenece- por la simple razón de que no quise comprarlo cuando me fue ofrecida la oportunidad de hacerlo, ni siquiera después de las reformas edilicias que, obviamente, acrecentarían su precio. Como es imposible demostrar que la propiedad sería mía –pues nunca lo fue- me acusan entonces de ocultarla en lo que ya es un enredo surrealista.

Me acusan de corrupción por haber dictado conferencias para empresas investigadas en la Operación “Lava Jato” ¿Cómo pueden acusarme de corrupción si no soy más agente público desde 2011, año a partir del cual comencé a dictar conferencias? ¿Y qué relación puede haber entre los desvíos de la Petrobras y las presentaciones –todas documentadas- que hice para 42 empresas y organizaciones de diversos sectores –no sólo para las cinco investigadas- cobrando en todas ellas un precio fijo y pagando los respectivos impuestos?

Mis acusadores saben que no robé, no fui corrompido ni intenté obstruir a la Justicia. Pero no lo pueden admitir. No pueden retroceder después de la masacre que promovieron desde los medios de comunicación. Se convirtieron en prisioneros de las mentiras que crearon, la mayoría de las veces, a partir de reportajes facciosos y mal planteados. Están condenados a condenar y deben evaluar que, si no me encarcelan, serán ellos los quedarán ante la opinión pública como inmorales y corruptos.

Intento comprender esta cacería como parte de la disputa política, no obstante ser un método repugnante de lucha. No es a Lula a quien pretenden condenar: es al proyecto político que represento junto con millones de brasileños. En el intento de destruir una corriente de pensamiento, de hecho están destruyendo la democracia en el Brasil.

Es necesario destacar que nosotros, los del PT, siempre apoyamos la investigación, el enjuiciamiento y el castigo a quien desvía dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: nosotros combatimos la corrupción en la práctica.

Nadie actuó tanto para crear mecanismos de transparencia y control de los fondos públicos, para fortalecer la Policía Federal, la Hacienda y el Ministerio Público, para aprobar en el Congreso leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Esto es reconocido hasta por los propios fiscales que nos acusan.

Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío en que temprano o tarde la Justicia y la verdad prevalecerán, aunque más no sea en los libros de Historia. Pero lo que me preocupa, y a todos los demócratas, son las continuas violaciones al Estado de Derecho, porque en ellas está la sombra del Estado de Excepción que se viene desplegando sobre el país.
(*) Presidente de Brasil (2003-2010). Presidente Honorario del Partido dos Trabalhadores.
(**) Traducción del portugués: Carlos Girotti, Secretario de Comunicación de la CTA.

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