Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

LAS CTA DENUNCIARON EL AVANCE DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

CTA Comunica — 2025-10-01T16:13:10Z

En el auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ambas CTA participaron de una audiencia pública donde dirigentes procesadxs, denunciaron la represión de Javier Milei y de Patricia Bullrich y la persecución a lxs luchadorxs populares.

Con la conducción de Mariano Denegris, integrante del equipo de Comunicación de la CTA-T, y de Joana Giménez, secretaria de Juventudes de la CTA-A, se presentó el informe “500 días de Milei. Asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la Nación”, realizado por Monitor de Repuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky, explicó que esta reunión debía ser convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: “Pero es una Comisión que está prácticamente obturada y no se ha podido, a pesar de todos los proyectos que hemos presentado, lograr que nunca se discuta algo que tenga que ver con denuncias de las represiones”, señaló.

Y agregó: “Este es un tema que marcó desde el inicio del gobierno de Javier Milei una permanente presencia y práctica represiva que se inició en la primer marcha que se realizó y provocó que tuviéramos heridos, que fuéramos acusados de terrorismo, y comenzó a utilizarse un lenguaje vinculado a la jerga que se utilizaba en la época de la dictadura cívico militar. Esta actividad tiene como objetivo no solamente denunciar sino construir anticuerpos, acciones, presencia política en la sociedad y en torno a un debate que se quiso naturalizar y al principio parecía contar con cierta anuencia en la sociedad, pero que hoy es claramente condenado por la mayoría de nuestro pueblo este accionar represivo. Agradecer a quienes van a dar testimonio porque ellos van a reflejar las consecuencias de las represalias frente a una demanda social, una demanda social legítima”.

A su lado, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, remarcó: “A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”.

“Esta política represiva no se limita al ámbito nacional. Se replica en distintas provincias a través de la llamada ‘ley anti mafias', que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares”, dijo Godoy y afirmó: “A esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA-T, Matías Zalduendo, agradeció “el trabajo de los compañeros de la CTA Autónoma, desde el Monitor, el librito de los 500 días de Milei, que clarifica respecto a números el contexto represivo de lo que estamos viviendo”.

“Recordar que la presidenta de la Comisión de DDHH es de LLA, y en el mismo Congreso varios diputados y diputadas de LLA visitaron varios genocidas presos, utilizando recursos del mismo Congreso y claramente con todo el contexto social que estamos viviendo, esquivan los temas importantes que se están produciendo a lo largo y ancho del país”, repudió.

También se refirió al valioso trabajo del Mapa de la Policía: “Enmarca muy bien lo que sucedió en los primeros días de la asunción de Milei, que es el protocolo antipiquete, que se dio en el marco de la discusión de la Ley Bases y la Ley Ómnibus, porque este modelo no cierra si no es con represión. Un modelo de ajuste, de ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no puede cerrar sino es en un marco de represión”.

“Tenemos que pensar que los diputados y diputadas de Fuerza Patria deben saber que el uso de las nuevas armas, como la pistola lanza gases, pero también el discurso del gas pimienta amarillo es un arma que ha generado heridas menores, pero heridas al fin, en muchos de los militantes, que se utilizan todos los miércoles, cuando los jubilados y jubiladas se movilizan. No solamente para denunciar el uso sino también el tipo de armas que están utilizando que pone en riesgo la vida de las compañeras y compañeros”, alertó.

“En el libro también se plantea entender lo que sucede con el uso de la línea 134, que en su momento buscó criminalizar a los dirigentes sociales, sino también tuvo una connotación muy fuerte la campaña que hizo Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza: el que corta no cobra. Su objetivo fue impedir que los compañeros se movilicen para reclamar por aumento de los distintos planes que conseguían”, detalló Zalduendo, y agregó: “La cantidad de 24 allanamientos a distintas organizaciones con el fin de generar miedo para impedir la movilización de trabajadores y trabajadoras del campo popular. Una situación que es difícil de cuantificar, no solamente contar lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero que pasa también cruzando la General Paz, en algunos barrios, como lo que sucede en el Mugica, o en el 21-24, donde las fuerzas de seguridad están sin bozal, que es la doctrina Bullrrich. Ahí, los alumnos de nuestras escuelas, nos cuentan es la realidad que están viviendo. Que es lo que también cuentan los compañeros del Mapa de la policía, que ante el intento de procesar a un joven, se da el uso desmedido de la fuerza. Lo que sucede con los pibes que están detenidos en las comisarías, las humillaciones que sufren. La única posibilidad de terminar con esto es seguir construyendo organización”.

Y enumeró. “La situación que se produjo con Fernando Martín Gómez, que sucedió el 18 de diciembre, que generó su asesinato, donde hay cinco gendarmes imputados, en una situación poco clara, realmente es un hecho aberrante que muestra la responsabilidad de quienes llevan adelante la represión, sino hay que seguir el hilo de las órdenes, que es lo mismo que sucedió estando Patricia Bullrrich al frente del Ministerio, durante el gobierno de Mauricio Macri con la doctrina Chocobar que significa regirnos por ‘la Ley de la selva' y que sobreviva el más apto. La cantidad de detenciones que hubo: 277 en el marco de 32 protestas; 48 durante desalojos y allanamientos; 43 como resultado de otras situaciones y podríamos seguir con las que hubo y no se pueden cuantificar”.

Por último, señaló: “En la CTA de lxs Trabajadorxs, estamos convencidos que este es el camino de la unidad que estamos construyendo: acompañar a lxs trabajadorxs que están siendo víctimas de estas políticas, la solidaridad de clase, seguir movilizándonos todos los miércoles con nuestros compañeros jubilados, seguir acompañando la protesta social, seguir defendiendo a las personas con discapacidad, la universidad pública, la salud y la educación, seguir organizándonos en unidad para lograr construir la posibilidad de terminar con este proceso que estamos viviendo y construir una nueva forma de pensar y en el 2027 una nueva mayoría para vivir en el país que todos queremos”.

Jimena Frankel, coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, se refirió al informe sobre las represiones durante el gobierno de Javier Milei. “En 20 meses de gobierno de Milei, se dan cuenta de al menos 88 represiones con 2534 personas heridas”.

Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos. También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva. “Las fuerzas de seguridad incumplen normativas internacionales de manejo de los instrumentos de represión que terminan en situaciones de gravedad”, explicó Frankel.

De la actividad participaron dirigentes de la CTA que están siendo criminalizados por participar de acciones políticas y protestas sociales: Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, secretario general adjunto de la CTA Autónoma de Misiones; Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, y Hugo Aranea, secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Río Negro. También estuvieron presentes Daniela Calarco Arredondo, activista ambiental y por las disidencias sexuales, responsable nacional de la organización del Movimiento Teresa Rodríguez “Votemos luchar”, acusada de terrorista y detenida por movilizar contra la Ley Bases el 12 de junio, en una causa que ya fue elevada a juicio, y Matías Castro, integrante de FM LA TRIBU y del Mapa de la Policía.

Federico Giuliani, agregó: “La criminalización de los luchadores ataca aún más esta democracia que es de muy baja intensidad, y busca desincentivar la participación. Hoy las provincias son feudos que funcionan con regímenes autoritarios, y si bien todos denunciamos al gobierno de Milei, también hay fascismos de distintos colores en las provincias. El cordobesismo que está instando proyectarse nacionalmente a través de Schiaretti, es un peronismo sin el punto más importante de la doctrina: la justicia social. El interés es amedrentar a nuestra militancia y frenar la actividad de nuestras organizaciones”.

Daniela Calarco Arredondo, contó: “Fui detenida ese 12 de junio junto a otras 32 personas. Salvo algunas excepciones, ninguno nos conocíamos entre nosotres. Sin embargo, para la Vicepresidenta (Victoria Villarruel), para Patricia Bullrich, fue el discurso que se bajó desde el gobierno, 33 personas que no nos conocíamos entre nosotres teníamos la capacidad de intentar organizar un golpe de Estado. La causa que se nos puso desde el primer momento fue de terrorismo, de intentar detener el correcto funcionamiento de la Cámara Alta y por ende de la democracia”.

“Nos tiraron básicamente con todo el Código Penal en la cabeza y lo que quedaba, quedaba. No pudieron sostener nada de todo eso, obviamente. De hecho, muchxs de lxs compañerxs que fueron detenidxs conmigo hoy ya están sobreseídos por falta de mérito, algunos quedamos en la causa con algunos delitos menores que abismalmente lejos están de esa causa de terrorismo que intentaron poner durante semanas en los medios”, manifestó Arredondo.

“En nombre de la CTA-A quiero reafirmar todo el respaldo y los refuerzos para combatir la criminalización de la protesta social en Argentina en todo el país”, sintetizó Oscar “Colo” De Isasi, secretario general de la CTA provincia de Buenos Aires, en el cierre del encuentro.

Estuvieron presentes también el secretario general de la CTA-T provincia de Buenos Aires, titular del SUTEBA y adjunto de CTERA, Roberto Baradel; lxs diputadxs Sergio Palazzo (UxP) y Mercedes De Mendieta (FIT-U); Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Nina Brugo, abogada laboralista, fundadora de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Carlos Monestes, secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad; Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la educación (UTE); Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA-A; Víctor de Gennaro, dirigente gremial y social, uno de los fundadores de la CTA; Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidad de la CTA-A, entre otrxs compañerxs.

Las CTA volverán a marchar con los jubilados el miércoles próximo y exigen la renuncia de Bullrich

CTA Comunica — 2025-03-13T22:29:24Z

Ambas CTA junto a representantes de la mesa de organismos de DDHH, diputados y diputadas del bloque de UxP, referentes de las distintas organizaciones que nuclean al Movimiento de Jubiladxs y de movimientos sociales y Curas en Opción por los Pobres anunciaron que el próximo miércoles movilizarán nuevamente, en todo el país, junto a lxs jubiladxs y pensionadxs y demandaron la renuncia de la Ministra de Seguridad de Milei. También señalaron que harán una denuncia frente a la OIT, que el Presidente debe ser juzgado por la criptoestafa y subrayaron la necesidad de seguir construyendo unidad para alumbrar tiempos de esperanza para nuestro pueblo.

En un patio interno colmado de compañeros y compañeras, el titular de CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky comenzó su intervención solidarizándose con Pablo Grillo, el reportero gráfico y afilado del SiPreBA, gravemente herido en su cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno arrojado por un policía durante la brutal represión a lxs jubiladxs en el Congreso. “Ha sido intervenido quirúrgicamente. Su familia nos ha pedido, su padre, su hermano, que también es un compañero afiliado a ATE, en Enacom, que traslademos la gratitud de la familia, ante la inmensa cantidad de muestras de solidaridad recibidas, que ha hecho que se colapsara el sistema de recepción de sangre en el Hospital Ramos Mejía”, detalló Yasky quien contó a su vez que el día anterior habían participado de la conferencia de prensa de SiPreBA, en la puerta del Congreso, para pedir garantías “para los jubilados y también para los trabajadores de prensa que iban a tener que cubrir esa marcha”.

También se refirió a la gran cantidad de muestras de solidaridad recibidas por parte del movimiento obrero y del sindicalismo internacional. “La CGT de Portugal, desde Galicia, la Confederación Intersindical Internacional de España, la Federación belga de Trabajadores, las CCOO (Comisiones Obreras) de España, la CUT de Brasil, la Federación Sindical Internacional, que nuclea a todas las centrales sindicales del mundo y la Federación Sindical de las Américas, que nuclea todas las centrales del continente americano, han expresado su apoyo a los trabajadores y a lxs jubiladxs, y todas se han expedido expresando el repudio al accionar represivo del gobierno de Milei y de la ministra Bullrich”.

Frente a la mesa de la conferencia estaban desplegadas distintas fotografías que daban cuenta de la represión sufrida por lxs jubiladxs, lxs trabajadorxs, e indiscriminadamente por cualquiera que pasara por algún lugar aledaño a la Plaza. Yasky mencionó la gran cantidad de compañerxs detenidxs. La mayoría de ellxs recobraron la libertad como Daniel Catalano y otros miembros de la conducción de ATE. “Han sido detenidxs niñxs, menores de edad, muestra de la brutalidad de la represión. Una represión que, tal como lo ha dicho hoy mismo la ministra Bullrich, se desató para impedir que la movilización pudiera adquirir la dimensión multitudinaria que todos sabíamos que iba a tener”. Y celebró el fallo de la jueza Karina Andrade, fundado en el legítimo derecho a reclamar.

Por otro lado, Yasky señaló la debilidad del Estado de Derecho, en un contexto de un gobierno acusado de una criptoestafa y con un Congreso que quiere votar una Comisión para investigar o habilitar el juicio político,y las dificultades que impone el oficialismo, quien junto con macrismo trata de impedir su concreción. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión, “faltaban votar dos temas fundamentales. Uno de ellos, la imposibilidad de emplazar al Congreso para que tratara el tema de la moratoria que tiene fecha de vencimiento el 19 de marzo, y el otro, ni más ni menos, la posibilidad de votar contra la vigencia del DNU 7023”, detalló y reclamó que el acuerdo con el FMI sea impuesto con un DNU cuando debería tratarlo el Congreso.

“Nuestro pueblo no va a entregar las banderas de los Derechos Humanos, ni de la Justicia Social, ni de la justicia con lxs jubiladxs, y creo que lo que nosotrxs vimos ayer es el escenario de un pueblo que no se arrodilla y no agacha la cabeza. Al contrario, ante lxs jubiladxs agredidxs como sucedió la semana anterior, hubo una reacción que multiplicó la presencia. Y la primera decisión que queremos transmitir hoy es que el próximo miércoles vamos a volver a estar con lxs jubiladxs, y que las dos CTA, junto con todas las organizaciones que forman parte de esta construcción, exigimos la renuncia de la ministra Bullrich de inmediato”, subrayó Yasky para concluir y agregó que “el 24 de Marzo vamos a tratar de construir una convocatoria unitaria, con los compañeros y compañeras de los organismos” y que “las dos CTA ratificamos el mandato hacia un paro nacional. La clase trabajadora se tiene que expresar en unidad. Y hay que construir un paro nacional”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de CTA-A, convocó a movilizarse al Congreso cuando se trate el DNU y en rechazo del acuerdo con el FMI, “que para nosotros es una nueva estafa”, definió y agregó: “Vamos a seguir ampliando la convocatoria, para que cuando se trate este DNU en el Congreso de la Nación, nos convoquemos a una gran jornada nacional de lucha, con diversas medidas de fuerza en todo el país, y particularmente en el Congreso, para exigir que se rechace ese DNU, y cualquier tipo de acuerdo con el FMI, que desde siempre ha sido el instrumento principal para arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.

Para concluir, anunció: “Estamos presentando una denuncia a la OIT, en el día de hoy, para que cuando se reúna la Asamblea de la OIT en el mes de junio sean tratadas todas las denuncias que demuestran la brutalidad y la inconstitucionalidad del gobierno de Milei”.

REPUDIAMOS LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

CTA Comunica [ER] — 2025-02-12T23:46:47Z

Durante la jornada de ayer, martes 11 de febrero, sin mostrar orden de allanamiento y bajo la responsabilidad del juez penal de Esquel, Jorge Criado, y del fiscal Carlos Cavallo, se dispuso la invasión violenta y simultánea de varias comunidades Mapuche y de la radio comunitaria Petu Mogeleiñ de El Maitén.

Casi un centenar de efectivos pertenecientes a distintas fuerzas que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Grupo Halcón y GEO), y que hoy conforman el comando unificado, entraron por la fuerza y con una violencia desmedida en múltiples lugares de la cordillera de Chubut, donde allanaron a comunidades mapuche-tehuelche y viviendas de vecinos. En esta circunstancia, fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez, acusada de una presunta participación en el incendio ocurrido el 18 de enero en la Estancia Amancay, ocultando las verdaderas razones de quienes provocan estos hechos con fines extractivistas y persiguiendo negocios inmobiliarios.

Repudiamos enérgicamente los hechos ocurridos en la jornada de ayer, así como la campaña de estigmatización y persecución por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales hacia el pueblo Mapuche, que defiende los bienes comunes, sus territorios, y que hoy está trabajando para detener el fuego y salvaguardar la filosofía del buen vivir.

Frente a estos hechos, exigimos el respeto de los territorios pertenecientes a las comunidades y de los derechos adquiridos, tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales y en organismos como la OIT en el Convenio 169.

SOLIDARIDAD CON OSCAR LABORDE ANTE UN ATAQUE DEL GOBIERNO

CTA Comunica — 2024-12-27T19:22:07Z

En un nuevo acto de desmesura y hostigamiento a referentes opositores, la ministra Bullrich denunció por traición a la patria al exembajador en Venezuela, Oscar Laborde. Este burdo ataque fue la reacción ante un gesto humanitario del mencionado exfuncionario, consistente en mediar para que una carta familiar llegara a manos del gendarme detenido en Venezuela.

Ante la gravedad que entraña esa denuncia y los ataques que desde el gobierno se sincronizan en medios adictos al régimen libertario y en redes sociales, expresamos nuestra solidaridad con el compañero Oscar Laborde, quien se desempeña como coordinador en IDEAL, el Instituto de Estudios de América Latina, que funciona dentro del área de la Secretaría Internacional de nuestra Central.

Asimismo, rechazamos la sistematización de esta práctica, basada en la difamación y el armado de denuncias absolutamente infundadas, sin otro objeto que estigmatizar a toda aquella persona que resulte molesta para el gobierno.

SOLIDARIDAD CON OSCAR LABORDE ANTE UN ATAQUE DEL GOBIERNO

Grupo comando de Bullrich para reprimir a las víctimas del ajuste

CTA Comunica — 2024-09-06T22:11:48Z

Nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestro enérgico repudio a la reciente creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, un cuerpo que, bajo la fachada de protección de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, busca reprimir bloqueos y protestas sindicales.

El comando creado por Patricia Bullrich constituye una amenaza directa a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que decidan enfrentar el empobrecimiento al que los somete la política económica de Milei. En tal sentido, revive prácticas autoritarias propias de la última dictadura militar, cuando la actividad sindical era reprimida fuera y también dentro de los mismos espacios laborales.

Esta fuerza especial atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la huelga y las garantías necesarias para la labor sindical. Al crear un cuerpo represivo contra los reclamos legítimos de los trabajadores, el gobierno vulnera los derechos fundamentales de libertad sindical y el derecho de huelga, establecidos en nuestra Carta Magna.

Ambas centrales presentaremos de inmediato una denuncia formal contra el gobierno argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solicitaremos la gestión de la Confederación Sindical Internacional ante las autoridades nacionales. No permitiremos que se impongan medidas represivas que buscan amedrentar y silenciar las voces de los trabajadores en el contexto de la crisis económica más profunda que ha vivido nuestro país.

Hugo Godoy
Secretario General CTA-A

Hugo Yasky
Secretario General CTA-T

Sind. Prensa de Rosario - Los golpes de Milei sobre el derecho a la comunicación

CTA Comunica [ER] — 2024-05-03T15:28:09Z

En este 3 de Mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, es necesario decir que este derecho incorporado a nuestra Constitución es atacado por el presidente de la Nación, Javier Milei, desde que llegó al gobierno. Nos referimos a las permanentes embestidas contra periodistas y medios, bien para descargar su molestia o disgusto con alguna línea editorial, por la incomodidad que le genera alguna opinión o directamente para anular las diferencias con su mirada autoritaria.

En este 3 de Mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, es necesario decir que este derecho incorporado a nuestra Constitución es atacado por el presidente de la Nación, Javier Milei, desde que llegó al gobierno. Nos referimos a las permanentes embestidas contra periodistas y medios, bien para descargar su molestia o disgusto con alguna línea editorial, por la incomodidad que le genera alguna opinión o directamente para anular las diferencias con su mirada autoritaria. De ahí que Milei se mueve con exclusividad en un segmento de la comunicación en el que todo está preparado para escucharlo y hacer silencio, sin repreguntas que puedan disparar su ira.

En ese mundo del primer mandatario no cabe el respeto por el pensamiento plural, pierde sentido el resguardo al derecho a la comunicación en su faceta individual y social. Las descalificaciones y la generalización de imputaciones son monedas cotidianas. Tanto es así que las quejas han surgido también de organizaciones empresariales, como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas. Y no podemos olvidar la agresión física, los disparos con balas de goma ordenados por Patricia Bullrich el pasado 31 de enero contra trabajadorxs de prensa .

Milei se ocupa a diario de expresar o replicar discursos violentos en un sistema de medios que su gestión ya modificó: retiró la pauta oficial -mecanismo que afecta de forma directa a la pluralidad de voces-, cerró la agencia Télam -de la que se nutrían todos los medios del país-, e intervino los medios públicos sobre los que también prometió su desaparición. De hecho, Radio y Televisión Argentina quedó entre las empresas a privatizar en el texto de la Ley Bases aprobado en Diputadxs.

En esta fecha no hay motivos para celebrar. Desde el SPR tenemos la convicción y la responsabilidad de continuar trabajando por uno de los pilares que hacen a la democracia y de la que lxs periodistas no somos lxs únicxs usuarixs. La libertad de expresión corresponde a toda la sociedad, defenderla es tarea colectiva.

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

CTA Comunica [ER] — 2024-01-15T18:45:00Z

Desde la CTA-T rechazamos la intimación enviada por el Ministerio de Seguridad, que carece de cualquier sustento legal, y que pretende disfrazar bajo la excusa de un “pago solidario” lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y que pretende vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta.

Es falso que esta Central haya incurrido en situaciones delictivas como se señala en las Cartas Documento enviadas, y que utilizan como excusa para justificar “gastos operativos” durante la concentración del día 27 de diciembre en Plaza Lavalle, un evento que se trató ni mas, ni menos, del ejercicio pacífico de derechos constitucionales llevados a cabo por parte de la población.

Recordamos a la señora Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que conforme a la Constitución Nacional, los habitantes de la Nación Argentina, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga.

Llamamos a la reflexión al gobierno de Javier Milei para que cese en su conducta discriminatoria y anti sindical hacia la CTA y el resto de las organizaciones sindicales y por consiguiente, hacia los trabajadores y trabajadoras que cada una de ellas representan, un hecho que se hace visible a través de medidas persecutorias absurdas como las cartas documento que fueron enviadas a todas ellas.

Enrique Rositto, Secretario de Comunicación
Hugo Yasky, Secretario General

Internacional de la Educación - Denuncia acciones regresivas del Gobierno

Internacional de la Educación para América Latina — 2023-12-21T21:37:45Z

El Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina (IEAL) deplora la decisión del Gobierno de la República Argentina, el cual a través del Ministerio de Seguridad emite la resolución 943/2023 con el objetivo de restringir el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades de gobierno.

La Internacional de la Educación de América Latina deplora que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce en la resolución mencionada elementos peligrosos y violatorios del Estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de inteligencia sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles o políticas que organicen las protestas.

La Internacional de la Educación de América Latina deplora que el Gobierno del Presidente Milei inicie su gestión de gobierno definiendo una estrategia represiva y de contención de las organizaciones sociales y sindicales para viabilizar las políticas de ajuste económico, violando derechos sindicales y sociales establecidos y reconocidos en convenios nacionales e internacionales.

En tal sentido, el Gobierno del Presidente Milei y su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich violan la Constitución de la República Argentina y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Internacional de la Educación de América Latina rechaza de manera vehemente la política represiva del gobierno del Presidente Milei y asegura que estará vigilante de los actos represivos por parte de dicho gobierno. La Internacional de la Educación vigilará en particular por las consecuencias de todo acto represivo que ejecute el gobierno de Argentina en contra de la dirigencia sindical.

La Internacional de la Educación solicita de manera vehemente al Gobierno de Argentina la derogatoria inmediata de la Resolución 943/2023 y reafirma que denunciará las acciones represivas que promueva dicho gobierno contra las organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Atentamente,

Fátima Silva
CNTE - Brasil
Vicepresidenta del Comité Regional
Internacional de la Educación
América Latina.

Roberto Leão
CNTE - Brasil
Vicepresidente Mundial
Internacional de la Educación.

Heleno Araújo
CNTE – Brasil
Internacional de la Educación de América Latina.

José Olivera
FENAPES - Uruguay
Integrante Comité Regional
Internacional de la Educación de América Latina.

Elbia Pereira
FUM-TEP - Uruguay
Integrante Comité Regional
Internacional de la Educación de América Latina.

Paola Giménez
OTEP - A - Paraguay
Integrante Comité Regional
Internacional de la Educación de América Latina.

Hamer Villena
SUTEP - Perú
Integrante Comité Regional
Internacional de la Educación de América Latina.

Israel Montano
ANDES 21 de JUNIO - El Salvador
Integrante Comité Regional
Internacional de la Educación de América Latina.

Carmen Brenes
ANDE - Costa Rica
Vicepresidenta del Comité Regional
Internacional de la Educación
América Latina.

Roberto Trochez
COLPROSUMAH - Honduras
Integrante Comité Ejecutivo Mundial
por América Latina.

CSI-CSA: rechazo a resolución del gobierno que criminaliza la protesta social y el derecho a la libre expresión

CSI y CSA (*) — 2023-12-15T18:41:45Z

La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condenan de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina.

Esta medida, bajo el pretexto de establecer un "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales.

Es particularmente alarmante que esta resolución prescinda de garantías judiciales posibilitando la identificación de los/as manifestantes, introduciendo una burda discriminación por razones de nacionalidad, creando un registro de organizaciones participantes de movilizaciones y abriendo el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir "los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".

Más aún, este paso autoritario se da en medio de un contexto económico tenso, donde el gobierno implementa un brutal ajuste fiscal que sin lugar a duda traerá consecuencias sociales devastadoras.

Resulta evidente que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar el impedimento al tránsito", el gobierno argentino la verdad busca suprimir las legitimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas. La CSI y la CSA denuncian firmemente estas acciones como un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales.

Exhortamos al gobierno argentino a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras. Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina.

Esta resolución no solo es un ataque directo a las libertades fundamentales, sino también un intento descarado de silenciar la voz del pueblo argentino en un momento crucial para el país. La CSI y la CSA instan al gobierno a rectificar su curso y a comprometerse verdaderamente con la protección de los derechos democráticos y sociales en Argentina. Finalmente expresamos nuestra solidaridad y total apoyo al movimiento sindical y social del país y en especial a nuestras centrales afiliadas CGT, CTA-T y CTA-A.

Bullrich: Odio y amenazas como campaña

CTA Comunica — 2023-09-21T23:39:05Z

Desde la CTA de las Trabajadoras y los Trabajadores, vemos con profunda preocupación como algunos candidatos a la presidencia apelan sistemáticamente en sus videos de campaña, al discurso de odio y la estigmatización de referentes y representantes de los trabajadores. Somos conscientes de que estas prácticas discursivas, además de constituir un hecho violento en sí mismo, generan las condiciones para llevar adelante posibles actos de violencia física que llegaron hasta el extremo de atentar contra la vida de dirigentes, como en el caso de intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Es peligroso y lesivo para nuestra democracia que cumple 40 años, que se haga campaña, como lo hace la candidata Patricia Bullrich, demonizando y amenazando con perseguir, entre otros dirigentes electos por sus representados para defender sus derechos, a nuestro compañero, secretario general de SUTEBA y CTA-Buenos Aires, Roberto Baradel.

Más aún cuando esa campaña violenta proviene de una fuerza política que cuando fue gobierno organizó en connivencia con sectores del poder judicial y de organismos de inteligencia la persecución y el armado de causas contra representantes sindicales en lo que se conoció por los dichos del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, como la “Gestapo sindical”.

Reafirmamos que la defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores en general y de los docentes en particular es atributo del sistema democrático y algo necesario para asegurar las políticas públicas que garantizan entre otros el derecho social a la educación. Es precisamente por eso que los sectores que representan a los más poderosos grupos económicos dirigen sus ataques contra quienes fueron elegidos por sus pares para defender esos derechos.

Las organizaciones de los trabajadores son un pilar fundamental para que no se avasallen no solamente los derechos laborales de los docentes sino también contra el avance de las políticas de vaciamiento y privatización de la educación.

Enrique Rositto
Secretario de Comunicación

Hugo Yasky
Secretario General