A punto de cumplirse treinta días de la desaparición de Santiago Maldonado, todos los testimonios más todos los indicios, incluyendo el desaprensivo silencio del gobierno del Estado, conducen a la Gendarmería Nacional como ejecutora de este delito.
Me pregunto si las fuerzas de la Gendarmería, aquellas que fueron entrenadas profesionalmente tras su incorporación al cuadro de la institución, no se interrogarán ahora a título de qué han quedado ellas como responsables únicas y directas de cumplir una orden de reprimir que emanó de la autoridad civil a la que deben responder.
¿Acaso estaba en los cálculos de los gendarmes de los escuadrones patagónicos la posibilidad de secuestrar y tal vez matar a un detenido desarmado?
¿Habrán imaginado alguna vez que después de la ominosa experiencia del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad, tramados en las sombras por las grandes ricachones de este país, los gendarmes debían volver al sistema de la desaparición forzosa de personas y quedar como los ejecutores del designio?
¿Que habrá pasado por las mentes del grupo de uniformados que atraparon a Santiago Maldonado cuando ese día, después de la represión, regresaron a sus casas y a sus familias y ya sabían lo indecible?
¿Alguno de ellos se habrá interrogado acerca de las misiones y funciones de la fuerza, aquellas que la definen como guardiana de la frontera terrestre, pero que nada dicen acerca de imponer a sangre y fuego una frontera al conflicto social?
¿Es posible que hasta hoy ninguno de los implicados haya comprendido que el pacto de silencio al que los obligan es, también, una condena de por vida y que el día que este secuestro sea esclarecido esa condena será irrevocable?
¿Tiene sentido ese pacto de silencio cuando los únicos beneficiarios son los verdaderos criminales, los que han dictado las órdenes y se ocultan tras una cortina de humo mediática?
¿Por qué una fuerza de seguridad como la Gendarmería vuelve a ser usada por terceros sin que estos paguen las consecuencias de sus actos?
¿Hasta cuándo se permitirá que la vocación de servicio de quienes están dispuestos a arriesgar la propia vida en aras del bienestar del conjunto de la sociedad sea manipulada criminalmente?
¿Y los familiares de los gendarmes patagónicos qué dirán de los suyos cuando el nombre de Santiago Maldonado les atruena en los oídos?
¿Y los vecinos de los gendarmes que no quieren cruzarse de vereda cuando los enfrentan aunque todo los compele a ello?
¿Y los compañeros de sus hijos en las escuelas, o en los clubes de barrio, o en las iglesias del pueblo, se mantendrán próximos o se alejarán irremisiblemente?
Sólo un acto de dignidad y coraje ciudadano puede librar a los gendarmes implicados de convivir con la pesadilla sistemática y recurrente que supone no darle respuesta a ninguna de esas preguntas.
Sólo un acto de verdadero profesionalismo puede hacer que esos gendarmes abjuren de la obediencia debida en pos de una obediencia ciudadana y democrática.
Sólo un acto de negación y rechazo de la condición impuesta de represores del conflicto social hará que estos gendarmes dejen de ser sospechosos y vuelvan a ser considerados por sus familiares, sus vecinos, sus amigos y buena parte de la sociedad argentina como pares, como semejantes, como iguales.
A casi un mes de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, el gobierno del Estado es absolutamente responsable de ello y, hasta tanto no se demuestre lo contrario, la Gendarmería Nacional en su conjunto cargará en su cuenta con esta imputación.
(*) Secretario de Comunicación de la CTA