Uruguay tiene una tradición plebiscitaria bien distinta a la Argentina. Buena parte de las temáticas centrales han sido sometidas a la consulta popular en el país vecino. Así es que se logró parar la privatización de recursos esenciales como el agua o la luz. Pero no pudo evitar la impunidad: una mayoría holgada apoyó la ley de caducidad que permitió que los responsables de la última dictadura militar estén libres y sin procesos judiciales en curso. Bien distinto también a lo que ocurre en Argentina. Los sectores conservadores y la derecha, el partido Colorado y Blanco, con el apoyo del ex presidente Tabaré Vázquez también quisieron hacer uso de esta tradición plebliscitaria para impulsar una consulta popular que permitiera derogar la Ley 2012 que legalizó el aborto. No lograron juntar el 25% del padrón necesario para llamar a la consulta popular. Lejos de ello sólo el 8% se acercó este domingo a pedir que se derogue la ley. Los mismos impulsores de esta iniciativa reconocieron que con este fracaso se cerraba una etapa del debate del aborto en Uruguay.
Con muchas dificultades el año pasado fue sancionada la ley de despenalización del aborto, que permite a las mujeres recurrir a los servicios de salud pública o las obras sociales hasta las 12 semanas de gestación para realizar la interrupción del embarazo. La norma tuvo muchas negociaciones en el camino, lo que obligó a producir modificaciones en proyecto original. Para lograr la sanción fue necesario introducirle requisitos que pongan cierta condicionalidad al sólo pedido voluntario de la mujer. Estos cambios generaron muchas críticas en las feministas uruguayas, que históricamente lucharon por el derecho al aborto. Pero como el miedo no es zonzo, según el saber popular, la embestida contra la nueva ley hizo que todas las fuerzas sociales y populares se unieran para rechazar el llamado a revisar el nuevo marco legal. El exitoso resultado está a la vista y lo festejamos junto a nuestras hermanas y hermanos de Uruguay.
Aprovechamos para recordar que desde el año 2010 se impulsa desde el sistema de salud de Uruguay un programa de reducción de riesgo y daño, conocido como las consejerías pre y post aborto sobre el uso de misoprostol o aborto medicamentoso, que ha contribuido para la eliminación de las muertes por aborto. Una política sanitaria que fue posible implementar sin el cambio de ley, pero por un compromiso decidido con la vida y la salud de las mujeres, desde el sector salud y la participación activa de un dinámico movimiento social por el derecho a decidir.
Un paso muy importante del país vecino que saludamos y esperamos contribuya, trayendo un poco de aire oriental, que nos de aliento para reactivar este debate por nuestras costas.
Estela Díaz es la secretaria de Género de la CTA.