Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

Energía y Federalismo - El aporte de la represa a la provincia.

CTA Comunica [ER] — 2026-03-05T16:55:06Z

La represa hidroeléctrica de Salto Grande no es únicamente una infraestructura energética relevante dentro del sistema nacional. Es, ante todo, un activo estratégico para Entre Ríos y una pieza central en el debate sobre federalismo fiscal y distribución de recursos.

Según datos generados por nuestro CISPER, en 2025 el complejo generó 4.180 GWh, lo que representó el 2,9% de la energía total del país y el 13,9% de la generación hidroeléctrica nacional. Estos números confirman su peso específico dentro de la matriz energética argentina.

Sin embargo, el impacto de Salto Grande para la provincia no se limita a la generación. La central cumple un rol técnico clave en la regulación de frecuencia del sistema interconectado y opera una infraestructura de transporte en extra alta tensión que la posiciona como un nodo estratégico dentro del entramado energético nacional.

Desde la perspectiva fiscal provincial, el eje central está en la remuneración, los excedentes y las regalías.

El esquema vigente establece que la central percibe el 100% del concepto de potencia, pero sólo el 50% del concepto de energía. Con el restante 50% y otros ingresos asociados se cubren obligaciones como indemnizaciones, pagos a CAMMESA y regalías. Sólo si existe un remanente se generan los denominados excedentes.

En este contexto, la actualización diferencial otorgada en 2025 —que permitió una recomposición cercana al 27,85% frente a una inflación interanual del 31,5%— resultó determinante para sostener la capacidad de generación de recursos. Esa decisión tuvo un efecto concreto en la provincia: fortaleció la posibilidad de que se produzcan excedentes y, por lo tanto, mayores transferencias.

Con ese marco, de la remuneración de la Central en 2025, un 77% se asignó como ingresos de la Central, un 9% se utilizó para cubrir gastos (CAMMESA, EBISA, ENRE, ribereños y regalías) y el 14% fueron excedentes.

Los conceptos con los que se beneficia directamente la provincia son por un lado las regalías y por otro lado los excedentes. Las regalías hidroeléctricas son los recursos que perciben las provincias donde se encuentran emplazadas centrales hidroeléctricas como compensación por el aprovechamiento de sus recursos naturales. El artículo 43 de la Ley 15.336 establece que dichas provincias deben recibir mensualmente el 12% del importe que resulte de aplicar la tarifa de venta en bloque a la energía efectivamente comercializada hacia los centros de consumo. En otras palabras, se trata de una participación directa sobre la energía vendida, que funciona como contraprestación económica por la utilización del recurso hídrico provincial para la generación eléctrica.

Los excedentes, por su parte son los fondos económicos resultantes de la diferencia positiva entre los ingresos por la venta de energía eléctrica generada y los costos operativos de la Central Hidroeléctrica. Estos recursos financieros se distribuyen principalmente entre las provincias argentinas de Entre Ríos (67,5%), Corrientes (27,5%) y Misiones (5%), destinados a financiar obras de infraestructura y desarrollo.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe del CISPER, entre 2024, 2025 y el estimado de 2026, Salto Grande habrá aportado aproximadamente 45 millones de dólares en concepto de excedentes y regalías a Entre Ríos. En el actual escenario fiscal, se trata de un flujo significativo que contribuye a fortalecer las arcas provinciales y ampliar márgenes de gestión.

Desde una mirada política más amplia, Salto Grande vuelve a poner sobre la mesa el debate federal. La energía producida en territorio entrerriano abastece al conjunto del país; garantizar que esa generación se traduzca en recursos adecuados y previsibles para la provincia forma parte de una discusión estructural sobre equilibrio territorial.

El desafío hacia adelante no es coyuntural. Requiere reglas claras, previsibilidad en la actualización de la remuneración y una articulación institucional madura entre Nación y provincias. Cuando esos elementos se alinean, la represa no sólo aporta energía al sistema nacional, sino que se consolida como una herramienta concreta de desarrollo para Entre Ríos.

Salto Grande, en definitiva, es más que infraestructura: es un componente estratégico del entramado productivo y fiscal provincial, cuyo aporte debe ser dimensionado en su real magnitud.

*Integrante de la Mesa Ejecutiva provincial de CTA y del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER)

EL SUEÑO DE BORRAR AL SINDICALISMO

Formando Futuro — 2026-01-26T16:58:03Z

Sindicalismo, futuro y nuevas demandas, con el secretario general de la CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky, para Formando Futuro, publicación de reflexión política y pensamiento popular del espacio Movimiento Derecho al Futuro.

1.¿Qué propone concretamente la reforma laboral del Gobierno de Milei, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?

El proyecto abre la puerta al fraude laboral en varios frentes. Trabajos que hoy son claramente dependientes pasan a disfrazarse de “autónomos”. A diferencia de la legislación actual —en la que, si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume la existencia de una relación laboral—, la reforma establece que, si existen facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece.

A su vez, modifica un criterio histórico de interpretación del derecho laboral: ante la duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en materia probatoria. La reforma elimina esa duda probatoria y reduce significativamente este principio, privando al trabajador de una herramienta clave para su defensa.

En materia salarial, la ofensiva es múltiple: se otorgan a las patronales mayores facilidades para tercerizar y fragmentar empresas y así evitar convenios; se amplían los conceptos “no remunerativos” —como almuerzos, viáticos o gastos de salud—, que no cuentan como salario ni se consideran para el cálculo de la indemnización; y se aplica el artilugio de los llamados “salarios dinámicos”, reemplazando el derecho a igual remuneración por igual tarea por pagos por productividad, mérito o premios al antojo patronal.

Como si esto fuera poco, la indemnización por despido se abarata y pierde su función principal: disuadir al empleador de despedir. Pero, además, esto traerá un perjuicio para la recaudación. A través del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, el Estado terminará financiando los despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3 % de los salarios que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pasamos de un Estado que financia sueldos y jubilaciones a uno que financia despidos.

¿Y las vacaciones? Afuera. El proyecto flexibiliza este derecho constitucionalmente protegido (artículo 14 bis de la Constitución Nacional, descanso) al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. El banco de horas, en cambio, adentro: se flexibiliza la jornada laboral al permitir trabajar más horas un día y compensarlas otro, sin pago adicional.

A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultra-actividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales y restringe las asambleas sindicales.

En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial, no menos. Pero sobre todas las cosas, hay que destacar qué efecto no tendrá de convertirse en Ley: ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano.

Hugo Yasky

2.¿Qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?

El principal error al analizar esta reforma es perder de vista su propósito central, que no es únicamente reducir el costo salarial —ya ubicado en niveles históricamente bajos—. El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte.

Exposición en el plenario de Trabajo y Presupuesto. Diciembre 2025.

Sólo mediante la destrucción del movimiento sindical y del peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente podrán entronizar el “modelo peruano” que sinceró como norte el Ministro de Economía, Luis Caputo. En ese modelo no hay empleo registrado, ni industria, ni jubilaciones, ni igualdad. Ni siquiera se mide la desocupación en un contexto de 80 por ciento de informalidad laboral.

No es ese esquema el que va a generar más trabajo. Por el contrario, sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social, a partir de políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva. Políticas que fortalezcan el mercado interno y generen valor agregado, en lugar de regalar nuestras materias primas como una semicolonia.

3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?

Por un lado, tenemos que hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria y sobre todo con una perspectiva soberana.

Marcha contra la reforma laboral. Diciembre 2025.

En el camino hacia esa reconstrucción, la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel constituyen un modelo antagónico a la entrega de Milei. Antagónico a ese extractivismo que no genera prácticamente ningún puesto de trabajo. Ahora, es necesario unir todas las fuerzas antagónicas posibles para rechazar las reformas retrógradas del gobierno nacional. Para ello, la unidad opositora que se logre en el parlamento tiene que ser acompañada, potenciada e impulsada por la movilización en unidad en las calles de todo el país.

4. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?

Lo que resulta necesario es transformar las leyes que regulan el empleo en función de los avances tecnológicos, los cambios en la organización de la vida familiar y las nuevas necesidades de la clase trabajadora.

En ese marco, los proyectos que hoy se discuten proponen reconocer derechos para los trabajadores de plataformas —como salario mínimo, licencias y cuidados—, avanzar en licencias por nacimiento y cuidado con equidad de género, promover la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, crear comités mixtos de salud laboral y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, plantean aprovechar los avances tecnológicos para reducir la carga y la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y avanzar hacia una mayor soberanía del tiempo de trabajo.

Estos cambios no son rémoras del pasado, sino los debates que se están dando en muchas regiones del mundo. Un mapa mundial consigna unas 53 reformas laborales en casi 30 países de los cinco continentes. Todas van en el sentido de mejorar las condiciones laborales, regular a las compañías de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada y garantizar equidad de género. En un mundo que discute cómo avanzar, este gobierno nacional propone retroceder.

Ver en línea : https://movimientoderechoalfuturo.c...

LA CTA-T FRENTE AL PRESUPUESTO 2026 ENVIADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL

CTA Comunica — 2025-12-17T16:20:20Z

El Proyecto de Presupuesto 2026 pretende consolidar el brutal ajuste desplegado durante 2024 y sostenido en 2025, en el marco de la ausencia de Ley de Presupuesto en ambos ejercicios. Esa situación permitió al Poder Ejecutivo administrar discrecionalmente la asignación de los recursos mientras llevó adelante un severo vaciamiento de la gestión pública. El resultado es un Estado progresivamente desfinanciado y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos elementales.

El Gobierno sostiene su estrategia en la denominada “meta fiscal”, dirigida exclusivamente a reducir de manera drástica el Gasto Público, sin implementar medidas para incrementar los ingresos del Estado. El peso de los gastos primarios sobre el PIB cayó de 16,0% en 2023 a 12,8% en 2024 y 2025, previendo sostenerse en ese nivel en 2026 (12,9%).

Por el lado de los ingresos totales se espera que su nivel se ubique en torno al 14% del PIB en 2026 incluso por debajo de los de 2024 (15,4%). Cabe señalar que los ingresos públicos tienden a deteriorarse por efecto del estancamiento económico y las transferencias de recursos a sectores de altos ingresos como es el caso de la baja en bienes personales y en las retenciones a las exportaciones. Por eso, en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 los ingresos reales cayeron 1,6% interanual y la recaudación de impuestos 9,4%.

Cabe señalar que por la eliminación temporaria de las retenciones a las exportaciones se resignaron recursos fiscales por 1.531 millones de dólares, y solo 10 empresas acapararon el 95,1% de ese beneficio fiscal (1.456 millones de dólares). Recientemente el gobierno anunció una rebaja permanente de las retenciones de 2 puntos porcentuales a las exportaciones de soja y subproductos, trigo y cebada, y de 1 punto a las de maíz, sorgo y girasol, con un impacto fiscal del orden de los 500 millones de dólares que no están contemplados en el presupuesto.

Bajo estas circunstancias, resulta complejo alcanzar la meta de un superávit primario del 1,2% del PIB en 2026 y un supuesto equilibrio financiero (0%). En tanto la política económica siga induciendo a la recesión económica y la reducción de impuestos de los sectores de altos ingresos, se requerirá de un mayor esfuerzo sobre el gasto público dada las metas de superávit fiscal que tiene el gobierno, lo cual es inaceptable para garantizar el funcionamiento básico del Estado.

Asimismo, no debe dejar de señalarse que el equilibrio financiero propuesto es ficticio: desde que asumió el gobierno implementó una estrategia de endeudamiento en moneda local que no contabiliza los intereses de la deuda en su cálculo dado que los capitaliza, a pesar de que, según el FMI, estos intereses deben registrarse como devengados en cada ejercicio del contrato. Si se contabilizaran correctamente, el resultado financiero sería un déficit del 2% del PIB en 2025.

Todo esto sin considerar que el programa financiero del gobierno no cierra por la crisis deuda que incubó el gobierno de Macri y profundiza el actual. Los vencimientos de la deuda externa pública, según datos de la Balanza de Pagos del INDEC, suman 35.597 millones de dólares en 2026 (27.401 corresponden a vencimientos de capital y 8.196 millones a intereses). Frente a un problema de esa naturaleza, en el proyecto de ley del Presupuesto no hay ninguna pista de cómo se abordará esta cuestión, toda vez que por parte de los organismos bilaterales y multilaterales planea que ingresen 5.851 millones de dólares y que egresen 3.592 millones, en un escenario en el que es dificultoso el acceso al mercado internacional de capitales. Más aún cuando se consideran que las reservas netas internacionales se encuentran en -15.000 millones de dólares y el gobierno proyecta un déficit en la balanza comercial de 5.752 millones de dólares. Es decir, no cierra el ajuste en el gasto ni el frente externo.

El ajuste en el gasto público

Las evidencias indican que con las variaciones del gasto público en 2025 y 2026, se consolidad el proceso de ajuste iniciado en 2024 sin Ley de Presupuesto. Muchos de los rubros exhiben prácticamente la disolución de algunas funciones del Estado. Es el caso de áreas fundamentales para la población, como Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado, que se encuentran al borde de la extinción. Educación y Cultura, así como Ciencia, Tecnología e Innovación, sufrieron recortes cercanos al 50% en los últimos tres años. Los subsidios económicos se redujeron un 60%.

El abandono de la inversión educativa

A esto se suma el abandono de la inversión educativa. Para cobrar una dimensión del problema cabe apuntar que el presupuesto educativo se redujo de manera sistemática en la última década, hasta alcanzar en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 un nivel crítico de apenas 0,75% del PIB. Este proceso no responde a un ajuste transitorio, sino a una redefinición estructural y regresiva del rol del Estado en materia educativa.

A esta caída se suma un hecho de extrema gravedad institucional: el proyecto de Presupuesto 2026 deroga las leyes que establecen garantías específicas para el financiamiento de la Educación, la Educación Técnico Profesional y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De este modo, se eliminan los pisos de inversión que funcionaban como resguardo mínimo para estos derechos, dejando su financiamiento librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y vulnerando compromisos legales asumidos por el propio Estado nacional.

El presupuesto del sector educativo ($6,3 billones) presenta una disminución real del 45,3% con respecto a lo ejecutado en 2023, considerando la pauta de inflación del Presupuesto. Si se excluye del cálculo el presupuesto de las universidades nacionales, la caída es aún mayor (70,1%). El ajuste llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación, en especial a los programas Infraestructura y Equipamiento (-82,2% real con respecto a 2023), Becas a Estudiantes (-74,3% real con respecto a 2023), Acciones para la Formación Docente (-71,2%), INET (-84,5%), y la desaparición de los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones, y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6% en términos reales.

Gastos en Personal: los y las trabajadores del Estado Nacional

El Gasto en Personal merece una especial atención ya que la política presupuestaria de este Gobierno implica una degradación continua del empleo público y de las capacidades estatales para cumplir funciones esenciales. Cabe mencionar que, así como en el resto del presupuesto, la mayor parte del recorte y los despidos se llevaron a cabo durante 2024, se profundizaron en 2025 y se pretenden consolidar y legalizar en este Proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Se consolida la parálisis de organismos estratégicos y se profundiza la precarización laboral, mientras tanto, algunas áreas proyectan un crecimiento formidable de sus gastos en personal, como es el caso del Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger que crece un 45,7% y la Secretaría de Inteligencia que (sin contar los gastos reservados) aumentará sus gastos en personal en casi un 20%, en términos reales.

Mientras tanto, la enorme mayoría sufre recortes, entre los que se destacan la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con una diminución de una tercera parte de sus gastos en personal y la desaparición de los Institutos del Cáncer, del Agua, de Asuntos Indígenas.

En conclusión:

La gravedad de este Proyecto de Presupuesto se ve profundizada por su articulación con otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, en particular el proyecto de ley “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Dicho proyecto busca imponer una regla fiscal rígida, limitar severamente la capacidad del Congreso para sancionar leyes que amplíen derechos y tipificar penalmente a los funcionarios que dispongan incrementos de gasto sin financiamiento específico. En este marco, la combinación entre un presupuesto de profundo ajuste, la eventual aprobación de una regla fiscal rígida y la criminalización de las decisiones de política económica configura un escenario de extrema restricción democrática, en el que el gasto público deja de ser una herramienta legítima para garantizar derechos y responder a necesidades sociales, para convertirse en una conducta pasible de sanción. La aprobación simultánea de estas iniciativas implicaría consolidar un esquema de austeridad permanente que subordina la democracia y los derechos sociales al dogma del déficit cero.

Por todo lo expuesto, este Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 debe ser rechazado para revertir el ajuste sobre las políticas públicas esenciales. Un presupuesto no es una mera herramienta contable: es la expresión concreta de las prioridades de un país. Este presupuesto que consolida el desfinanciamiento del Estado, desmantela capacidades públicas y vulnera derechos básicos implica convalidar un retroceso histórico cuyas consecuencias recaerán sobre las mayorías. El Congreso tiene la responsabilidad indelegable de defender los derechos consagrados por la Constitución y la Ley de Presupuesto, garantizar las condiciones materiales para su efectivo cumplimiento.

PRIVATIZACIÓN DE INTERCARGO - UN NEGOCIO DISFRAZADO DE URGENCIA

Rodrigo Borrás — 2025-12-10T17:57:53Z

Se habla de venderla por 30 millones de dólares, una cifra irrisoria frente a su rentabilidad. El sindicato de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) judicializó el proceso denunciando irregularidades y alertando sobre el riesgo para 1.500 empleados, sometidos en los últimos tiempos a precarización y estigmatización.

El Gobierno insiste en que la privatización de Intercargo es inevitable, casi una cuestión de emergencia nacional. Sin embargo, la comisión bicameral de reforma del Estado y de seguimiento de las privatizaciones cuestiona con firmeza la transparencia y la legalidad del proceso.

Los principales voceros de esta operación no son las aerolíneas, sino ciertos “periodistas” que repiten un libreto: que la empresa “consume fondos públicos”, que “el Estado no puede sostener ineficiencias” y que “la competencia traerá mejores servicios”. La realidad contradice ese relato. Intercargo cerró el año pasado con 11 millones de dólares de ganancias y este año se proyecta superar al anterior. Una compañía rentable, con capacidad de expansión, que el oficialismo pretende liquidar rápido y a bajo precio.

Se habla de venderla por 30 millones de dolares. Una cifra irrisoria frente a su rentabilidad, que despierta sospechas sobre quiénes serían los beneficiarios de semejante ganga. El sindicato de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que representa a los trabajadores, ya judicializó el proceso denunciando irregularidades y alertando sobre el riesgo para 1.500 empleados, sometidos en los últimos tiempos a precarización y estigmatización.

Detrás del discurso oficial y de los medios alineados, la verdad es incómoda: Intercargo no es deficitaria, no es un agujero fiscal ni un obstáculo para la competencia. Es una empresa estatal superavitaria, que funciona pese a las malas administraciones de los distintos gobiernos.

El locutor Antonio Laje asegura que “demanda dólares del Tesoro”, pero no presenta una sola prueba de lo que dice. Los balances oficiales y los especialistas del sector coinciden en lo contrario: genera ingresos en divisas, no recibe subsidios y en 2025 alcanzará un superávit superior a los 13 millones.

Puedo suponer que tiene mala información o no sabe del tema que está hablando, pero no es casual que Laje tenga este discurso. Él mismo genera contenidos en las redes para el Grupo GPS, interesado en ingresar al mercado de servicios aeroportuarios.

Cuando una empresa pública premiada internacionalmente demuestra eficiencia, la narrativa privatizadora pierde su argumento central y recurre a la desinformación: acusar a los trabajadores de ineficiencia y estigmatizarlos. Dos falacias que se desmoronan frente a los hechos.

La desregulación del sector ya permite la entrada de operadores privados. La competencia existe. Lo que no existe es un modelo económico sostenible que garantice inversiones serias de largo plazo, como reconocen incluso economistas cercanos al Gobierno.

Un servicio estratégico no es un negocio cualquiera

El servicio aeroportuario o handling no es un rubro accesorio. Es la operación que asegura que un avión pueda despegar y aterrizar. Es logística, seguridad y desarrollo. En un país extenso y con baja densidad poblacional, la conectividad aérea no es un lujo: es infraestructura esencial. Ceder ese control a un actor privado cuyo único objetivo es maximizar ganancias implica un riesgo que ningún Estado serio debería asumir.

Privatizar Intercargo no responde a datos ni a necesidades reales. Responde a un negociado que despoja al Estado de una herramienta estratégica para articular conectividad y economías regionales. Se trata de una decisión que no soluciona problemas, sino que crea uno nuevo: la pérdida de control sobre un servicio vital, entregado por monedas a intereses particulares.

El verdadero debate

La discusión no es sobre el tamaño del Estado, sino sobre su inteligencia. Un Estado inteligente no se desprende de activos que funcionan, generan ingresos y cumplen un rol estratégico para el desarrollo del país.

Intercargo no es símbolo de ineficiencia, sino de lo que incomoda a quienes creen que lo público debe fracasar por definición: una empresa estatal que funciona bien y genera importantes ingresos a las arcas del Estado, la misma que muchos empresarios carroñeros desean manejar.

Y tal vez por eso quieren entregarla al peor postor.

*Empleado de Intercargo y Pro secretario de Políticas Aéreas de APA.

Ver en línea : PRIVATIZACIÓN DE INTERCARGO - UN NEGOCIO DISFRAZADO DE URGENCIA

¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado

Fundación Germán Abdala — 2025-11-10T14:02:43Z

Diversos estudios y artículos han señalado una tendencia creciente al pluriempleo, que en los últimos años se ha intensificado en Argentina. Esto se encuentra asociado, principalmente, a los problemas de ingresos de las y los trabajadores.

Desde la Fundación Germán Abdala nos propusimos explorar el pluriempleo en la Administración Pública: durante el mes de agosto realizamos una encuesta que respondieron personas que trabajan en el Estado. En el documento “¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado” compartimos los principales resultados y reflexiones para abordar esta característica del mundo del trabajo.

La reconstrucción del Estado y la búsqueda de una nueva estatalidad deben reconocer el pluriempleo como un rasgo estructural del empleo público contemporáneo. Se trata de un fenómeno que debe ser explorado en profundidad, reconociendo sus múltiples aristas y evaluándolo como un condicionante clave para diseñar políticas salariales, de carrera, de ingreso y de formación.

Ver en línea : ¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado

FGA - Informe acceso a vivienda en gobierno Milei

Fundación Germán Abdala — 2025-10-15T14:20:30Z

El área de Estudios Urbanos de la Fundación Germán Abdala presentó el informe de coyuntura “De la Casa al Trabajo… el acceso a la vivienda de los y las trabajadoras en el gobierno de Javier Milei”.

En el encuentro se debatió acerca de las dificultades que tienen gran parte de las y los trabajadores para acceder a la vivienda propia y el desmantelamiento de las políticas públicas del gobierno.

La problemática del acceso a la vivienda en nuestro país se ha agudizado en los últimos tiempos por múltiples factores que hacen que sea muy difícil el comprar una propiedad para las y los trabajadores. Los alquileres también son un problema: aumentaron de manera considerable en relación a los salarios. Además, la derogación de la Ley de Alquileres, entre otras dificultades, dejó a merced del mercado los valores para alquilar una propiedad.

En el presente informe de coyuntura elaborado por el equipo de Estudios Urbanos de la FGA se desarrollan algunas hipótesis en relación a la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras en relación a la vivienda. Este documento busca ser un aporte para construir una perspectiva en la que dialoguen los estudios urbanos con la realidad del mundo del trabajo.

ALQUILAR EN TIEMPOS DE MILEI

Inquilinos Agrupados — 2025-01-06T17:19:51Z

Informe realizado por Inquilinos Agrupados con una evaluación socioeconómica de la calidad de vida de los inquilinos durante el primer año de gobierno de Milei. El decreto 70/23 terminó con la ley de alquileres y entregó las herramientas para que el mercado inmobiliario decida cómo se alquila en Argentina. El último paso para la financiarización de la vivienda.

El siguiente informe presenta los principales resultados de la Encuesta Nacional Inquilina del mes de diciembre 2024, realizada por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran los inquilinos y las inquilinas a un año de la eliminación de la ley de alquileres a través del Decreto 70/2023.

El cuestionario indaga sobre distintos aspectos de los hogares inquilinos: los ingresos, el monto de alquiler y expensas que pagan por mes de acuerdo a la cantidad de ambientes de la vivienda y por provincia, la frecuencia de actualización del precio y la duración del contrato, la necesidad de endeudamiento para hacer frente al pago, las expectativas y preocupaciones alrededor de la situación de la vivienda, las condiciones de trabajo y violencia en el hogar. En esta oportunidad, se obtuvieron más de 830 respuestas de inquilinos e inquilinas de todo el país.

Al igual que en los informes anteriores, los resultados de la encuesta reflejan fuertes aumentos en el valor del alquiler, con plazos más reducidos, con actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario. Esto a su vez lleva a que muchos inquilinos se endeuden para poder hacer frente a los gastos básicos vinculados a la vivienda. En especial, los resultados presentados en este informe muestran una vez más la situación de desmejora y desprotección de los y las inquilinas a partir de diciembre de 2023.

RESUMEN EJECUTIVO

● El 25% de los encuestados (1 de cada 4 inquilinos/as) indicó que tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo, el 94% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. Bajo ley de alquileres, sólo el 6% respondió haber tenido que mudarse por no poder hacer frente al pago del alquiler.

● Sólo el 10% hoy está bajo las condiciones de la ley de alquileres: plazo de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación.

● En diciembre de 2024, el 42,8% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 44,6%.

● En los contratos firmados a partir del DNU, el plazo de 3 años ya sólo se presenta en el 10,3% de los casos. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler más cortos. Aquellos con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 23,4% de los casos. Y los contratos entre 1 y 2 años son ahora los más frecuentes, en un 61,2% de los casos relevados en diciembre.

● En promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses. Sin la Ley de Alquileres, la actualización anual ya casi no se presenta como una posibilidad. El 94,3% de los inquilinos/as tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses.

● El 49,5% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 38,3% respondió que tal vez las tenga.

● El 63,7% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente.

● Entre las respuestas relevadas, el 91% de los inquilinos afirmó tener que relegar varios gastos para poder pagar el alquiler. En el 44,9% redujeron gastos en alimentos y en el 48,4% de los casos en salud.

● Casi el 39% de los inquilinos encuestados tiene más de un trabajo. Y el 51% de quienes fueron consultados, trabajan en promedio entre 9 y 12 horas por día.

● Con los datos de la encuesta del mes de diciembre, se observan valores promedio para alquilar un 20% mayores a los relevados en septiembre, considerando que transcurrieron tres meses entre cada relevamiento.

El asesinato de Dalmiro Flores

Daniel Catalano y Emiliano Bisaro (*) — 2024-12-16T18:34:41Z

El 16 de diciembre de 1982 asesinan a Dalmiro Flores. Sucede durante la desconcentración de la marcha de la Multipartidaria que se organizó bajo la consigna: «Por la Democracia y la Reconstrucción Nacional». Ese día cientos de miles gritaban: “¡Que se vayan, que se vayan…!”; “¡Paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la Nación!”; “¡El que no salta es un militar!”, “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!”.

“en este jardín silencioso

Hay más Dalmiros

que flores…”

(Miguel Ángel Lens)

Roberto Baschetti en su impresionante esfuerzo por recuperar las biografías militantes nos cuenta que: “Cerca de las 20.10 hs., sobre la esquina del Cabildo donde se juntan Bolívar, Diagonal Sur e Hipólito Yrigoyen, apareció un Ford Falcon verde, chapa C-850.276 con cuatro policías de civil. Una de ellos, cerca de 40 años, 1,75 m de estatura, camisa de mangas cortas, verde a cuadros, por afuera del pantalón, bajó ante el tumulto de la gente reunida y se dirigió hacia donde estaba Dalmiro Flores gritándole: «¡Pará hijo de puta o te mato…!», para luego dispararle desde 5 metros sobre su espalda, a la altura de la cintura, provocándole la muerte, en tanto remataba su acción con un nuevo improperio: «¡Morite peronista hijo de mil puta…¨

Nunca se supo quién mató a Dalmiro. Fue uno de los últimos crímenes impunes de la dictadura militar en retirada. Una de las razones para explicar lo inexplicable, su muerte absurda, es que en la Planta Decker trabajaba sin protector auditivo, por lo que se había lesionado gravemente los oídos y al estar en la Plaza de Mayo de espaldas a los policías que venían a cazar gente y debido a su lesión auditiva, es muy probable que no haya escuchado la voz de alto ni muchos de los sonidos que lo rodeaban. El cuerpo fue entregado a sus familiares desnudo, sin la ropa, el reloj y el dinero que llevaba Dalmiro Flores consigo, al momento de su asesinato. Y en su Salta natal, las autoridades cívico-militares no permitieron a sus deudos que lo velaran, porque temían un salteñazo; tal era la indignación popular.”

Dalmiro Flores, había nacido el 1° de diciembre de 1952 en Camposanto, Salta se viene para Buenos Aires en busca de trabajo. Era trabajador metalúrgico de la planta industrial Marshall. Fue afiliado a la UOM y al Peronismo. El día que lo asesinan tenía 28 años.

En este breve escrito queremos recuperarlo como un ejercicio político de la memoria. Pero no cualquier modo de ejercer el recuerdo. Queremos alejarnos de las conmemoraciones, los homenajes y los bronces. Queremos ir por esa memoria militante que se reconstruyen en las charlas donde las palabras no son medidas y calzadas, sino que las ideas y la historia se mezclan con las anécdotas, las picardías y los errores de los que se hace la historia. Deseamos recuperar esas biografías militantes de las resistencias. Durante los años noventa estábamos ávidos por conversar con la militancia de los setenta y los viejos que quedaban de la resistencia peronista. Queríamos extraer información, experiencia, mística, todo lo que nos podía hacer sobrevivir el menemismo, sus consecuencias y sobre todo, su falta de horizonte. En ese ejercicio militante de la memoria era como nos defendíamos de la desesperanza. Así, quizás en este momento debamos ir a buscar las voces de los y las que resistieron en los años 90, en los ferrocarriles, en ENTEL, en los astilleros Río Santiago y Domecq García, en el Instituto Malbrán, en la Casa de la Moneda o en la Carpa Blanca, entre otros.

La semana pasada, en FLACSO, Artemio López recorría su relación con Eduardo Basualdo y nos transmitía que el campo popular pasó por noches mucho más oscuras que la actual y de todas salió. La dictadura y el menemismo fueron resistidos y superados. Por eso, decía, que tenía la convicción que ésta también la íbamos a superar. Así, hoy recuperamos a Dalmiro como recuperamos esa parte de la historia que nos dice que vamos a volver.

(*) Por Daniel Catalano (Secretario General de ATE Capital) y Emiliano Bisaro (Presidente de la Fundación Germán Abdala).

Publicada originalmente en: https://fgabdala.com.ar/el-asesinato-de-dalmiro-flores/

La Reglamentación de la Reforma Laboral empeora la Ley

CTA Comunica — 2024-09-27T17:14:08Z

La reglamentación apunta esencialmente al Fondo de Cese Laboral de la Ley Bases. Como se preveía, no se dedica a especificar algunos aspectos de la ley, función de toda reglamentación, sino que se excede y legisla “otra vez”, contradiciendo la ley.

Reforma laboral – Reglamentación 26.09.24

Esto se ve con claridad en el siguiente ejemplo: La Ley establece que el Fondo de Cese pueda sustituir sólo la indemnización por antigüedad de la ley de contrato de trabajo, en caso de despido sin justa causa, mediante acuerdo de partes en el convenio colectivo.

La reglamentación va más allá: agrega que este Fondo puede sustituir a “cualquier otro rubro indemnizatorio”, extendiéndolo prácticamente a todas las formas de extinción de la relación laboral. Enumera a la indemnización por fallecimiento, causas económicas, entre varias. Este sólo punto, ya abre el camino para declarar la inconstitucionalidad. Los aportes al fondo pueden provenir de los empleadores e incluso de los trabajadores: ahora sí el trabajador se financia su propio despido.

El exceso también se refleja cuando se dispone que en las relaciones laborales que se iniciaron antes de la entrada en vigencia de este fondo, las partes pueden pactar el cambio del régimen de la LCT a este nuevo sistema.

Con eso se viola el principio de “irretroactividad” de las leyes, es decir que la ley bases puede aplicarse “para atrás” en el tiempo. Este Fondo es peor que el de la Construcción donde el empleador hace un aporte mensual y el trabajador cuando se va al menos recibe un monto legal.

Acá incluyeron la posibilidad de que, el marco del convenio colectivo, se pueda acordar prácticamente cualquier cosa: el monto o porcentaje a pagar al trabajador, adaptarlo a la naturaleza de cada vínculo laboral, los plazos o la forma de cobrarlo.

Se establece que por Convenio Colectivo se debe prever que, cuando se inicia la relación laboral el empleador y el trabajador pueden acordar si prefieren que se les aplique el fondo o las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo.

Hablar de que el trabajador pueda tener algún margen de decisión frente al empleador es una burla, ante su desigualdad natural. Será el empleador quien en la práctica imponga el fondo de cese, que es mas beneficioso para su interés y el trabajador que se niegue no será contratado. De este modo, el Estado de desentiende de su obligación de garantizar la “protección contra el despido arbitrario” del art. 14 bis de la CN, dejándolo librado al CCT.

Se crean distintos sistemas para administrar este fondo de cese, en los que no solo resulte el empleador quien aporte regularmente, sino incluso se prevé la posibilidad de que el propio trabajador aporte en algunos supuestos (fallecimiento, renuncia, despido por causas económicas, despido indirecto).

Pero hay olor a negocio en toda esta reglamentación. Eso se observa en permitir que la indemnización del trabajador/a pueda ser administrada por “Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral”.

Los “fondos de inversión abiertos” son fondos manejados por financieras, con claro fin lucrativo, una rémora de las AFJP de ayer pero ahora con las indemnizaciones del trabajador/a, sin ningún tipo de garantía para éste en caso que se la licuen por cualquier causa económica y ajena.

La reglamentación también se esforzó por reforzar la figura del colaborador independiente, con los que se pretende encubrir una relación de dependencia y evitar el pago de toda indemnización. Se dispone que el “colaborador” pueda mantener simultáneamente relaciones de colaboración para varios contratantes independientes.

Se puede contratar hasta 3 colaboradores, pero imaginemos que varios contratantes “independientes” pero conectados empresarialmente podrían usufructuar el trabajo del mismo “colaborador” durante años, del modo que les fuera más conveniente en forma rotativa y fraudulenta, sin aportes ni indemnización a la finalización del vínculo.

Finalmente, la reglamentación establece los porcentajes de condonación de deuda por falta de pago de aportes y de registro al trabajador en función del tamaño de la empresa, perdonando así al empleador evasor.

Resulta evidente que todo este laberinto legal y reglamentario deslaborizador nada bueno traerá para la clase trabajadora provocando además un aumento de la litigiosidad y una mayor recarga en la Justicia Laboral, ante su manifiesta inconstitucionalidad.

Todo el sistema indemnizatorio pasa a depender de la negociación colectiva, por lo que su avance regresivo en buena media dependerá del papel sindical en la negociación colectiva correspondiente.

La punta del ovillo de la economía argentina ¿Fuga de capitales o déficit fiscal?

Pablo Manzanelli (*) — 2024-05-03T14:27:14Z

Existen dos visiones contrapuestas respecto a los problemas centrales que afectan a la economía argentina en múltiples aspectos: nivel de actividad, inversión, tipo de cambio, inflación, etc. A grosso modo se puede plantear que la visión ortodoxa sostiene que tales problemas son un resultado del déficit fiscal en tanto que para una parte de la heterodoxia derivan de la restricción externa.

A grosso modo se puede plantear que la visión ortodoxa sostiene que tales problemas son un resultado del déficit fiscal en tanto que para una parte de la heterodoxia derivan de la restricción externa. No se trata, al menos en las mejores versiones de cada uno, de que se desconozcan los problemas del sector externo en el primer caso y los del desequilibrio fiscal en el segundo, sino que se jerarquiza la “punta del ovillo” de las restricciones al crecimiento con diferentes grados y causalidades de acuerdo a sus respectivos marcos teóricos.

Estas breves notas se insertan en ese debate y pretenden, aunque en forma preliminar e incompleta, plantear algunas discusiones estructurales que se alejan de los lugares comunes y que tienen particular relevancia en el debate de la coyuntura actual. La idea central es resaltar la importancia que asume la fuga de capitales no solo
respecto a la cuestión fiscal sino también en lo concerniente a la definición de la “nueva” restricción externa que emergió durante la valorización financiera.

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