Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

El DNU y la Ley Ómnibus de Milei: El programa oligárquico-patriarcal

Secretaría de Género de CTA Nacional — 2024-01-15T16:58:12Z

El DNU 70 y el Proyecto de Ley Ómnibus enviados al Congreso Nacional por el presidente Javier Milei representan -tal como él mismo y su entorno lo han manifestado- un intento de reconfigurar el orden político, social y económico en nuestro país, instaurando las bases que, esperan, hagan posible y perdurable un régimen de dominación que asegure la acumulación de riquezas de un pequeño grupo privilegiado que jamás ha dejado de añorar un país a la medida de su voracidad, ambición, ausencia de patriotismo y falta de humanidad.

Ambos paquetes de medidas, que implican un atropello directo a los derechos de nuestro pueblo y a la democracia republicana que nos hemos dado como sistema de gobierno, pretenden justificarse sobre la base del diagnóstico de una crisis multidimensional que, en su visión, ameritaría tanto el carácter necesario y urgente del decreto como la pluralidad de materias abordadas en el proyecto de ley.

Este proyecto incluye en primer término una desmesurada cesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, de cuya efectivización se derivaría la absoluta anulación de la función parlamentaria, e incorpora en su articulado la aprobación del DNU 70. La maniobra procedimental, el contenido de ambos instrumentos y el modo en que se está desarrollando en estas horas el debate en el plenario de las pocas comisiones que se han constituido en la Cámara de Diputades, no hacen más que ratificar la vocación autoritaria que sustenta el afán del gobierno de “hacer tabla rasa” y refundar un país férreamente ordenado en la clave de la desigualdad.

A través de la derogación y modificación de un número exorbitante de leyes -más de 300 en el DNU 70/2023 y otras tantas en el Proyecto Ómnibus- se pretende desregular la economía y liberar la acción de los grupos que concentran el poder económico a nivel nacional e internacional, reducir la capacidad del Estado para proteger derechos y orientarlo a resguardar los intereses del gran empresariado, y suprimir los derechos de les trabajadores y de la ciudadanía en general, con el propósito de precarizar y devaluar el trabajo, al tiempo que se limitan las posibilidades de organización y manifestación de los reclamos que, previsiblemente, esas mismas medidas generarán.

Contra toda evidencia, el actual presidente ha negado reiteradamente la existencia de las brechas de género en nuestra sociedad. Esta postura no sólo habla de un prejuicio ideológico, sino de una concepción de la organización social que encuentra en el patriarcado un factor decisivo para asegurar la desigualdad de poder y las condiciones de su reproducción. Las feministas hemos explicado una y otra vez la comunión fundamental del orden capitalista y el patriarcado en tanto régimen cultural, social, político y económico que duplica la explotación de, por lo menos, la mitad de la clase trabajadora para seguir reduciendo el valor de la fuerza de trabajo y también para disciplinar al conjunto manteniendo a las mujeres y diversidades enajenadas de la vida pública, sometidas a vigilancia y agredidas por la violencia.

Porque la brecha de género existe, todos los agravios a las condiciones de vida de los sectores populares -incluida la clase media- repercuten siempre de manera mucho más gravosa en mujeres, diversidades y niñeces. El aceleradísimo incremento del costo de alimentos, transporte, energía, alquileres y medicamentos, junto a la devaluación de salarios y jubilaciones, ya está impactando de una manera dramática en las familias trabajadoras, y más aún en aquellas en las que son mujeres quienes están al frente, porque tenemos ingresos más bajos, empleos más precarios y más responsabilidades de cuidados.

Todas las medidas -vía DNU o proyecto Ómnibus- que desregulan la economía, y aquellas que desarticulan normas y áreas del Estado cuya función es proteger y promover derechos, atentan contra el bienestar de todas las personas que no están atrincheradas en la riqueza y los privilegios de que disfrutan unos pocos, pero siempre aún más en quienes más necesitan la presencia de un Estado que resguarde el bienestar de las personas y promueva la igualdad allí donde la ley de la selva del mercado produce desigualdad.

Pero el proyecto político que se pretende vehiculizar a través de estas normas requiere, además, disciplinar al pueblo, desarticular sus organizaciones y suprimir la movilización y la protesta social. También necesita -en ese marco- llamar a las mujeres al orden (del patriarcado), invisibilizar a las personas que perturban ese mismo orden cuando asumen identidades rebeldes, y, por supuesto, disciplinar al movimiento feminista.

Por eso el proyecto Ómnibus destroza la Ley de los Mil Días, sustituyendo la perspectiva de género por el binarismo biologicista y maternalista, y trocando la perspectiva de derechos por una mirada tutelar, al dejar de dirigirse a “mujeres y otras personas gestantes, y niñas y niños hasta los tres años de edad”, para ocuparse de “madres en situación de vulnerabilidad y niños desde la concepción hasta los tres años de edad”.

La propuesta de reforma colisiona abierta y provocativamente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, retomando un lenguaje política, social y jurídicamente retrógrado al hablar del “niño por nacer” y de la condición de niñez “desde la concepción”. En este texto desaparecen las niñas, desaparecen las personas con capacidad de gestar que asumen otras identidades… y desaparecen las mujeres, ahora sólo reconocidas en su condición de madres, y sólo en tanto su condición de vulnerabilidad sea registrada por un dispositivo de detección que promete ir a buscarlas para sujetarlas a una batería de políticas asistencialistas de cuyo repertorio se ha eliminado por completo el objetivo de generar condiciones para el ejercicio efectivo de la autonomía personal. En el mismo sentido, el proyecto Ómnibus se ocupa también de suprimir de la Ley Micaela la definición fundamental de constituirse en un instrumento para luchar contra la violencia por razones de género en la sociedad.

Queremos destacar que la desigualdad de género implica que la crisis y una política que sólo puede agravarla tienen un impacto diferencial -más severo- sobre las mujeres, las identidades en contradicción con la norma heteropatriarcal, las niñeces, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. En esa perspectiva debemos analizar las iniciativas ya mencionadas, pero también la destrucción del sistema previsional solidario; el desguace de la producción nacional, que impactará en pérdida de puestos de trabajo; la modificación de la ley de tierras, que favorecerá a los grandes capitales y a los magnates extranjeros y pone en riesgo la preservación del ambiente; la modificación de la Ley de Salud Mental, y la declaración de la esencialidad de la educación y la salud, que procura cancelar el derecho de huelga.

Debemos considerar, muy especialmente, las consecuencias de una reforma laboral que relaja las sanciones y exigencias a la parte empleadora y favorece, con la informalidad, la precarización del empleo, y que desampara a todos los sectores pero se ensaña perversamente con el trabajo en casas particulares, otra de las actividades altamente feminizadas en nuestras sociedades. La lista de las medidas que nos agreden es mucho más extensa: hay impactos vinculados a la incidencia de la crisis económica y laboral en las condiciones materiales de vida de las personas que trabajan; otros, asociados a la reforma de un Estado que comienza a dar la espalda al pueblo para disponerse a proteger el privilegio de algunos pocos, y consecuencias ligadas directamente al retroceso en derechos y políticas conquistadas para promover la igualdad de género y batallar contra las violencias que se sustentan en esa desigualdad.

Y hay un conjunto de medidas que en tanto apuntan a destruir la capacidad de organizarse colectivamente, movilizarse y manifestar públicamente el desacuerdo, son el complemento previsible -y al mismo tiempo, inadmisible- de un programa antipopular y antidemocrático. Las condiciones que se pretenden imponer para limitar la actuación de los sindicatos y el alcance de los acuerdos logrados a través de la negociación colectiva están claramente dirigidas en ese sentido. La represión de la protesta, las amenazas a quienes participen de manifestaciones, y la persecución penal de quienes las organicen, no tienen otro propósito que completar -junto al apremio que representa el desempleo y la pobreza- el panorama anhelado por las clases dominantes: una sociedad esclavizada, sometida mansamente a los designios de los poderosos, incapacitada para defender el derecho que tenemos a trabajar, vivir, soñar y ser felices en una comunidad solidaria que reconozca y honre el igual valor de nuestra dignidad como personas.

Pero somos mujeres y diversidades trabajadoras que reivindicamos la organización sindical como nuestro espacio de lucha, somos feministas, somos una presencia ya ineludible en el movimiento nacional y popular. Desde esta identidad, desde la diversidad que abrazamos en el reconocimiento de nuestra común condición trabajadora, nos convocamos a seguir construyendo la fuerza colectiva que más temprano que tarde alumbrará la sociedad justa por la que no dejaremos de luchar.

A 11 años de la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género

Secretaría de Género de CTA Nacional — 2023-05-09T18:27:03Z

La sanción de la Ley de Identidad de Género fue una victoria conquistada el 9 de mayo de 2012, tras una larga lucha de las organizaciones, encabezada por el colectivo travesti trans, que se conjugó con la voluntad política del gobierno popular de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La normativa, la primera en América Latina y el Caribe, reconoció a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans y no binaries quienes luego de décadas de persecución y exclusión sistemática comenzaron a ser abrazadas por el Estado.

Desde nuestra Central reivindicamos este gran avance en materia de democratización, conquista de derechos, dentro de un proyecto de justicia social, y seguimos organizándonos para alcanzar los logros que nos faltan, pidiendo la implementación efectiva de la ley de identidad de género y de cupo laboral travesti trans en todo el país, la reparación histórica para les sobrevivientes de la represión institucional por motivos de identidad de género y la inclusión en la seguridad social de las personas mayores travestis y trans.

Recordamos una vez más la lucha de Lohana Berkins, Diana Sacayán, Claudia Pía Baudracco y cientxs de compañerxs que dieron su vida para un proyecto de país que nos incluya a todes les trabajadores y seguimos exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre.

Repudiamos los ataques a defensoras y defensores de los derechos sexuales y reproductivos, y las operaciones antidemocráticas contra el derecho a la información

Secretaría de Género de CTA Nacional — 2016-09-09T18:56:47Z

Desde la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA queremos manifestar nuestra enorme preocupación por una serie de hechos de intimidación.

Desde la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA queremos manifestar nuestra enorme preocupación por una serie de hechos de intimidación, falsas denuncias y amenazas sobre organizaciones y activistas que promueven los derechos humanos de las mujeres, el debate por el derecho al aborto y el acceso a la información de aborto seguro.

Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo al Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini de Buenos Aires, que organizó una charla sobre el tema del aborto. Estas temáticas se inscriben en el marco de lo establecido por la Ley de Educación Sexual Integral y sus contenidos curriculares, que tienen una premisa básica que es el derecho a la información. Las y los jóvenes todo el tiempo están expuestos a discursos, contenidos y mensajes sobre sexo, sexualidad, contenidos eróticos e incluso pornográficos, pero parece que los alertas surgen cuando estos temas se tratan desde el paradigma de los derechos y con contenidos científicos, como son los desarrollados desde la Organización Mundial de la Salud, donde pueden encontrarse los datos de los graves efectos de la ilegalidad del aborto en América Latina y las diversas formas de acceso a los abortos seguros, como el caso de las pastillas de misoprostol. Nos alarma que esta situación haya provocado la apertura de un sumario, que esperamos sea inmediatamente cerrado en favor de seguir apoyando las iniciativas de jóvenes estudiantes que se involucran en acciones colectivas y promueven espacios de formación y debate.

La verdad es que esta supuesta denuncia, de algo que no es un delito, se inscribe no en el contenido de la charla, sino en el intento de atacar a un grupo por su identidad política. Hacemos responsable al diario Clarín como promotor de esta operación mediática, que está inscripta en su autodefinición de “periodismo de guerra”, que incluso en temas como este, no duda en cambiar su histórica línea editorial, más favorable a los derechos personalísimos, por las posiciones de un periodismo ultra conservador y amarillista. La acción política del espacio de género del partido Nuevo Encuentro es conocida por todas nosotras y es de enorme contribución en pos de los derechos de las mujeres y la diversidad, tal como lo hacen tantas otras organizaciones de diverso signo político o social. Llamamos la atención sobre este accionar de la prensa hegemónica direccionadas contra fuerzas políticas en una clara persecución ideológica, que recae no casualmente sobre organizaciones que han sufrido también ataques de destrucción de sus locales partidarios e incluso con armas de fuego. Como puede leerse en las redes el hostigamiento a la referente de ese espacio Emelina Alonso, con quién también nos solidarizamos.

No es ajeno a este clima criminalizador de las líderes sociales y populares las amenazas que han sufrido diversas compañeras del colectivo de Socorristas en Red-feministas que abortamos. Por esta razón también hacemos llegar todo nuestro apoyo a la colectiva feminista Las Revueltas de Neuquén y las compañeras de la Red de Socorristas de Córdoba, que han sufrido amenazas y operaciones de prensa, orientadas a deslegitimar su acción en favor de los derechos de las mujeres y del derecho a la información de mujeres en situación de aborto. Tal como ellas señalan, es una acción por la vida y la libertad de las mujeres. Seguimos planteando la imperiosa necesidad del aborto legal, seguro y gratuito, tal como propone la Campaña Nacional de la que formamos parte.

Estela Díaz, CTA Nacional
Laura Sotelo, ATE Capital
Karina Nicoletta, Subte
Mónica Ingravidi, Foetra
Romina Pereyra, CTA Matanza
Cristina Echegoyen, Suteba
Florencia Losio, Sitraju Nacional
Carolina Brandariz, UTE