Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

El plan maestro de Macrì es eliminar la paritaria nacional docente

Horacio Verbitsky — 2017-05-21T22:21:54Z

Fuente: Página/12

Una lección que no aprenden
La rotunda victoria de Roberto Baradel en las elecciones de Suteba es un duro contraste para el gobierno de María E. Vidal, que forzó la confrontación como marketing electoral. No obstante el gobierno no aprendió la lección: el 30 de mayo enviará un proyecto de ley al Congreso que, sin decirlo en forma abierta, elimina la paritaria nacional, que fue el origen del conflicto, al derogar por medio de un anexo la ley de Financiamiento Educativo.

La rotunda victoria de Roberto Baradel en las elecciones de los docentes de la provincia de Buenos Aires echó por tierra la estrategia del presidente Maurizio Macrì y de la gobernadora María E.Vidal, que eligieron como antagonista al secretario general de Suteba, siguiendo las recomendaciones de sus estrategas de campaña. La idea de marketing era oponer al Ogro Malo con el Hada Buena, que es el arma electoral en la que basa sus esperanzas el gobierno para las próximas elecciones de renovación legislativa.

A esos efectos, el oficialismo se basó en tres soportes:

1. El endurecimiento de las negociaciones paritarias, torpedeando la posibilidad de un acuerdo.

2. La denigración personal de Baradel sobre la base de informaciones falsas difundidas por medios adictos y redes antisociales.

3. El apoyo a la oposición interna en las elecciones de Suteba.

A pesar de su fracaso, el gobierno insiste. El Plan Maestro elaborado por el ministro de Educación y presunto candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, persigue la eliminación de la paritaria nacional docente consagrada en la ley de financiamiento educativo. El actual conflicto, que sigue abierto, se desencadenó por la decisión ministerial de delegar la paritaria docente en cada provincia, suprimiendo la previa paritaria nacional que debe fijar el piso de las negociaciones provinciales. Ahora el gobierno pretende que una ley demuela ese piso de derechos. Pero lo hace sin decirlo en forma abierta. El proyecto de ley que se enviará al Congreso el 30 de mayo, afirma una serie de generalidades que a nadie le interesa discutir, y remite las decisiones reales a dos anexos. En uno de ellos se elimina de facto la ley de Financiamiento Educativo, por el principio de que una ley nueva deroga la anterior.
La tiza no se mancha

A diferencia de lo que suele ocurrir en las negociaciones paritarias, en este caso ni el gobierno nacional ni el bonaerense procuraron llegar a un acuerdo. Por el contrario se hizo manifiesta su voluntad contraria. En parte por consideraciones fiscales, ya que la cifra en que cerraran los docentes sería tomada como piso por los demás gremios. Pero en parte también por la voluntad de propinar un escarmiento a todo el sindicalismo exhibiendo la derrota de los docentes como una poderosa herramienta de disciplinamiento para todos los trabajadores. La rebaja del costo salarial es el objetivo prioritario del gobierno de los CEOs: no sólo se niega a devolver en 2017 algunos de los 7 a 12 puntos de participación en el ingreso que perdieron las distintas categorías de trabajadores en el comienzo de la Revolución de la Alegría, sino que está decidido a incrementar esa pérdida. Con una inflación que ya se advierte que no bajará del 25 por ciento y podría acercarse al 30, la insistencia en paritarias del 18 por ciento y en cuatro cuotas es batir un tambor de guerra. Por alguna razón, el gobierno cree que ese es el sonido que acompaña un paso de vencedores. En el caso de los docentes, el gobierno sostuvo que el salario mínimo ya había sido garantizado por decreto, de modo que no era necesario convocar a la paritaria nacional dispuesta por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075/06 y su Decreto Reglamentario 457/07. No es así: el artículo 4 del acta firmada en el ministerio de Trabajo el 25 de febrero, luego de una reunión en la que los sindicalistas docentes discutieron con los ministros Esteban Bullrich y Jorge Triaca, dice que el salario docente deberá estar al menos un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero agrega: “Sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente; si esto ocurriere, automáticamente deberá actualizarse”. Esto desmiente que no sea necesario convocar a la paritaria nacional que ordena la ley.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n) advirtió a los gobernadores que no contaran con el apoyo de la Nación para pagar a sus empleados, y varios respondieron que se sentían con músculo para enfrentarlos, siempre que la paritaria docente nacional no elevara el piso de partida. Eso explica que nadie haya hostigado al gobierno desde ese flanco durante el extenso conflicto.

En la provincia de Buenos Aires, el Hada Buena decidió mostrarse inflexible y sólo incurrir en modificaciones cosméticas a su mezquina oferta salarial. Con el asesoramiento de Jaime Durán Barba, procuró desplazar el eje de la discusión salarial a la calidad educativa, la capacitación y el ausentismo docente, de modo de colocarse en el rol de defensora de los alumnos y sus familias y estigmatizar a los maestros.
La niña sin miedo

El modelo de confrontación fue el de la estatua que apareció en Wall Street hace dos meses, en vísperas del Día de la Mujer: la niña sin miedo que enfrenta a un toro intimidatorio. Por eso, una de las tácticas escogidas fue enfurecer a Baradel, con infracciones constantes al juego limpio. Cada vez que se convocó a una ronda de negociaciones, mientras los paritarios seguían discutiendo el gobierno difundió anuncios públicos alegando que había mejorado la oferta, cosa que no era cierta. Contaba con la dificultad general para entender fórmulas numéricas complicadas y con la ayuda mediática para presentar ese engaño como realidad. El descuento de los días de paro a los trabajadores, la amenaza de fijar salarios por decreto y retirar la personería a los sindicatos que no aceptaran la conciliación obligatoria, pese a que la justicia dijo que no era tal, porque el Estado era juez y parte, contribuyeron a tornar insalubre el clima. Pero además, en dos tramos de la negociación paritaria de 2016 y en uno de este año, en cada instancia se produjeron tremendas amenazas de matar a un hijo o un nieto de Baradel. En su mail y su celular recibió mensajes que decían: “Si no te dejas de joder, tu hija o alguien de tu familia va aparecer muerta en una zanja. Te vamos a estar siguiendo de cerca, cuidado con lo que haces o decis. Una denuncia, un paro o una crítica y tu familia aparece muerta, compórtate en la paritaria, no sabes con quien te estas metiendo”. Un nuevo mensaje insistió, sugiriendo incluso una metodología: “Cuando aparezca alguien de tu familia muerto por un hecho de inseguridad, no le va a importar a nadie cuantas denuncias hayas hecho”. Como única respuesta, Macrì dijo en la Asamblea Legislativa, con una sonrisa torva, que Baradel no necesita que lo protejan. Desde La Plata, Vidal lo desafió a que dijera si era kirchnerista, desvirtuando el carácter del conflicto. Un ortiva paraoficial publicó la foto y el número de documento de sus hijos amenazados, de su exposa y de la actual.

Al mismo tiempo el aparato oficial de desinformación se arrojó al cuello del sindicalista, en un intento desesperado de deslegitimación basado en mentiras directas sobre la vida y las calificaciones del imponente Roby, como figura contrapuesta al Hada Buena. Afirmaron que no era docente, que no tenía título ni hacía aportes, que había viajado sesenta veces al extranjero en cinco años, que había estado en Miami y Dubai, que había comprado un auto de lujo, que había hecho regalos fastuosos a su hija y festejado su cumpleaños de 15 en el Parque Pereyra Iraola, que junto con Hugo Yasky había vaciado la obra social docente, OSPLAD. Nada de eso era cierto. Es docente, tiene título y además es abogado. Siempre hizo los aportes correspondientes, todos sus viajes fueron para asistir a encuentros de organizaciones sindicales americanas e internacionales de las que forma parte, nunca estuvo en ningún destino turístico. La foto del auto fue tomada de Mercado Libre, porque su propietario, que no tenía nada que ver con Baradel, lo había puesto en venta. Sus hijas tienen 26, 19 y 3 años. El último cumpleaños de 15 de una de ellas lo festejó en el bar contiguo al local de Suteba. Por la pérdida de afiliados y servicios de OSPLAD nunca fue imputado Baradel, sino seis dirigentes de la obra social, que fueron sobreseídos porque “la hipótesis de administración infiel no ha ocurrido”. Lejos de aislarlo, estos golpes arteros reforzaron la solidaridad entre los seis gremios docentes, que nunca antes se habían mostrado tan unidos.

Por último, el gobierno provincial operó en los medios adictos a favor de la opositora lista Multicolor, conducida por el Partido Obrero. Pese a todo, la lista celeste-violeta obtuvo la reelección de Baradel e incluso mejoró sus resultados en comparación con los comicios de 2013. El padrón creció, de 88.000 a 91.705 votantes, Baradel pasó del 60,2 por ciento de los votos al 67,8 y la oposición cayó del 36 al 29,7 por ciento. El oficialismo logró recuperar la seccional más importante de Buenos Aires, que es la capital provincial, La Plata, y ahora conducirá el 92 por ciento de la seccionales. Las denuncias de fraude son risibles cuando la diferencia roza el 40 por ciento. Algo similar ocurrió en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), el único sindicato del país con una conducción mixta: el secretario general, Guillermo Iadarola forma parte de la CGT, y su adjunto, El Gato Marín de la CTA. Sobre un padrón de 10.000 afiliados votó el 71 por ciento. Iadarola y Marín vencieron con el 73 por ciento a una lista opositora que aglutinó al PO, el PTS, la Izquierda Socialista y una pequeña agrupación del dirigente de ATE Hugo Cachorro Godoy. Ambos resultados ponen en cuestión la estrategia que el gobierno viene siguiendo ante los sindicatos y que se agudizó a partir de la marcha del 1º de abril. El endurecimiento discursivo y práctico puede fidelizar al núcleo duro que votó por Cambiemos en las PASO de 2015, pero a medida que se aleja en círculos concéntricos y desciende en la pirámide social, fortalece las opciones cuestionadoras.
Hecha la ley

Al margen de esa especulación electoral, el gobierno tiene objetivos muy claros y muestra una astucia para perseguirlos que no ha sido el rasgo distintivo de la derecha argenta. El borrador del Plan Maestro, que el gobierno presentó en marzo de este año, para recibir aportes hasta el martes 30 de mayo, es un proyecto de ley que consta de apenas cuatro artículos. El 1º se propone “garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje y apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, reafirmando el rol estratégico del derecho a la educación consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente norma”. El 2º dice que la ejecución del Plan “comprenderá el cumplimiento de las Metas establecidas en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente Ley”. El 3º designa al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y a los Ministerios de Educación provinciales como autoridad de aplicación y el 4° es de forma. Es decir que para alcanzar la felicidad hay que ir a la letra chica de los anexos, una técnica legislativa horrible y apta para cualquier contrabando ideológico. Por cierto todas las metas son estimables, pero poco se dice de los medios para alcanzarlas. Un rasgo perverso es que la derogación implícita de la ley de Financiamiento Educativo, que garantiza la negociación salarial centralizada, fue escondida bajo la meta de “Mejorar los salarios docentes”. El oblicuo ataque a la ley de Financiamiento Educativo, que es mencionada en tiempo pasado como si ya hubiera pasado a mejor vida, dice que en el acuerdo marco entre los gobiernos nacional y provinciales y los sindicatos nacionales “se fijaba anualmente un piso salarial para el cargo testigo de un docente de nivel primario que inicia su carrera”. Pese a que ese acuerdo marco ha logrado “definir anualmente el salario mínimo para todos los docentes del país con un incremento real en cada periodo”, en muchas jurisdicciones se ha mantenido lo que el proyecto llama “la conflictividad docente, lo cual ha afectado la cantidad efectiva de días de clase”. Además afirma que “el incremento real en el Salario Docente fue menor al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. También cuestiona el Fondo de Compensación Salarial Docente, porque afirma que no conseguía mejorar el salario docente respecto del resto de los salarios de la Economía, ya que se pagaba en forma selectiva. Beneficiaba a muchos docentes que cobraban uno o más cargos con salarios por encima del piso salarial en algunas provincias, pero no a los de otras provincias, que cobraban un solo cargo, con un salario apenas mayor que el piso salarial docente. La trampa aparece en el último tramo:

“En el último acuerdo marco nacional, se acordó que el salario mínimo de un docente será siempre un 20 por ciento mayor al salario mínimo, vital y móvil definido anualmente por el consejo del salario y la Nación garantizará esto, con fondos del nuevo Fondo Compensador. Por otra parte, el Ministerio del Interior negoció con las provincias beneficiarias del antiguo Fondo Compensador la disminución gradual de los fondos girados por este concepto según la siguiente escala: 2016 mismo monto que en 2015; 2017 = 75% de este monto; 2018 = 50%; 2019 = 25% de este monto y en 2020 desaparece este concepto. De esta forma, cada jurisdicción, según sus posibilidades y realidad económica será responsable de negociar los salarios docentes en los respectivos acuerdos marco jurisdiccionales y la Nación garantizará, a través del nuevo Fondo Compensador que el salario mínimo docente, independientemente de las condiciones de la provincia en donde el docente ejerza, se encuentre siempre como mínimo un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil”. Por tratarse de una ley posterior, su sanción derogaría la ley de Financiamiento Educativo, fruto de años de lucha de docentes pero también de padres y alumnos. Esto no sólo empobrecería a los docentes, sino también a la democracia argentina.

La madre de todas las batallas

Horacio Verbitsky — 2016-02-15T19:30:00Z

Fuente: Página/12

El brusco freno a la creación de dinero no detuvo la inflación, que ha cobrado fuerte impulso a partir de las medidas económicas del gobierno. La experiencia permitía preverlo, pero la ortodoxia es una ideología, indiferente a los datos de la realidad aunque útil para enmascarar objetivos que se persiguen pero no se confiesan. Lo que de verdad procura la política en curso es la disminución del nivel de empleo y/o del salario real, como herramienta de disciplinamiento de la clase trabajadora.

Los dirigentes de las tres fracciones en que está dividida la CGT, que desde hace años no logran fijar entre ellos términos de unidad, se sentaron a la mesa del presidente Maurizio Macrì. La cordialidad del encuentro y las concesiones concretas a los partícipes son el edulcorante que intenta hacer tragable la amarga bebida que acompaña el desayuno, el almuerzo y la cena de quienes son representados por esos sindicalistas. Según las versiones que el propio gobierno difunde, el presidente les pidió comprensión porque está tratando de estabilizar un avión que venía cayendo en picada. Sólo la insistencia propagandística puede sostener una imagen tan opuesta a la realidad, como el contraste entre las tiernas fotos con su hijita que difunde el presidente y el zamarreo a un nieto de Alfredo Coto, que se resistió como un renacuajo a que lo convirtieran en una oportunidad fotográfica, sin consultar su voluntad. Este fue uno de esos gestos espontáneos que en un instante revelan aquello que los artificios publicitarios intentan ocultar, una indisimulable manifestación del respeto presidencial por los más débiles, tal como se había visto en un spot de su campaña con una nena. Lejos de recibir un avión en caída, Macrì es el primer gobernante desde Eduardo Lonardi cuyo despegue se produce sin los vientos cruzados de la parálisis económica, la hiperinflación, la crisis social y/o el endeudamiento externo. Por el contrario, recibió la economía en crecimiento y la inflación en descenso; la menor desocupación en décadas y la deuda exigible en divisas con acreedores privados más baja en proporción al Producto Interno desde el empréstito con los hermanos Baring de 1821. Este contexto es el mejor activo del nuevo gobierno, un colchón capaz de atenuar la repercusión esperable de sus medidas.

Hijos de un largo proceso

Tan notable como la confluencia de los tres gajos de la CGT fue la exclusión de los dos de la CTA, cuyos trabajadores estatales y docentes confluirán en el primer paro general dentro de diez días, demostrativo de la capacidad macrista para cerrar las divisiones producidas durante el anterior gobierno. La CTA que tiene como Secretario General al maestro Hugo Yasky acaba de recibir un documento realizado por su centro de estudios, Cifra, en conjunto con el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), bajo la dirección de Eduardo Basualdo. Ese texto contiene varias claves interpretativas sobre las cuestiones que el gobierno analizó con los cabecillas de las varias CGT. Describe un giro copernicano en el tipo de régimen y la forma de Estado, de un gobierno que puso énfasis en el crecimiento económico y la redistribución del ingreso a favor de los asalariados a otro que se propone transferir la regulación económica del Estado a los sectores oligopólicos. El ajuste económico que ha iniciado implica un salto significativo en el ritmo inflacionario y está generando una reducción del nivel de actividad económica y un retroceso en la participación de los asalariados. Las distintas fracciones del capital que se articulan en el nuevo bloque de poder tienen intereses diferentes pero el punto de acuerdo entre ellas es el disciplinamiento de la clase trabajadora. Para detectar qué fracción del capital ejerce la hegemonía, es decir el control del Estado, el trabajo analiza el origen de los funcionarios en distintos niveles del gobierno nacional, a quienes denomina como intelectuales orgánicos de los sectores dominantes, en el sentido que Antonio Gramsci dio a esa categoría: aquellos que cumplen funciones organizativas “tanto en el campo de la producción como en el de la cultura, como en el campo administrativo-político”. La conclusión es que la hegemonía se desplazó de los grupos económicos locales a los bancos trasnacionales y las empresas extranjeras. Luego del golpe de 1955, cuando los sectores dominantes lograron redefinir la relación entre el capital y el trabajo que introdujo el peronismo, comenzó bajo la iniciativa de la Iglesia Católica una tarea de formación y nucleamiento de sus propios intelectuales orgánicos. “Esta necesidad inicial se volvió imperiosa cuando convergieron la resistencia peronista, la revolución cubana y el Concilio Vaticano II y produjeron profundas rupturas ideológicas y políticas en las propias filas de la alta burguesía”. El gabinete del gobierno de la alianza Cambiemos “expresa hasta donde maduró ese proceso del cual son hijos”.

Disputar el poder

La referencia a la Iglesia Católica es por la Pontificia Universidad Católica (PUCA), la primera privada. Ese proceso registró un cambio cualitativo a partir de 1976, con la Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), impulsados por la empresa agroindustrial cordobesa Arcor y el grupo económico vitivinícola de Mendoza Catena Zapata, y que también incluyó a entidades preexistentes, como FIEL. A partir de sus fundadores corporativos estos centros de investigación y formación fueron financiados por un conjunto numeroso de poderosas empresas de diferentes fracciones del capital. Los investigadores detectaron medio centenar de empresas que patrocinaban tanto a FIEL cuanto a la Fundación Mediterránea. El 90 por ciento de ellas formaban parte de la cúpula empresarial, es decir de las empresas de mayor facturación del país: holdings como Pérez Companc, Roggio y Techint; bancos como Galicia, Francés y Río; industriales, como Acindar, Cargill, Quilmes, Du Pont, Ford, General Motors, Pescarmona, Loma Negra, Mercedes Benz o Unilever; comerciales, como Bunge y Born, Carrefour y Disco; petroleras, como Astra, Esso, Pan American, Total Austral, YPF-Repsol; y de servicios como Aguas Argentinas, Camuzzi Gas del Sur, Movicom, Edenor, Medicus, Metrogas, Telecom y Telefónica.

Después de la dictadura los sectores dominantes prosiguieron poniendo en marcha nuevas universidades privadas con el mismo objetivo: San Andrés, que desarrolla un plan de estudios “inspirado en ideas y esquemas de funcionamiento de representativas universidades de EE.UU., Canadá, Australia y Gran Bretaña”; Di Tella, iniciada para “formar a las nuevas generaciones de académicos, dirigentes empresariales, sociales y políticos”; Austral, creada por el Opus Dei y el grupo económico Pérez Companc. Esos intelectuales orgánicos propios debían garantizar el surgimiento de “una elite dirigente que les permitiera modelar el sentido común y disputar el poder político sin la mediación de los partidos tradicionales. Para asegurar sus intereses corporativos debían ampliar su influencia social de manera que los mismos fueran asumidos como propios por la sociedad en su conjunto y especialmente por los sectores populares”. Las consecuencias están a la vista y tienen estas raíces, más profundas que los consejos del Hombre de la Carmela y el pichicho que humaniza.

Cifra-Flacso revisa la formación universitaria de una muestra de 104 funcionarios del actual gobierno. Mientras en los estudios de grado predominan las universidades públicas (64,4 por ciento de los funcionarios, con alta prevalencia de la UBA) contra 35,6 por ciento de las privadas (casi la mitad en la PUCA), la fórmula se invierte en las maestrías y doctorados de postgrado. “Los títulos de las universidades extranjeras (Chicago, Pennsylvania, Sussex, Columbia, Harvard, Massachusetts Institute of Technology), ocupan en los postgrados el primer lugar con prácticamente el 48 por ciento de los casos”. En cambio las universidades públicas, que ocupaban el primer lugar en los estudios de grado, sólo representan el 19 por ciento del total de funcionarios con postgrados, mientras el resto se reparte entre las privadas. Para los investigadores, se trata de una transformación estructural en pleno desarrollo. “Los posgrados son la última etapa de la formación universitaria en la cual se consolidan no sólo los conocimientos técnicos en una determinada disciplina sino también las identidades ideológicas y las relaciones con el medio local y extranjero tanto institucionales como sociales”.

Para esclarecer la naturaleza específica que asume el bloque de poder que sustenta al gobierno actual a través de sus intelectuales orgánicos se requiere analizar también la procedencia laboral o institucional de los funcionarios. Más del 70 por ciento de ellos provienen de representaciones del capital, ya sean directas en las propias empresas, o indirectas en entidades auxiliares como cámaras patronales, fundaciones, consultoras y estudios jurídicos, contables o financieros. El grueso de aquellos con origen en representaciones directas del capital ocupó cargos en bancos transnacionales y empresas extranjeras (casi 30 por ciento del total de la muestra), mientras apenas el 6,7 por ciento desde grupos económicos locales. No llegan al 30 por ciento aquellos que provienen de otros cargos en la administración pública, la mitad de ellos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que PRO ocupó en los últimos ocho años. El detalle que vale la pena guardar, consta en el cuadro.

“Los bancos transnacionales constituyen la actividad con mayor cantidad de funcionarios, seguida por la producción y refinación de hidrocarburos y diversas prestadoras de servicios donde se cuentan las compañías distribuidoras de electricidad, las telefónicas y de informaciones. Lo llamativo es que los funcionarios que provienen de la actividad industrial son sólo dos (de General Motors y L'Oreal) mientras que el agro pampeano no aporta ningún funcionario”. Pero la producción agropecuaria está representada por funcionarios llegados desde firmas de la sociedad civil auxiliares de los sectores dominantes, como Aacrea, CRA, Aprogran, Caidira y la Cámara de Feedlot. La producción industrial tiene sólo dos representantes, provenientes de la UIA y la Copal, lo cual expresa una desjerarquización de una actividad fundamental en términos del progreso técnico, ocupación y generación de valor agregado. Lo más representativo de esta fracción del capital son los grupos económicos locales Techint y Arcor, de presencia muy reducida en el gabinete gubernamental.

El objetivo prioritario

Si bien las medidas implementadas suponen un aumento de la rentabilidad y por ende un teórico incentivo a la inversión, “la caída de la demanda interna ejercerá presiones contrarias en un escenario en el que los mercados externos no dan indicios de expansión sino más bien lo contrario”, dadas la crisis que golpea a Brasil, la marcada desaceleración de la economía china y la larga recesión en los países europeos. La tendencia al descenso de los precios agropecuarios y las dificultades para colocar los productos “hacen que el efecto de la notable devaluación tenga una escaso impacto en términos de las ventas externas y su resultado sea casi exclusivamente la reducción de la masa salarial en términos reales, que por otra parte es el objetivo prioritario de la política gubernamental”. Otro cambio estructural, el desarrollo del silo bolsa, ha convertido a los granos en una suerte de activo financiero ya que les permite a los grandes productores operar sobre la base de diversas alternativas posibles. Esto hace que no se liquide una parte significativa del stock de granos existente si la rentabilidad esperada no supera la de las operaciones alternativas, incluida la posible devaluación del tipo de cambio. A partir de la crisis de fin de siglo la dolarización de la cúpula del poder económico iniciada en 1976 se propagó a la alta burguesía argentina y extranjera radicada en país, de modo que los empresarios y los sectores de altos ingresos en general estiman su rentabilidad en dólares. Desde entonces una devaluación redunda en el rápido incremento masivo de los precios de todos los bienes y servicios.

El propósito de apuntalar el crecimiento a partir de la mayor rentabilidad de la producción agrícola y agroindustrial, también se aprecia en la reducción o eliminación de buena parte de las retenciones a los productos agroindustriales, que según la Fundación Mediterránea implica una resignación fiscal de 3600 millones de dólares anuales y, esta semana, a la minería, que dejará de aportar otros 300 millones. Pese a ello, los exportadores no cumplieron el compromiso asumido de liquidación de divisas y de este modo están forzando una devaluación adicional, que ya llega al 50 por ciento. Su poder de fuego no es desdeñable: según el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, los granos por liquidar eran equivalentes a 8000 millones de dólares, pero antes de dejar la AFIP, Ricardo Echegaray estimó que implicaban 13.000 millones de dólares. Además se eliminaron los controles a las exportaciones de cereales y carne vacuna y no se aprecian medidas contundentes de protección industrial, con lo cual pese a la caída de los costos salariales y la quita de derechos de exportación la producción fabril no tendrá un rol central en el proceso de acumulación, salvo en el caso de la agroindustria. Ello no parece desvinculado de la composición y procedencia laboral de los intelectuales orgánicos del nuevo gabinete, cuyas representaciones sectoriales denotan sesgos hacia actividades primarias y financieras, que han recibido medidas que tienden a conferirles elevados beneficios y a reiniciar un ciclo de endeudamiento externo, a partir del Megacanje II y la negociación con los fondos buitre. Esta es una prioridad para la nueva gestión, relevante para el patrón de acumulación que intenta imponer el bloque dominante y condición sine qua non para sostener la cantidad de dólares disponibles en el escenario de restricción externa.

Conflictos interoligopólicos

A partir de la sobrerrepresentación de los bancos transnacionales, del oligopolio petrolero y las distribuidoras de electricidad y de la falta de representación de firmas industriales extranjeras, el estudio prevé políticas tendientes a profundizar la reprimarización de la economía y por ello “potenciales conflictos interoligopólicos”.
Esta administración “está bajo la égida del capitalismo internacional, razón por la cual no es dable esperar de la misma sino políticas de corte netamente ortodoxo cuya aplicación estará signada de conflictos sociales que no solamente tendrán como protagonistas a los sectores populares que buscan disciplinar sino también a otros dentro del mismo bloque de poder e incluso dentro de la fracción hegemónica”. Entre las dificultades con las que puede tropezar la nueva política económica, el informe también se centra en características estructurales resistentes al cambio. Los aumentos de precios (que el estudio estima en hipótesis de mínima en 4 por ciento en diciembre y enero y de máxima en 6 y 5 por ciento en esos meses) implican un retroceso del salario real a partir de septiembre de 2015 de entre el 9,7 y el 12,2 por ciento, con el consiguiente incremento de pobreza e indigencia. El piso del incremento salarial para recuperar ese poder adquisitivo perdido tendría que estar en torno del 35 por ciento y no del 20-25 por ciento que pretende Macrì. Ilusionado en la magia de las palabras, el gobierno insiste en que la inflación irá en descenso y por eso está dispuesto a aceptar el desdoblamiento de las paritarias que el kirchnerismo siempre rechazó, con la idea de aumentos menores ahora y una segunda vuelta en el próximo semestre. Esto aliviaría las tensiones inmediatas, pero tendría un potencial peligroso si sus vaticinios voluntaristas no se cumplieran. La inflación también erosiona la mejora de la competitividad externa, como ya ocurrió en 2014. “Eso se intentará mitigar con la suba de la tasa de interés y la reducción del nivel de consumo (de ahí la necesidad de reducir los salarios reales y el nivel de empleo). Por eso las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra” que intenta utilizar el gobierno.