El lunes 7 de mayo, 33 familias fueron desalojadas del lugar donde vivían, el “Hotel Sur”, ubicado en Constitución, tras un operativo realizado por la efectivos de la Policía Metropolitana.

El violento operativo se llevó a cabo bajo una orden judicial, pero sin aviso previo y no se respetó el derecho a la defensa de los inquilinos, acusados de una falsa usurpación.

Hoy estas familias se encuentran en la calle sin ropa, alimentos ni dinero y solicitan la atención de funcionarios del Gobierno de la Ciudad para tener una solución.

Por eso, la secretaria gremial de la CTA Ciudad Buenos Aires organiza una campaña para recolectar donaciones. Con el fin de ayudar a las familias, se reciben alimentos no perecederos, ropas, calzados, abrigos, frazadas, colchones, etc, en la sede de la central ubicada en Piedras 1065 de capital.

Por su parte, la abogada de las familias, María Elena Reta,confirmó ante la Agencia Télam que "la gente está desesperada porque los alertaron de que están entrando personas por el techo y tienen miedo que les roben las cosas".

"Quiero hacer hincapié en que se violó el derecho a la legítima defensa, que es un derecho constitucional, si una persona es acusada de algo tiene que poder defenderse y luego la justicia actuará", enfatizó Reta.

Asimismo, destacó que "hubo una violencia desmedida con personas que no estaban ni avisadas que serían desalojadas, y hubo violencia contra los niños".

La abogada insistió en el pedido de nulidad del desalojo pero señaló que "hasta que no se resuelva la apelación a la medida judicial no hay avances en la situación" y volvió a criticar a la jueza que ordenó al desalojo "porque interpretó diferente lo dispuesto por la Fiscalía, que ordenó desalojar una sola habitación, la de la encargada".

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