POR LA TIERRA Y EL AGUA

CTA Comunica — 2026-07-22T15:47:06Z

En la sede de la CTA-A, se realizó una reunión plenaria de las CTAs y los movimientos sociales, comunitarios y territoriales, para seguir construyendo ideas y acciones frente a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Privatización de AySA, que afectan nuestra soberanía nacional.

La llamada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, y será tratada el 6 de agosto en el Senado, es una normativa tendiente a propiciar la extranjerización de la tierra a través de la venta a grupos foráneos o extranjeros.

Mientras que el DNU 493/2025 establece un nuevo Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales dentro del área de prestación de la empresa AySA S.A., afectando las condiciones de acceso al agua potable y el saneamiento cloacal de 15 millones de personas. Introduce una lógica mercantil por sobre la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entiende el agua como un derecho humano esencial.

Para rechazar estas políticas se hará una movilización y acciones de visibilización antes del tratamiento, el 6 de agosto, de la Ley de extranjerización de tierras en el Senado.

"Las tres centrales y diversos movimientos sociales venimos impulsando un plan de acción para rechazar en su totalidad toda esta política económica, social y de entrega colonial que está llevando adelante este gobierno de Milei", detalló el secretario general de la CTA-A, Hugo "Cachorro" Godoy, y se refirió a la participación en la marcha de lxs jubiladxs este miércoles 22 de julio, junto a la CTA-T, la CGT y la UTEP, donde además se acompañará desde la mañana a los movimientos sociales en los cortes en los accesos a la Ciudad, para reclamar la devolución de 950.000 prestaciones del programa Volver Al Trabajo.

Se trata del lanzamiento de un plan de lucha, que también incluirá una marcha federal por la Educación Pública y las Universidades para el 3 de agosto y la Marcha de San Cayetano, el 7.

"Logramos reconstituir la unidad de las tres centrales y definir un plan de acción, que además incluirá una marcha al Ministerio de Economía el 22 de agosto para reclamar por el endeudamiento familiar con tarjetas de crédito y con billeteras virtuales" para acceder a alimentos, explicó a su vez Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T y diputado nacional.

También anunció que habrá el 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, una marcha con las pymes, por el desmantelamiento del sistema productivo, por parte del gobierno de LLA, y el cierre de 26.448 empresas empleadoras, de las cuales aproximadamente el 98% son pequeñas y medianas empresas.

Se contó con la participación del jefe de bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Por la CTA-T estuvieron presentes Eduardo Pereyra, secretario de Organización; Francisco "Tito" Nenna, miembro de la Mesa Nacional; Juan Vitta, secretario de Economía Social y referente del Frente Barrial; Martín Fioretti, secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA; Emanuel Ríos, subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de SUTEBA, entre otrxs compañerxs.

Por la CTA-A estuvo presente Néstor Roja, referente nacional de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) y vocal titular de la Mesa Ejecutiva Nacional; Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades, entre otrxs compañerxs. También estuvo presente Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Asamblea Barrial de Beccar en Espacio Intercuencas; María José Lubertino, Doctora en Derecho, Especialista en Derecho Ambiental, Profesora Titular UBA y Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos; y Nina Brugo, abogada y referenta feminista.

NUEVO INTENTO DE DESPOJO TERRITORIAL CONTRA UNA COMUNIDAD INDÍGENA EN SALTA

CTA Comunica — 2026-07-22T15:45:52Z

La Legislatura provincial aprobó en su última sesión un proyecto en forma exprés por el que se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a ceder nueve hectáreas de tierras de la comunidad indígena Lule Finca Las Costas en favor de Tigres Rugby Club, desconociendo derechos territoriales previamente reconocidos por el propio Estado argentino.

La consecuencia de este acto injustificado sería el desalojo de 18 familias que viven del cultivo y el pastoreo de animales. Contraviniendo las normas establecidas, este proyecto se aprobó sin la consulta libre, previa e informada a los legítimos representantes de las comunidades, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que a través de la Ley 24.071 ha sido incorporado con rango constitucional a la normativa de nuestro país.

Este acto también es violatorio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de nuestra propia Constitución Nacional, ya que este territorio fue reconocido a la comunidad previamente citada, al llevarse adelante el relevamiento territorial efectuado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en cumplimiento de la Ley 26.160.

Este nuevo intento de despojo no constituye un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de creciente avance sobre los derechos territoriales de los pueblos originarios, favoreciendo intereses privados por encima de derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Debe señalarse que esta situación tenderá a agravarse aún más si fuera aprobado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional y que, en realidad, se trata de una normativa tendiente a propiciar la extranjerización de la tierra a través de la venta a grupos foráneos o extranjeros.

La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina denuncia que, de ser promulgado, esto constituiría un despojo contra todo el derecho indígena vigente y consagrado en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional.

Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

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NUEVO INTENTO DE DESPOJO TERRITORIAL CONTRA UNA COMUNIDAD INDÍGENA EN SALTA