Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

La ola

Alfredo Zaiat — 2016-03-28T12:52:28Z

El Sindicato de la Industria Lechera acuerda suspensiones rotativas de trabajadores sin el cobro de salarios. Smata negocia retiros voluntarios de varias terminales. UPCN se desentiende del despido de miles de trabajadores del Estado, mientras que ATE se moviliza, protesta y busca un canal de negociación para lograr algunas reincorporaciones. El presidente Mauricio Macri afirmó que existen 1,5 millón de trabajadores estatales de más sin que los interlocutores ocasionales en un reportaje en la televisión pública consideraran necesaria una repregunta. El gremio metalúrgico informa que están en riesgo 10 mil puestos y el de la construcción también actúa como cronista para detallar que el sector perdió más de 50 mil. Miles de petroleros están bajo la amenaza de suspensiones y despidos. Delegados de base y sus dirigentes combativos que antes recibían el calor de corporaciones mediáticas para informar sobre conflictos laborales puntuales hoy ya no son convocados para conocer sus opiniones acerca de la ola de despidos. Autopartistas, textiles, medios de comunicación, comercio, alimentación, frigoríficos siderurgia, servicios son otros sectores donde las suspensiones, despidos y el retraso en un par de meses en el pago o dividir en cuotas el salario se despliegan con una intensidad impensada hasta antes del comienzo del nuevo gobierno.

El avance sobre las condiciones materiales de los trabajadores estuvo acompañado con una modificación sustancial de la respuesta estatal al conflicto social. Es habitual la represión a marchas de despedidos y desde el mes pasado la criminalización de la protesta ha tenido otro impulso con la aprobación del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.

El salario real ha registrado un retroceso muy fuerte por el shock inflacionario provocado por la megadevaluación. Los precios de la canasta básica subieron mucho mientras que los ingresos no se han actualizado. El gobierno propone un techo a las paritarias del 25 por ciento, mientras que los sindicatos no han reclamado un aumento de emergencia previo al comienzo de las negociaciones. En ese contexto de muy rápido retroceso del mercado laboral y de las condiciones materiales de los trabajadores, ¿dirigentes sindicales y fuerzas políticas de la oposición aliadas al oficialismo mantienen como principal reivindicación la demanda por el Impuesto a las Ganancias que alcanza a una minoría en relación de dependencia? ¿El manejo de la caja de las obras sociales (la Superintendencia de Servicios de Salud) entregado por el gobierno a gremialistas vitalicios es más importante que el destino laboral de miles de afiliados a los sindicatos? La masiva movilización del 24 de marzo exhibió una necesaria ruptura de ese cerco con la confluencia de gremios de la CTA-Yasky y CGT para la defensa del empleo, manifestando que estos dirigentes son conscientes acerca de qué es lo que realmente está en juego con el nuevo régimen económico del macrismo.

La caída del salario por el golpe inflacionario y el aumento del desempleo por decisión deliberada del Estado y por las políticas recesivas son las variables elegidas para avanzar en el disciplinamiento de los trabajadores y en el debilitamiento del movimiento sindical. La producción de las pymes industriales bajó 4,8 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, indicó el último reporte de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El tarifazo eléctrico, con la promesa de otra vuelta en el segundo semestre, y el próximo de gas más la apertura importadora orienta al sector privado a reducir su plantilla para reducir costos y por la caída de la demanda interna.

La consultora Tendencias Económicas relevó que en los dos primeros meses del año se registraron 110 mil despidos en el sector público y en el privado. El titular de la firma, José Luis Blanco, destacó que esa cifra es récord desde 1985 cuando empezaron a registrar despidos, suspensiones y huelgas, al indicar que se multiplicó por 70 en relación al bimestre del año pasado. Agregó que desde entonces nunca había habido en tan corto período tantos despidos y suspensiones. El Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma calculó que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo pasado hubo 68.563 despidos colectivos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado. La diferencia con el número proporcionado por Tendencia Económicas es explicada porque “es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales y tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente”.

En los últimos años, el mercado laboral estuvo bajo tensión por la crisis internacional y las limitaciones de la economía argentina debido a la irrupción de la restricción externa. La respuesta estatal fue ampliar la cobertura social en los sectores vulnerables, desplegar el programa Repro que subsidia parte del salario de trabajadores de empresas en crisis (alcanzó a 500 mil trabajadores entre 2009 y 2014), y presionar a las empresas para que no despidan ni recorten planes de producción a cambio de medidas de protección de mercados. La política económica y laboral del gobierno de Macri tiene un signo opuesto: despidos, persecución ideológica y control social.

La ola de despidos en el sector público abre las puertas para que se sumen a ese movimiento los privados. Bajo el disfraz de la modernización emprendieron el desmantelamiento de áreas estatales, reducción hasta la insignificancia de otras y vaciamiento de programas de políticas públicas específicos, además de desplegar una estigmatización de los trabajadores estatales (grasa militante, ñoquis, vagos) acompañada de una persistente discriminación ideológica.

El bloque de poder económico (grupos locales y extranjeros y la banca) ha convergido tras la meta de redefinir el modo de distribución de la riqueza, que un gobierno “populista” ponía en debate en forma permanente. Detrás del conteo del despidómetro se descubre el objetivo de determinar otra forma de organización socioeconómica que se fue construyendo en los últimos doce años. Retroceso del salario real y debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos es la estrategia para reconvertir una sociedad que “se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró la concepción macrista el productor agropecuario y ministro Ricardo Buryaile.

Las tensiones que hoy se detectan en el mundo de la ortodoxia por la disputa acerca de quien es más fanático del ajuste refleja la puja al interior de ese bloque de poder. Luego de conseguir el desplazamiento del “populismo” de la gestión de gobierno, empiezan a divergir las diferentes facciones (la oligarquía agropecuaria, los grupos económicos, el capital extranjero radicado en el país y el capital financiero) “en determinar de qué manera se distribuye el excedente expropiado a los trabajadores con las actuales políticas económicas”, como se precisa en el último documento Cifra-CTA “La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos”.

El objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía: desregulación cambiaria, del comercio exterior, de la fijación de precios, de los incentivos a la inversión privada y de sectores de actividad (financiera), para que el libre juego de la oferta y la demanda del mercado determine la orientación de la economía. Es un retroceso del activismo del Estado en la economía para delegar esa regulación en los grupos privados dominantes. Esto es consistente con la ola de despidos de empleados estatales. Los economistas macristas y sus colegas de la city, a quienes se les nota mucho la desesperación por conseguir contratos de asesoramiento en dependencias públicas, comisiones varias o puestos decorativos en la estructura estatal para llegar a fin de mes desahogados, afirman que los “desequilibrios macroeconómicos” se deben al exceso de consumo interno impulsado por los altos salarios y el elevado gasto público. Para abordar esos “desequilibrios” la ola de despidos es clave. La propuesta oficial es disminuir el salario real y el gasto público que fue alimentado por los excesos del intervencionismo estatal.

El ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y gasto público-dimensión del Estado pretende restaurar el “equilibrio”, al que consideran condición suficiente para que se radiquen nuevas inversiones y se impulse el crecimiento económico. “Esta visión desatiende las causas estructurales de la restricción externa tales como el tipo de crecimiento industrial y la elevada fuga de capitales al exterior”, advierte el mencionado documento de Cifra-CTA. Para observar que “las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra que intentarán utilizar para disciplinar a la clase trabajadora. Sin embargo, el escenario no está cerrado y su resultado depende de las relaciones de fuerzas y la activación de las organizaciones sindicales”. La confluencia de la CTA-Yasky y un sector de la CGT en la movilización del 24 de marzo es un oportuno ensayo para frenar la ola.

Riqueza cuatro, pobreza cero

Alfredo Zaiat — 2015-12-28T14:58:58Z

Uno de los objetivos definido por Mauricio Macri para su gobierno empezó mal. Las principales medidas económicas implementadas y las próximas anunciadas aumentan la pobreza en lugar de disminuirla.

Se adjunta informe completo de Cifra - Documento de Trabajo Nº14

El presidente Mauricio Macri planteó en la campaña electoral, en el discurso de asunción de gobierno en la Asamblea Legislativa y en cada una de sus primeras presentaciones públicas uno de los principales objetivo de su gestión: Pobreza Cero. Es una meta aspiracional convocante que debe ser acompañada con iniciativas económicas y sociales para alcanzarla. El aspecto más destacado en las dos primeras semanas del gobierno de Macri es que el saldo de las medidas económicas implementadas y las próximas anunciadas van en dirección opuesta a esa ambiciosa promesa socioeconómica. En lugar de reducir la pobreza, es posible estimar que la ha aumentado calculada por nivel de ingresos, independientemente de la cifra absoluta subestimada por el Indec hasta que dejó de publicarla o del número sobreestimado de la Universidad Católica Argentina. Una menor capacidad de compra por la fuerte devaluación y modificación en el régimen de retenciones ha empujado a grupos vulnerables a caer por debajo de la línea de pobreza. Además la prevista eliminación de subsidios con aumentos de tarifas, la limitación de la negociación paritaria incluyendo el criterio de productividad y la apertura importadora implicará otro golpe a los ingresos de sectores populares y, por lo tanto, un fortalecimiento de la tendencia de sumar más pobres. En esta primera etapa del gobierno de Macri, el resultado de la política Pobreza Cero es una derrota por goleada.

La suba del tipo de cambio oficial de 9,8 a 13,50 pesos y la eliminación de retenciones al trigo, maíz y girasol han provocado un shock inflacionario que derivó en una caída del poder adquisitivo. En el último bimestre del año la tasa de inflación sumaría del 6 al 9 por ciento, con alza promedio de más del 20 por ciento en bienes de la canasta básica de alimentos. Es un porcentaje impactante para salarios y jubilaciones sin ninguna actualización. El exiguo bono de 400 pesos para la Asignación Universal por Hijos y haberes mínimos es un paliativo temporario (en 2010 esa ayuda extraordinaria había sido de 500 pesos), e impacta más en los niveles de indigencia que en los de pobreza. En enero, los precios seguirán en los elevados niveles actuales o un escalón más alto, y esos ingresos adicionales no estarán. Las previsiones privadas acerca de la evolución de los precios (por ejemplo, alzas en servicios privados) son poco alentadoras para el primer trimestre del año.

Más pobres

La magnitud del incremento de la pobreza a partir de las medidas dispuestas por Mauricio Macri será mayor que la registrada luego de la devaluación de enero de 2014 instrumentada por el entonces ministro Axel Kicillof y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Ese movimiento traumático del tipo de cambio fue cerca de la mitad del actual, no hubo otras medidas que alimentaran la inflación y durante el año se aplicó una política de ingreso compensadora. Pese a todo, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA-Yasky calculó que “la reducción del nivel de pobreza fue sistemático hasta 2014, año en que la devaluación y su acelerado impacto en el proceso inflacionario (38,7 por ciento en ese año) provocó un aumento del nivel de personas en situación de pobreza de más de 2 puntos porcentuales: del 18,0 por ciento en 2013 al 20,6 por ciento en 2014”.

El gobierno de CFK instrumentó medidas compensadoras por el lado de la política de ingreso: recomposición salarial, aumentando 3 puntos porcentuales en términos reales vía paritarias, significativas actualizaciones de la AUH, jubilaciones y salario mínimo, y una estrategia de control de precios que derivó en una desaceleración de los aumentos de la tasa de inflación. De ese modo, la pobreza retomó su sendero descendente a partir de la segunda mitad de 2014, para alcanzar el 19,7 por ciento en el segundo trimestre de 2015, según Cifra-CTA (las estimaciones de este centro de estudios, como las de la UCA, fueron utilizadas en los últimos años por los grandes medios amarillos para contrastarlas con las estadísticas del Indec).

Con este reciente antecedente, teniendo en cuenta que las condiciones macroeconómicas son similares (utilización de capacidad industrial instalada y nivel de empleo) y que la devaluación de Macri ha tenido una velocidad de traslado más rápida a precios, el aumento de la tasa de pobreza podría ser de varios puntos más que a comienzos de 2014, y sin una estrategia visible para revertirlo. Aquí surgirá la controversia sobre el valor absoluto de ese indicador. La responsabilidad política de haber sumergido en un mar de confusiones y tergiversaciones el análisis de la pobreza en Argentina es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Primero el Indec subestimó la cantidad de pobres y después directamente dejó de publicar ese índice, desmesura amplificada por la intervención del Indec ordenada por Macri. El economista Jorge Todesca que pasó a conducir el instituto de estadísticas públicas directamente decidió suspender la difusión de todos los indicadores, incluyendo el de precios en meses donde la inflación se disparó. Este despropósito Todesca lo acompañó con otro más provocativo al equiparar lo que ha sucedido en el Indec con una dictadura y la violación a los derechos humanos. Las estadísticas no se merecen tanto castigo de unos y otros.

Justificar el ajuste

Pese a lo que se dice incansablemente sin más información que la percepción individual y la sesgada encuesta de la UCA, la presente situación sociolaboral ofrece elevados niveles relativos de ingresos y de mejoras de las condiciones materiales de los grupos sociales vulnerables. Es una explicación para entender porqué el shock inflacionario de Macri no está generando por ahora un estado de insatisfacción generalizado. El contexto es diferente a la hiperinflación del 89 (Alfonsín) y 90 (Menem) y al del estallido de la convertibilidad (De la Rúa y Duhalde), cuando había pobres y desempleados en cantidad. Igualmente, de acuerdo a la encuesta de expectativa de inflación de la Universidad Torcuato Di Tella, existe señales de que la sociedad está en estado de alerta: el saldo de ese relevamiento (del 1 al 9 de diciembre) muestra que la inflación esperada por la población (sectores de ingresos altos y bajos, y en todas las regiones del país) para los próximos doce meses subió 10 puntos porcentuales al ubicarse en el 30 por ciento, siendo el aumento mensual más alto de la serie histórica.

El informe “La naturaleza política y la trayectoria económica de los gobiernos kirchneristas” de Cifra-CTA, el centro de estudios coordinado por el economista Eduardo Basualdo, aborda la diferencia del estado socioeconómico del final del kirchnerismo respecto al de otros gobiernos democráticos desde 1983. Indica que la paradoja del resultado electoral adverso (al kirchnerismo) no se condice con una situación económica que en la vida de los argentinos no generó zozobras ni desasosiego como en anteriores traspasos de gobierno. Señala que tanto es así que “la crisis” para justificar el ajuste y las recetas ortodoxas de los neoliberales que desembarcaron con Macri, es más virtual que real. Para advertir que incluso las caprichosas cifras de pobreza con que se quiere generar el clima de final de función con fracaso kirchnerista son totalmente tendenciosas, “tal como lo demuestra el informe de Cifra de noviembre de 2015”. Apunta que desde el bloque dominante tratan de demostrar que nada cambió ni nada mejoró para los sectores populares, y “para ello dibujan índices de pobreza y estadísticas siempre desalentadoras avalados por los datos de las consultoras que ellos mismos digitan”.

El informe de pobreza de Cifra mencionado previene acerca de algunas estimaciones que tienden a sobreestimarla. Mauricio Macri, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, sostuvo que hay al menos 13 millones de pobres, incluso su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, elevó la cifra a 14 millones, inflando los cálculos realizados por la Universidad Católica Argentina (28,7 por ciento en 2014, que representaría alrededor de 12,3 millones de personas).

Sobreestimar la cantidad de pobres no es inocente políticamente, ya no sólo para confundir sobre la cuestión social durante el kirchnerismo, sino por la evaluación que se realizará de la información que el interventor Todesca difundirá en su momento. Cuánto más elevada sea la cifra de pobres publicitada hoy, menor será el impacto de las medidas económica regresivas de los primeros meses del gobierno de Macri en las estadísticas de pobreza. Quienes se indignaron durante años por lo que denominaron manipulación de las estadísticas del Indec por parte del kirchnerismo tendrán la oportunidad de mantener ese estado de agitación con el macrismo. Será una prueba de coherencia para los guardianes de la pureza de las estadísticas públicas.

Por ello es que resulta pertinente presentar la última estimación de Cifra de modo de identificar la cantidad de personas en situación de pobreza e indigencia, así como su evolución durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Vale aclarar que estas estimaciones están basadas en el índice de precios minorista “IPC 9 provincias” desde 2007 en adelante (no el informado por el Indec) para definir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (determina el nivel de indigencia) y la Canasta Básica Total (define el alcance de la pobreza). En ese cálculo está incorporado el índice de precios de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (del gobierno macrista). Precisadas las cuestiones de la metodología para alejar los desbordes emocionales que empezaron a provocar las estadísticas a partir de la crisis del Indec, el documento de Cifra informa que la pobreza se ubicó en 19,7 por ciento en 2015 (datos correspondientes al primer semestre del año). Ese porcentaje equivale a 8,4 millones de personas aproximadamente. Se trata de una reducción de 30 puntos porcentuales respecto del existente en 2003, cuando la pobreza había trepado al 49,7 por ciento como resultado de la traumática crisis del neoliberalismo y la megadevaluación de 2002 (alrededor de 18,4 millones de personas). Es decir que durante las gestiones kirchneristas alrededor de 10 millones de personas pudieron salir de la situación de pobreza. Es un saldo extraordinario en relación a experiencias locales y de otros países, como lo han reconocido la Cepal, el Banco Mundial, la FAO y la Unesco, pero que ha quedado en una nebulosa por la desmesura kirchnerista en el Indec.

La brecha

Otra forma de analizar las condiciones sociales de la economía que dejó el ciclo político del kirchnerismo es la “brecha de pobreza”. El reporte anual del centro de estudios Idear Desarrollo, dirigido por el economista Matías Kulfas, se ocupa del tema. Un documento elaborado por Guido Zack explica que las tasas de pobreza e indigencia son indicadores que captan la incidencia (población pobre o indigente como porcentaje del total), pero no la profundidad (cuán lejos están las familias pobres o indigentes de dejar de serlo). El resultado de ese análisis refleja una muy fuerte reducción de esa brecha durante el kirchenerismo siguiendo una evolución similar a las tasas: una muy importante disminución hasta el tercer trimestre de 2006, para luego seguir descendiendo aunque a un ritmo menor hasta 2013, cuando revierten la tendencia.

Los economistas de Cifra brindan las causas para comprender esa menor intensidad en la disminución de la pobreza. Dicen que no sólo fue el menor crecimiento económico de los últimos años, sino también el hecho de que a medida que se contraen los valores de pobreza, indigencia y desocupación, la reducción de cada punto es más compleja, más aún en un escenario dominado por una intensa puja distributiva y la consiguiente aceleración del proceso inflacionario. Por su parte Zack señala que “estos indicadores son también muy ilustrativos de la magnitud del problema de la pobreza e indigencia en términos del ingreso”. Para agregar que hacia 2003 era necesario una transferencia equivalente de alrededor del 14 por ciento del ingreso total para eliminar la pobreza y del 2,4 por ciento para la indigencia. Al segundo trimestre de 2015, esos porcentajes habían bajado sustancialmente: 2,5 y 0,3 por ciento, respectivamente.

Ahora, con las recientes y próximas medidas económicas de Macri, lo más probable es que vaya a ensancharse esa brecha. No sólo más personas habrían caído en la pobreza por el shock inflacionario, sino que quienes eran pobres por ingresos se habrían alejado de ese umbral para dejar de serlo. Más aún cuando el objetivo final de la estrategia económica del macrismo es imponer un nuevo estadio en la distribución de la riqueza de carácter regresivo disminuyendo la carga salarial (en pesos y en dólares) en los costos de las empresas. Macri ha erosionado de ese modo uno de los ejes rectores planteados para su gestión: Pobreza Cero ha quedado más lejos del punto de partida desde donde inició su gobierno.

Paritaria y elecciones

Alfredo Zaiat — 2015-05-11T20:09:00Z

Los convenios colectivos de trabajo cubren a 5,8 millones de trabajadores del sector privado. El año pasado fueron homologados 1963, el segundo registro más alto después del record de 2038, en 2010. En los '90, el promedio anual fue 178 acuerdos y convenios colectivos en negociaciones donde los sindicatos estaban a la defensiva en un ciclo político que fomentaba la flexibilidad laboral.

El aumento promedio de las paritarias cerradas en 2014 fue 31,6 por ciento. Con la evolución de precios oficial hubo aumento real de ingresos, mientras que para mediciones privadas la caída fue de 3 a 5 puntos, aunque pocos advierten que fue compensada con bonos de fin de año otorgados en casi todos los sectores. De ese modo, en todos los años del kirchnerismo hubo alza real de ingresos o una variación casi igual a la de los precios. El Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia alcanza sólo al 11,3 por ciento del total de los empleados registrados, concentrando la recaudación en quienes reciben un salario bruto por encima de los 25 mil pesos. El reciente anuncio de Economía intensifica la presión en el segmento superior de la pirámide salarial aligerando la carga en el nivel medio de 15 a 25 mil pesos brutos.

Convenios colectivos de trabajo, salarios y el Impuesto a las Ganancias son los tres pilares de uno de los capítulos más importante de la política de ingresos. Como se trata de un espacio de disputa sobre cómo se reparte la riqueza, cada una de las partes busca exprimir las cifras para fortalecer su posición en la negociación. Es una estrategia legítima en las reglas de juego establecidas en esa puja. Pelea por los ingresos que ha transitado por un sendero de más o menos tensión dependiendo de factores económicos locales e internacionales, pero en un marco de inédita armonía durante todo este período de revitalización de las paritarias.

En este año la negociación por el nivel de los salarios está comenzado a adquirir otros matices más vinculados con la especulación política en un año electoral en el contexto del permanente conflicto mediático. Sindicatos, empresarios y analistas ya no discuten entonces cifras en función a cuidar sus intereses, sino que pareciera que sindicatos y empresarios han empezado a estrujarlas pensando en condicionar a la próxima administración enviando mensajes sobre su poder relativo o sobre lo que pretenderían conseguir en el reparto de poder en 2016 más que en alcanzar acuerdos estables para 2015.

El Gobierno hace su aporte en un tema que ya se ha convertido en una limitación de su gestión: la imposibilidad de abordar en forma integral el capítulo del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Como CFK está conceptualmente convencida de que es un impuesto progresivo y que salarios medios y altos deben aportar, en línea con lo que afirma el consenso de tributaristas, resiste las demandas desproporcionadas de sectores sindicales y políticos oportunistas, y termina descomprimiendo la presión con parches que desde el inicio de esta pelea han provocado sustanciales distorsiones en todo el esquema. Es insólito que ese impuesto, que alcanza a una minoría, se haya convertido en el centro de debate tributario y salarial. Refleja que es una pieza más de la disputa política. También expresa cómo un sector influyente y de poder puede hacer creer que sus intereses son los de la mayoría. Gran parte de los trabajadores piensa que paga Ganancias o puede hacerlo cuando ni cerca está de ser alcanzado. No pocos creen que los aportes previsionales, de obra social y cuota sindical que se descuentan del salario bruto son por Ganancias.

Mientras un sector de la Unión Industrial demandó congelar las paritarias al pedir que el Poder Ejecutivo fije por decreto los aumentos salariales, el Gobierno hizo su aporte para facilitar el cierre de las paritarias con la reciente modificación de Ganancias: el salario de bolsillo subirá de 3 a 6 por ciento para el rango de 15 a 25 mil pesos, que representa el 68 por ciento de los trabajadores que pagan el impuesto. Si los acuerdos finalmente se cierran en la zona del 25 por ciento, los salarios se ubicarían en promedio algunos puntos por encima de la inflación esperada, tanto la estimada por el Indec como la de consultoras de la city (IPCnu de 18 a 20 por ciento; IPC Bein, 23-24 por ciento). En la discusión sobre cifras irrumpe la controversia sobre el saldo de las paritarias 2014. Para sectores sindicales significó la pérdida de poder adquisitivo, que pretenden recuperarla en las negociaciones de este año. Pero en ese reclamo no mencionan que en la mayoría de los convenios se acordaron sumas fijas y bonos que sumaron puntos en el porcentaje de la paritaria hasta igualar o superar la inflación 2014.

Un informe interno del Ministerio de Economía detalla esa situación. El sindicato de Comercio había acordado un aumento de 27,9 por ciento en dos cuotas en abril y septiembre, con dos sumas extraordinarias de 1200 pesos, lo que significó un alza total del 35 por ciento respecto de 2013. La paritaria de los petroleros fue de 33 por ciento, que se elevó a 38,6 por ciento con un bono; la de camioneros también fue de 33 por ciento, subiendo de 35,6 a 36,3 por ciento con el bono; y la de bancarios fue de 29 por ciento y con el bono subió a 30,8 por ciento.

Una de las particularidades de este año en la negociación salarial fue que antes del vencimiento de los acuerdos algunos gremios definieron adelantos a cuenta de la futura paritaria, generando sustanciales incrementos interanuales de los sueldos para el primer trimestre. Fueron ajustes importantes para preservar la capacidad de compra del salario porque es habitual su caída durante esos meses, debido a que la mayoría de los acuerdos paritarios suelen plasmarse en el segundo semestre. Ese mismo documento reservado de Economía observa que la UOM (metalúrgicos) había firmado un acuerdo de 29,6 por ciento que culminó a fin de marzo de este año pero obtuvo un aumento adicional de 1000 pesos en enero y en febrero a cuenta de la paritaria 2015. La situación de la Uocra (construcción) es idéntica con un alza adicional de 13 por ciento para el primer trimestre, y la UTA (transporte) acordó una suma no remunerativa en enero por 2000 pesos.

La radiografía salarial realizada en Economía está en línea con el análisis sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores incluida en el reporte de marzo pasado del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), de la CTA de Hugo Yasky. Precisa que durante los gobiernos kirchneristas “el salario real aumentó sistemáticamente, incluso, en el período de intensificación de la puja distributiva y la consiguiente aceleración del proceso inflacionario”. Explica que la reanudación de las paritarias, en el marco de un franco descenso del “ejército industrial de reserva” y de las políticas expansivas de ingreso, permitió una continua mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que están enmarcados en convenios colectivos de trabajo. Calcula que entre 2009 y 2013 el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado se expandió el 18 por ciento, y que en 2014 retrocedió 4,8 por ciento por el salto inflacionario provocado por la brusca devaluación de enero. Caída que fue recuperada a fines de año. “Se trata de un descenso significativo, pero para nada comparable con el de otras etapas históricas, puesto que esta situación retrotrajo el poder adquisitivo del salario al nivel de 2011”, aclara.

Los investigadores de Cifra proponen observar cuál fue el comportamiento mensual durante ese año porque “permite dimensionar, primero, la magnitud de la caída del salario real en los primeros meses del año para posteriormente registrar una franca recuperación, especialmente en la segunda mitad del año”. Esa mejora fue tan intensa que “en diciembre 2014 el salario real recompuso los valores de diciembre de 2013, período previo a la devaluación. De allí que la caída anual del salario real responda a la pérdida de poder adquisitivo de los primeros tres trimestres del año”.

En ese contexto se desarrolla la última negociación paritaria del gobierno de CFK, que no debería ser más conflictiva que lo habitual en estos años de vigorosa puja distributiva. Pero el factor que le está poniendo más tensión es el proceso electoral, con última escala en la elección presidencial de octubre.