Periodismo y ética profesional

Jorge Luis Bernetti (*) — 2015-09-28T15:30:00Z

Gustavo Bulla, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA escribió a propósito del escándalo protagonizado por Fernando Niembro: “La mayoría de los periodistas más destacados de la radio y la televisión comparten su actividad informativa con la administración de importantes carteras de anunciantes, mala costumbre surgida al calor del neoliberalismo y naturalizada en medios argentinos. ¿Existe un conflicto con la ética profesional? Sin dudas. No obstante a ningún comunicador que entrevistó a Niembro le llamó la atención”.

La oportuna observación de Bulla constituye tanto una verdad como una denuncia que replantea el tema de la observación de códigos de ética profesional periodística en la Argentina. La presente discusión acerca de los contenidos, la orientación ideológica y el régimen de propiedad de los medios de comunicación a propósito de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parece haber dejado de lado el tema del comportamiento ético de los profesionales periodísticos. Es un tema complementario de aquella pero específico. Inclusive muchos comunicadores, también del campo progresista, dejan de cumplir con las directivas de la mencionada legislación que obliga a brindar publicidad en medios audiovisuales en un compartimiento separado de transmisión de otros contenidos. No obstante, muchos mensajes calificados eufemísticamente como “publicidad no tradicional” (PPT) se desparraman en una inapropiada mezcla con la línea específica de los programas.

Diversos comunicadores de medios importantes reciben avisos para programas de televisión por cable o radio de ínfima audiencia, lo que parecería convertirse en un seguro de protección para el avisador público y privado cuando debe ser citado en la emisión que sí tiene público.

El trabajo en oficinas públicas de información o empresas privadas se yuxtapone, en no poco frecuentes ocasiones, con desempeños profesionales en medios en los que se debe informar acerca de temas competencia de aquellas.

Los sindicatos y organizaciones profesionales de los trabajadores de prensa deberían contar con un código de conducta y un tribunal de aplicación del mismo para que el público, que debe ser y no es el gran privilegiado de la comunicación, sepa que quién le informa está distanciado de intereses que son incompatibles con la responsabilidad de suministrar noticias.

Es la política neoliberal la que ha impuesto unas condiciones profesionales que reducen los salarios y presionan hacia la búsqueda de compensaciones indirectas. Cambiar las condiciones de trabajo, organizar la consideración del tema ético profesional y colocar el tema como debate público es imprescindible. Al lado de la lucha por la democratización de la propiedad de los medios y imprescindible democratización, se alinean los de la capacitación profesional y los de la responsabilidad ética de los comunicadores. El caso Niembro lo pone otra vez sobre el tapete y también exhibe la dificultad social para asumirlo.

*Profesor titular FPCS-UNLP

Elecciones, Fraude, Democracia

Jorge Luis Bernetti (*) — 2015-09-16T20:10:00Z

Las movilizaciones opositoras producidas en el escrutinio de las recientes elecciones de Tucumán se constituyeron en la punta de lanza del proyecto de deslegitimación del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e, incluso, como arranque para también deslegitimar e ilegalizar en octubre el triunfo del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.

Lo central del operativo es el trabajo publicitario con el concepto “fraude” en el que se acumulan indiscriminadamente robo de boletas, quema de urnas, sistema electoral, boletas electorales, métodos proselitistas, clientelismo y críticas al mensaje político del oficialismo. Con la movilización callejera de su militancia, la oposición política- unificada en Tucumán- procuró no solamente la anulación de los comicios, sino la modificación sobre la marcha y en pleno desarrollo de la campaña electoral nacional, del sistema de votación.

La confusión planteada por la oposición es, al mismo tiempo, deliberada y producto de su propia confusión. Al final de las elecciones perdidas asoma siempre la amenaza de la lucha de calles como forma de impedir la victoria electoral del FpV y lograr que un “presidente provisorio” se haga cargo del gobierno- como lo propuso Joaquín Morales Solá en “La Nación”, hasta que se celebren nuevas elecciones bajo reglas fijadas al calor de la confusión, generada y auto incentivada.

No solo los comicios de Tucumán indicaron una victoria del FpV, más allá de los condenables sucesos que no alcanzaron a modificar el resultado; revelan, por otra parte, el invertebrado programa opositor. Porque de lo que se trata es de plantear, frente a este tema, el de mejorar el funcionamiento electoral, la discusión de las bases de una reforma política, una reforma electoral y una reforma de los comicios.

Es típico de la exposición opositora negar el significativo mojón del establecimiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo de transparencia y apertura radical de un mecanismo democrático para la elección de los candidatos y la creación de espacios televisivos y radiofónicos repartidos proporcional y gratuitamente para esos comicios y los generales sucesivos.

Es curioso que se insista primero en que se democraticen los comicios para elegir los candidatos y luego surja el cansancio supuesto o real de “la gente” y “los periodistas” por las variadas elecciones que las reformas existentes generaron. Existen demandas de propuestas de cambio, diversas y contradictorias por cierto, entre los opositores, pero también variadas iniciativas desde el campo oficialista.

Podría pensarse, por ejemplo, que para evitar la superposición de candidatos y posiciones en juego, que se separen los comicios presidenciales y legislativos nacionales, de los gubernativos y legislativos provinciales. Para evitar la sumatoria de comicios podrían desarrollarse en una jornada primera los comicios nacionales con sus respectivas PASO y luego en otra fecha, los gubernativos. Si la duración fuera establecida en cuatro años para todas las categorías (presidencial, gobernadores, senadores y diputados nacionales y legisladores provinciales), ello permitiría a mitad de mandato de aquellos (a los dos años) realizar en todo el país, los importantes comicios municipales. Pero si esa reforma, una de las posibles y no por cierto la única se concretara, ello debería implicar la reforma de la Constitución Nacional y de todas las cartas magnas provinciales. Por otra parte, la aplicación nacional de un mismo sistema de votación (boleta única en sus diversas variantes o voto electrónico en las propias), propone implícitamente un acuerdo nacional e interprovincial. Ello implica un debate importante, de por lo menos seis meses, conducido por una comisión bicameral del Congreso de la Nación que concluiría necesariamente con el consenso posible que, sin duda, obligará a ceder posiciones y lograr acuerdos en donde las minorías tendrán que entender que sus derechos no pueden superar a los de las mayorías.

También será posible diseñar la creación de un Instituto Nacional Electoral y de Partidos Políticos que reemplace a la actual Dirección Nacional Electoral dependiente del Ejecutivo, para crear en su reemplazo un organismo descentralizado bajo el control del Congreso Nacional. La vida de los partidos políticos está protegida por el artículo 38 de la Constitución Nacional, incorporado en 1994 al texto supremo. Las garantías contenidas en el mismo tienen que desarrollarse en profundidad, lo que implicaría la reforma e incluso el dictado de nuevas leyes, las que requieren por definición explícita de la Carta Magna de una votación de la mitad más uno de los integrantes de Senadores y Diputados nacionales.

El tema del fortalecimiento de los partidos no aparece en los reclamos opositores, quizás porque su visión de la política se basa en las concepciones neoliberales que colocan los procesos de elección de los candidatos bajo el control de minorías, de poderes publicitarios y de financiamiento privado. Sin embargo, cuando se necesitan fiscales para los comicios aparece la debilidad de los partidos por la falta de militancia. Y, contradictoriamente, la formación de nuevos partidos tiene hoy una enorme facilidad lo que genera la presencia de organismos que sirven, sobre todo, para ser “alquilados” en las aventuras políticas más diversas. En una reforma de partidos probablemente deberán sostenerse mecanismos para el establecimiento de partidos que fortalezcan las corrientes de opinión vigentes de todos los signos y eludir los oportunismos del mercado electoral. Quizás deba incluirse en este marco la caducidad de las afiliaciones ciudadanas de todos los partidos vigentes a la fecha que tienen un piso establecido en 1983 y depurar así a todas las organizaciones políticas.

La magnitud de estas u otras reformas del sistema partidario, electoral y comicial implica un debate serio, participativo y federal. Va más allá de la realización de una elección presidencial cuya limpieza está garantizada, como lo ha estado en los años de la democracia post dictatorial y en todos los momentos en que los movimientos populares tuvieron la responsabilidad de ejercer el poder. Si un cambio profundo debe generarse en el sistema político del país, éste no podrá partir de un espasmódico y oportunista juego de parches aplicados sin reflexión. Si las reformas jurídicas necesarias se producen finalmente, ello sería la base no la cumbre de ese proceso. Mucho menos cuando el aparato comunicacional hegemónico, propulsor del desprecio de la política, rechaza la seriedad y profundidad de este cambio cuya garantía está en la propuesta y la movilización del movimiento popular.

*Profesor de la FPCS-UNLP

Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

Periodismo y ética profesional

Elecciones, Fraude, Democracia