La compañera Secretaria de Género de nuestra central fue entrevistada por Mariana Carbajal para Página 12 y reclamó la aprobación de una norma para prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito privado y alertó a las compañeras sobre los mecanismos que se pueden seguir actualmente para denunciar esas acciones.
“Debiera haber mecanismos muy estrictos de comportamiento al interior de los lugares de trabajo, con sanciones ejemplares a los acosadores y violentos. La impunidad garantiza la reiteración”, advirtió Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que encabeza Hugo Yasky, sobre la denuncia de acoso sexual de una empleada de Autopistas del Oeste. En una entrevista de Página/12, Díaz detalló los vacíos legales que hoy persisten para prevenir y enfrentar el problema la violencia de género en los lugares de trabajo, reclamó la aprobación de una ley específica que establezca un mecanismo claro para que la víctima sea protegida y detalló los caminos que se pueden seguir actualmente para denunciar.
Desde la Secretaría de Género de la CTA de los Trabajadores están acompañando a Natalia Garrote, a quien la concesionaria Autopistas del Oeste dejó sin trabajo luego de que denunciara acoso sexual en esa empresa (ver nota central). Díaz está conmovida por el daño psíquico que le produjo la situación a la joven, como ocurre en casos similares, en que se ven obligadas a soportar la violencia psicológica y sexual, por temor a perder el empleo.
–¿Cuáles son las herramientas legales que tiene hoy una mujer que vive una situación semejante?
–Son pocas. Un paso se dio con la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres, que contempla la violencia psicológica y sexual en el ámbito laboral. Lamentablemente no contamos con una ley nacional de acoso sexual que alcance al sector privado, que ayudaría mucho. Tenemos sólo normativas para el sector público. Pero la ausencia de ley específica no implica que no se pueda hacer nada: están las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestro orden legal interno. Además de las normas laborales, civiles y en el ámbito penal los delitos contra la integridad sexual, hay muchas herramientas para fundamentar decisiones que hagan justicia en estas situaciones.
–La situación de Natalia Garrote es muy vulnerable dado que era contratada. ¿Son más frecuentes los acosos sexuales en el ámbito laboral en esos casos?
–Las situaciones de violencia y acoso sexual pueden darse en cualquier situación laboral, formal o informal. La diferencia la constituye las herramientas que tenés para defenderte en una u otra situación. La precariedad laboral puede funcionar como un factor que dificulta o retrasa la denuncia, justamente porque el temor es la pérdida del trabajo. También sabemos que si el acosador tiene poder, incluso siendo personal de planta permanente, muchas veces la sanción o estigma corre sobre la víctima y no sobre el responsable. Además, en las relaciones de empleo privado no hay estabilidad en el mismo sentido que en lo público. Se puede despedir sin causa, con consecuencias solo económicas para el empleador.
–¿Se denuncian menos casos que los que suceden en realidad?
–Estimamos que muchos menos. No contamos con estadísticas porque entre otras cuestiones no hay marco legal adecuado, ni un dispositivo que vaya captando los casos. La mayoría se tratan puertas adentro de la empresa. Hay experiencias de atención, como la de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de Nación y otras similares en algunas provincias.
–¿Cómo debería haber actuado la empresa?
–La empresa debería haber iniciado algún procedimiento interno inmediato. Escuchar la denuncia y también a la persona denunciada. Preventivamente separar del lugar a quien fue denunciado, para garantizar el ámbito de trabajo de la víctima y darle las garantías de que será escuchada. Esas son las cosas que debiera prever una ley. No puede ser que el mecanismo de resolución haya sido trasladar a la trabajadora a otro lugar, sin su consentimiento o despedirla o no renovarle el contrato. El sindicato obviamente tendría que representarla, asistirla, acompañarla, asesorarla. Claro que es difícil pensarlo en este caso, que el agresor usa su condición de “jefe del gremio” para ostentar impunidad.
–¿Cuáles son los lugares para denunciar el acoso sexual en el trabajo?
–Antes de formalizar la denuncia, es muy importante obtener asesoramiento para establecer una estrategia. No hay un único lugar, depende de dónde esté la trabajadora. En principio, el sindicato, esté afiliada o no; la Oficina de Asesoramiento en Violencia Laboral que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación; el Consejo Nacional de la Mujer o similares de las provincias. En la línea nacional de violencia 144 se puede pedir orientación. Por eso es importante una ley, porque hay que establecer un procedimiento especial, que no es de Justicia civil ni penal, que tiene que garantizar celeridad e imparcialidad, para determinar lo sucedido y que la trabajadora rápidamente pueda volver a trabajar en condiciones de seguridad. Luego si la gravedad del asunto requiere denuncia penal es otra instancia. Pero lo laboral debe resolverse de manera más rápida.
–¿Qué debería contemplar una legislación sobre acoso sexual en el ámbito laboral?
–Es una falta grave y en todos los casos quien acosa debería ser siempre solidariamente responsable con el empleador a la hora de la reparación económica. Ya hay fallos en ese sentido. Debiera haber mecanismos muy estrictos de comportamiento al interior de los lugares de trabajo, con sanciones ejemplares a los acosadores y violentos. La impunidad garantiza la reiteración. Además, para que ni bien se conoce una situación, se haga todo lo necesario para que cese la violencia. El daño que producen en la psiquis y el cuerpo de la víctima no se repara con una indemnización reforzada, no hay nada que restañe del todo las heridas. Como siempre, más que reparar es necesario prevenir.
–¿Por qué el tema no se discute en el Congreso?
–No está del todo claro. Hubo muchas iniciativas. Incluso se hicieron audiencias públicas en el Senado nacional, hace alrededor de 4 o 5 años. Había alrededor de una decena de iniciativas y se trabajó en el consenso para llegar a una propuesta, que era realmente buena. Lamentablemente no prosperó y perdió estado parlamentario. Sería bueno preguntarle a las y los legisladores sobre esto.