Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

La justicia pone la lupa en el desguace de Capital Humano

Matías Ferrari — 2024-06-28T17:25:39Z

El juez federal Osvaldo Recondo intimó a la ministra a responder en un plazo de cinco días los motivos del cierre de los 59 Centros de Referencia que su cartera tenía desplegados en todo el país. Fue a raíz de un amparo de organizaciones sociales, que denunciaron que el Estado se retira de los barrios y abandona a su suerte a los más vulnerables. Los centros podrían haber sido utilizados para repartir los alimentos.

A la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le siguen lloviendo planteos judiciales. Esta vez fue el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, el que la intimó a responder en un plazo de cinco días por qué motivos mandó a cerrar los 59 Centros de Referencia (CDR) que su cartera disponía en casi todo el país. Los CDR funcionaron durante las últimas dos décadas como la primera ventanilla del Estado en los territorios para tramitar todo tipo de programas sociales, desde la Tarjeta Alimentar hasta un certificado de discapacidad o los medicamentos de alto costo que entrega la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Pero la ministra decidió en marzo pasar la motosierra: dejó de pagar los alquileres de las oficinas donde funcionaban, retiró el mobiliario y despidió a unos 200 trabajadores. Ahora tendrá que explicar cuál sería el plan para reemplazar esa pata territorial indispensable para aplicar las políticas públicas que están bajo su responsabilidad.

La resolución del juez fue en respuesta a un amparo colectivo presentado por las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA de Los Trabajadores, y podría convertirse en una medida cautelar que le ordene revertir el ajuste si la ministra no cumple con los plazos previstos o no puede explicar de qué forma planea garantizar los derechos afectados.

En marzo, cuando comunicó el cierre de los CDR, Pettovello justificó la medida en base al "ahorro" que implicaba para su cartera. Con los despidos y el cierre de los locales, según un comunicado de Capital Humano de aquel entonces, se aseguró un ajuste de "5.000 millones de pesos anuales". Pero para las organizaciones que presentaron el amparo, la lógica detrás del desguace de los CDR no pasa tanto por un recorte presupuestario puro y duro, sino más bien por la voluntad de la administración libertaria de recortar funciones estatales y retirarse de los territorios.

"Los trabajadores y los más vulnerables son los principales beneficiarios de los CDR, sobre todo a nivel federal, porque funcionan como la primera oficina estatal para gestionar cualquier ayuda social, algo que sigue siendo complejo en barrios populares alejados de los centros urbanos", explica Rubén Schaposnik, del Frente Barrial de la CTA. "Lo que está haciendo la ministra es sacarse de encima una responsabilidad, otra más. Descentralizar y que sean las provincias y los municipios los que asuman los costos, aunque sin transferirles un solo peso. Mientras tanto, deja tierra arrasada y destruye el vínculo construido por el Estado con los sectores populares", asegura.

Pettovello tendrá cinco días para explicarle al juez qué plan alternativo tiene ideado para garantizar el acceso en los barrios más complejos a los programas sociales, los medicamentos y otras ayudas que brinda su cartera. Lo más probable es que termine insistiendo en los mismos argumentos que ya comunicó en marzo, cuando mandó a cerrar los CDR: que eran sólo "una de las caras de la burocracia estatal" y que esos trámites pueden resolverse a través de una línea telefónica.

Desde ATE Capital, uno de los gremios que acompañó el planteo judicial, responden que esa línea telefónica anunciada, pasados tres meses, nunca se implementó. Directamente no existe. Y agregan que, igualmente, "la asistencia social no se puede reemplazar con un 0800". "Despersonalizar es parte del ejercicio de la crueldad que lleva adelante este Gobierno", sostienen.

Según el amparo presentado por las organizaciones, durante el año pasado se gestionaron más de 4 mil trámites para la compra de medicamentos a través de los CDR. También se concretaron más de 7 mil ayudas económicas de todos los programas vigentes. "Su continuidad es esencial para garantizar que ningún rincón de Argentina quede desatendido", concluye el escrito.

Los CDR y los alimentos

No es la primera vez que Pettovello tiene que dar explicaciones a la justicia por los efectos del plan motosierra. Ya le había pasado con la DADSE y también con los alimentos. La orden que le impuso este jueves el juez Recondo tiene puntos en común con la intimación que en su momento le aplicó el juez Sebastián Casanello respecto de las toneladas de cajas de leche en polvo prontas a vencerse que estaban retenidas en los galpones de Capital Humano. La ministra tuvo que presentar un plan de reparto a las apuradas y terminó distribuyendo la leche a través de la polémica Fundación Conín.

Esa fundación, además de los cuestionamientos por las inefables declaraciones de su fundador, Abel Albino —llegó a decir que el preservativo "no funciona para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual"— no reunía las condiciones de logística para la tarea, dada su acotada presencia territorial, con huecos enormes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

Según el planteo de las organizaciones y los gremios, los CDR, que están repartidos en 19 provincias y contaban en marzo con más de 600 empleados, podrían haber servido como centros de distribución de los alimentos retenidos que la justicia ordenó repartir. Pettovello tenía una posible solución a mano, pero los había desguazado.

Un capítulo más de los desaguisados de su gestión, que se completa con que la Subsecretaría de Políticas Territoriales, de la cual dependían los CDR, quedó acéfala hace casi un mes. La funcionaria a cargo del área, Lucía Raskovsky, salió eyectada de la mano de Pablo de la Torre en medio del escándalo de los contratos tercerizados —con posibles sobresueldos— de Capital Humano a través de los convenios con la OEI.

Publicada originalmente en: https://www.pagina12.com.ar/747872-la-justicia-pone-la-lupa-en-el-desguace-de-capital-humano

“Todas las medidas repercuten en forma negativa”

Matías Ferrari — 2016-03-30T11:27:04Z

LAS DOS CTA Y ATE CAPITAL DENUNCIARAN HOY AL GOBIERNO ANTE LA OIT POR LAS VULNERACIONES AL DERECHO AL TRABAJO

En un documento de más de 60 páginas, los sindicalistas detallan lo ocurrido en materia laboral en los primeros 100 días de gobierno de Macri, que evalúan como “un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza”.

Mientras el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se prepara para anunciar mañana el saldo de trabajadores que dejó en la calle el proceso de “revisión” de contratos en el Estado nacional, los titulares de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunciarán hoy al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “las vulneraciones al derecho al trabajo” que implicó no sólo la ola de despidos, sino el conjunto de las medidas macroeconómicas. “Todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno repercuten de forma negativa en la oferta de mano de obra, generan vulnerabilidad en el sector trabajador y aumentan el desempleo, violando derechos humanos fundamentales”, sostiene el documento de más de 60 páginas que presentará ATE Capital ante las autoridades de la OIT en el país, a quienes pedirá que la organización se expida condenando el ajuste que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros cien días.

Entre las medidas que caracteriza como “regresivas” para los trabajadores, el escrito enumera “la devaluación y eliminación de los derechos de exportación”, la “apertura económica”, la “desregulación del mercado de capitales” y la “reducción del gasto público”, todos ejes que el propio Presidente señala públicamente como parte de su plan hacia la “pobreza cero”.

“El actual Gobierno, desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, desarrolló un conjunto de medidas económicas, sociales, financieras y previsionales que analizadas en su conjunto, materializan un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza, que causa gravísimas violaciones y restricciones a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la promoción del empleo, consagrado en diferentes convenios y recomendaciones de la OIT”, denuncian los sindicatos en el documento, que será presentado hoy durante la audiencia que Catalano, Yasky y Micheli tendrán con el director de la OIT Argentina, Pedro Furtado.

Entre otras preocupaciones, Furtado escuchará de boca de los dirigentes que desde la llegada de Cambiemos al poder “se vulneran tratados internacionales y derechos garantizados por la Constitución” en función de beneficiar a las patronales del sector agroexportador y financiero, a la par de la “discriminación y la falta de justificativos” con que se dieron los despidos, algo sobre lo que el titular de la organización a nivel mundial, Guy Ryder, insiste públicamente y que se encargó de resaltar en su última visita al país, en diciembre del año pasado.

En sus fundamentos, la denuncia advierte sobre la violación de por lo menos seis de los convenios fundamentales de la OIT, a los que el país suscribe. Entre los principales que cita se encuentra el Convenio 122 sobre el desempleo, que data de la década del 60, y requiere a los Estados miembros que “la política de empleo constituya un elemento esencial de toda política destinada a promover el aumento de los ingresos nacionales y su distribución equitativa”.
Ajuste y represión

En paralelo, cientos de estatales realizarán hoy distintas actividades durante todo el día frente a los ministerios donde hubo despidos a la espera del “jueves negro” de mañana, día límite establecido por el decreto 254/15 firmado por Macri e Ibarra para analizar la situación de cada uno de los 24 mil trabajadores en riesgo de quedar desempleados. Hasta ahora, el número de estatales despedido en el Estado Nacional, las empresas Sociedad del Estado y los organismos descentralizados es de más de ocho mil, y trepa a más de 30 mil si se cuentan los estados provinciales y municipales en todo el país. Por eso, la situación en la que se encuentran miles de despedidos es uno de los ejes centrales de la denuncia. “Quien está desempleado sufre las consecuencias negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de convertirse en víctima de la exclusión social”, remarca el escrito, que advierte sobre los riesgos sociales que provocó el desempleo en la década del 90.

“Los despidos son el núcleo del ajuste”, describió el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien afirmó que el objetivo de la presentación es lograr un pronunciamiento “a la altura de la gravedad de la situación” durante la próxima asamblea de la OIT, que reunirá a sindicatos de varios países a principios de junio. “Precisamente la OIT condenó fuertemente los despidos masivos en Europa, y esperamos que el Gobierno cambie su actitud si se ve en la misma situación que padecen países como España”, sostuvo.

“La política económica está generando condiciones para el desempleo y mayores niveles de pobreza”, justificó Catalano la medida en diálogo con Página/12. “Hasta ahora, esa es la experiencia que siempre tuvo la Argentina al adoptar este tipo de recetas neoliberales”, explicó. Para el secretario general de ATE Capital, “hasta ahora no hubo una sola medida a favor de los trabajadores”, mientras que, en cambio, “se llegó al límite de utilizar la policía para despedir a los trabajadores”.
Discriminación

“La denuncia es una respuesta de los trabajadores frente a la violación del principio básico de la estabilidad laboral, pero además por la carga de discriminación y persecución política que entrañan varios de los despidos”, sostuvo Yasky. En el escrito se citan textuales del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en los que afirma: “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. El objetivo de denunciar actos de discriminación y persecución política. “Los despidos y el discurso contrario a los trabajadores estatales se ha extendido y generalizado de forma paralela”, explica, “generando una idea extremadamente discriminatoria de que todo trabajador estatal es ñoqui hasta que se demuestre lo contrario”.

Informe: Matías Ferrari.