Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

CTERA - 11 de septiembre | Día de la Maestra y el Maestro

CTA Comunica [ER] — 2026-09-11T16:06:39Z

Desde CTERA saludamos a todas y todos los trabajadores de la educación que, cada día, sostienen la escuela pública y hacen de la enseñanza una herramienta para construir un futuro con más derechos e igualdad.
En un contexto de ajuste y desfinanciamiento, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública, con salarios dignos, Paritaria Nacional Docente, más presupuesto para educación, defensa de la jubilación docente y la restitución del FONID.
¡Feliz Día de la Maestra y el (…)

- La Central - Organizaciones / CTERA, Sonia Alesso

Argentina inquilinizada

CTA Comunica [ER] — 2026-09-10T23:18:32Z

El Decreto 70/2023 y el proyecto aprobado por el Senado no significan la retirada del Estado del mercado del alquiler. Son su reubicación: el Estado dejó de estar del lado de quien necesita un techo para ubicarse del lado de quien tiene la llave. No es que el Estado se haya retirado del mercado del alquiler: decidió intervenir en favor del propietario y de la especulación financiera.

Por Jaime Sorin, para La Tecl@ Eñe

En diciembre de 2023, el Decreto 70/2023 derogó la Ley 27.551 y devolvió la relación entre propietario e inquilino al derecho común, al Código Civil y Comercial donde rige la autonomía de la voluntad entre partes que no llegan a la mesa de negociación en pie de igualdad.

Pierre Bourdieu explicó, en "Sobre el Estado", que el poder estatal no actúa únicamente prohibiendo o permitiendo: actúa produciendo las reglas del juego, clasificando qué cuenta como un contrato válido y legitimando esa clasificación. El Decreto 70/2023 hizo exactamente eso. No retiró al Estado del mercado del alquiler: redefinió las reglas. Un contrato sin plazo mínimo, sin índice de referencia, pactado en dólares, dejó de ser la excepción para convertirse en la norma - porque el Estado, con su firma, así lo decidió.

**El derecho que se volvió excepción: el nuevo mapa inquilino**

Desde que el primer gobierno peronista facilitó la conversión de la llave alquilada a la escritura propia, revirtiendo la proporción de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires de 70% en 1943 a 30% en 1955; este número bajó de manera casi ininterrumpida hasta tocar un piso histórico de 22,2% en 2001 - cincuenta y ocho años de consolidación de la sociedad propietaria. Y ahí, en el piso, se invirtió: 24% en 2003, casi 30% en 2010, 36,8% en el Censo 2022, 36,2% en el informe CEPA de este año. Sin pausa, durante más de veinte años seguidos.

Es decir: la inquilinización no es un fenómeno nuevo, sino la segunda mitad de un ciclo de un siglo. La primera mitad produjo, a fuerza de intervención estatal - congelamiento, crédito, subdivisión horizontal - una sociedad de propietarios. La segunda, con la lógica exactamente inversa - desregulación en lugar de control de precios - la está deshaciendo.

No la inventó la desregulación, aunque la desregulación la haya dejado sin red.

El proceso venía de antes, y venía cubierto por un piso normativo, insuficiente, pero piso al fin. Lo que había hecho la Ley 27.551, sancionada en 2020, fue reconocer con veinte años de atraso, esa tendencia y ponerle algunas reglas mínimas: plazo de tres años, un índice oficial de actualización, un registro de contratos. El Decreto 70/2023 derogó todas con un mismo movimiento. Cayó el plazo mínimo, librado ahora al "acuerdo entre partes". Cayó el Índice para Contratos de Locación. Cayó el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles. Cayó el tope al depósito de garantía. Se habilitó, además, lo que antes estaba prohibido: pactar el alquiler en dólares. No se trata de una simplificación administrativa. Se trata de una redistribución de poder: cada una de esas normas era, en los hechos, el único instrumento con el que un inquilino podía discutir, de igual a igual, con quien tiene la llave del inmueble.

**Del contrato al juzgado**

La desregulación del contrato no fue el único frente que se movió. El 6 de agosto de 2026, el Senado le dio media sanción a un proyecto que sus impulsores bautizaron ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El capítulo que interesa acá no toca el contrato: toca lo que pasa una vez que el contrato ya se rompió y el conflicto llegó a un juzgado. El proyecto lleva el juicio de desalojo por falta de pago al trámite sumarísimo, el más breve que prevé el Código Procesal, y reemplaza la caución real que el propietario debía dejar para poder desalojar antes de la sentencia por una simple declaración jurada sin ningún respaldo patrimonial detrás. La contracara de esa celeridad es la prueba. Menos tiempo para litigar no es sólo menos tiempo: es, también, menos garantías.

El riesgo mayor recae, otra vez, sobre quien menos protegido está: el proyecto elimina la prueba testimonial, el único recurso de un inquilino que paga en efectivo y sin recibo - una informalidad que se volvió moneda corriente desde la derogación de la Ley 27.551 en 2023 - para demostrar que pagó.

Si Diputados lo confirma, la secuencia queda cerrada: en 2023 se le sacaron al inquilino las herramientas para discutir el contrato; en 2026 se le acortarían también las herramientas para discutir, en tribunales, que ese contrato se rompió como dice el propietario y no como puede probarlo quien lo habita.

**Valor de uso versus valor de cambio**

Según CEPA (mayo 2026) la oferta de unidades en alquiler en la Ciudad creció entre 80% y 120% desde la salida de la ley, y los precios reales, descontada la inflación, volvieron en 2026 a niveles similares a los de 2021, después de una fuerte volatilidad a fines de 2023. Sin embargo, esto no es sinónimo de justicia, ni de alivio: es, sobre todo, el resultado de que ahora compite más oferta por captar una demanda que no tiene alternativa habitacional.

En dólares, medidos al tipo de cambio MEP desde la devaluación de diciembre de 2023, los valores subieron 220% para un monoambiente, 225% para dos ambientes y 219% para tres ambientes. En pesos, el alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad ya supera los $704.000 mensuales - $1.358.875 en Puerto Madero, $661.925 en Lugano -, y el peso de ese alquiler sobre los ingresos familiares supera largamente el 30%, que la literatura internacional considera el umbral de asequibilidad. Del otro lado del mostrador, la rentabilidad bruta anual promedio de un departamento en alquiler pasó del 3,48% en octubre de 2023 al 6,22% en junio de 2026 - la más alta en quince años, según el propio relevamiento del sector -: de 3,57% a 6,37% en un monoambiente, de 4,1% a 6,56% en dos ambientes, de 3,51% a 6,41% en tres ambientes. En apenas tres años, se duplicó.

Falta todavía un tercer número en esta cuenta: el del lado del salario. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, mientras los alquileres subían 423% y la inflación general 209%, el alquiler se encareció 69% en términos reales. En el mismo lapso, el salario formal privado apenas se movió: está 4% por debajo de noviembre de 2023. El del empleado público nacional, en cambio, acumula una caída real del 36,5% desde fines de ese año. No hay categoría de ingreso que le haya seguido el ritmo al alquiler. El 48,5% de los inquilinos destinan la mitad o más de su salario sólo al alquiler (Encuesta Nacional Inquilina, julio 2026) como resultado de una tijera que se sigue abriendo: el alquiler subiendo, el salario, en el mejor de los casos, quieto.

Ahí están los números que hacen falta para entender qué fue exactamente lo que se desreguló: no el mercado en abstracto, sino la distribución del riesgo entre quien tiene la propiedad y quien tiene la necesidad. La vivienda dejó de pensarse, otra vez, como valor de uso, para administrarse enteramente como valor de cambio; la misma lógica que convierte al departamento vacío en una caja de seguridad, convierte ahora también al alquilado en un activo cuyo rendimiento importa más que el techo que provee.

[Imagen: https://www.infobae.com/resizer/v2/KG2T4ISJTBHEDOHZZZ5BX6GE7A.jpg?auth=3686be052549a31a5f6f91a5f034dcd30ce0a3572bec7f476aba1f54914645d5&smart=true&width=1200&height=675&quality=85]

**La generación sin llave propia**

Si la inquilinización tiene una cara generacional, es la de los adultos jóvenes, y el dato desmiente el prejuicio de que se trata sólo de un problema de pobres. Los hogares con jefe o jefa de entre 30 y 39 años tenían, en 2021, casi 13 veces más probabilidades de alquilar que los mayores de 60 - una brecha que en 2003 era de 6,4 veces -; entre los menores de 30, la chance se multiplica por 16, y los hogares unipersonales la triplican. Pero además - y esto es lo que rompe el sentido común - los hogares de mayor nivel socioeconómico tienen el doble de probabilidades de ser inquilinos que los de menores ingresos. No es un problema exclusivo de los sectores populares, que ya conocían el hacinamiento, el desalojo, la informalidad: es un problema que subió de clase social sin dejar de ser, en el fondo, el mismo problema. Es la generación que primero y más directamente absorbe los efectos del Decreto 70/2023: la que firma contratos más cortos, sin índice de referencia oficial y sin garantías protegidas, porque no le queda otra alternativa que aceptar las condiciones que se le ofrecen. ¿Qué le queda a esa generación cuando no hay plazo mínimo que la proteja de una renovación caprichosa, ni índice que la proteja de un aumento discrecional, ni registro que documente lo que efectivamente firmó?

Para esos mismos adultos jóvenes, comprar una vivienda es directamente teórico. La edad promedio de quien accede a un crédito hipotecario en el Banco Nación es de 41 años - un dato que dice, con más elocuencia que cualquier diagnóstico, para quién está pensado el sistema de crédito -, y ni siquiera a esa edad el acceso es automático: la cuota no puede superar el 25% o el 30% del ingreso según la línea, lo que exige un ingreso de $3.059.973 pesos mensuales para afrontar una cuota de $764.993. Sin crédito y sin ahorro, no queda otra alternativa que alquilar o seguir viviendo en la casa de los padres: cuatro de cada diez jóvenes de entre 25 y 35 años no logran independizarse, según un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano de marzo de este año, y un monoambiente en la Ciudad ya cuesta más de $704.000 mensuales - más del 75% de un salario joven promedio de $900.000 -, destinado enteramente a un techo que, además, no va a ser propio.

**Lo que el mercado no va a resolver**

La ecuación actual - más oferta, mejor rentabilidad, precios reales relativamente estables - depende enteramente de que la macroeconomía no se mueva. Sin plazos mínimos, sin índice de referencia y sin registro de contratos, no queda ningún mecanismo institucional que amortigüe un salto de precios si la inflación o el dólar vuelven a acelerarse. La desregulación no eliminó el riesgo habitacional: lo dejó enteramente del lado de quien alquila. En este sentido, el problema no se resuelve solamente con el regreso puro y simple de la ley derogada, sino discutiendo cómo hacemos realidad el derecho a la vivienda y al hábitat adecuados y qué función social debe cumplir la vivienda en un país cuya capital ya tiene un hogar inquilino cada tres.

El alquiler no debería pensarse como el opuesto de la vivienda propia, sino como su complemento. No una rampa hacia la precarización habitacional: una vía legítima de acceso a la vivienda y al hábitat digno. Para eso hacen falta instrumentos que ya se conocen y que sólo requieren voluntad política para aplicarse:

**-** Un plazo mínimo de contrato y un índice oficial de actualización, con reglas claras y previsibles para ambas partes, no sólo para el propietario.

**-** Un registro obligatorio de contratos que permita, además de dar seguridad jurídica, dimensionar en serio el fenómeno y diseñar política pública con datos reales.

**-** Un gravamen diferencial a la vivienda ociosa - a esas unidades que funcionan como cajas de seguridad y no como techo - que desaliente la especulación y empuje oferta real al mercado.

**-** Líneas de garantía pública, o banca de garantías para inquilinos, que reemplacen al garante propietario como filtro de acceso.

**-** Incentivos fiscales para quien alquile de manera formal y a precio razonable, en vez de dejar que la informalidad y la vivienda ociosa salgan más baratas que cumplir la ley.

**-** Mecanismos de mediación y resolución de conflictos previos a un juicio.

**-** Un parque de vivienda pública en alquiler que funcione como referencia de precio frente al mercado privado.

**-** Un banco de tierras públicas y mecanismos de captura de plusvalía urbana - cesiones obligatorias, contribución por mejoras - que abaraten el suelo disponible y amplíen la oferta de vivienda, en alquiler y en propiedad, en las zonas donde hoy la especulación la vuelve inaccesible.

No son medidas exóticas: son, en distintas variantes, las que ya rigen en buena parte de las ciudades europeas que la Argentina mira como espejo cuando le conviene y olvida cuando no.

El Decreto 70/2023 y el proyecto aprobado por el Senado no son, entonces, la retirada del Estado del mercado del alquiler. Fueron su reubicación: el Estado dejó de estar del lado de quien necesita un techo para ponerse, sin decirlo, del lado de quien tiene la llave. No es que se haya retirado del mercado del alquiler: es que decidió intervenir del lado del propietario y de la especulación financiera.

Y hay que señalarlo sin miedo: si el Estado neoliberal pudo intervenir para favorecer a los de arriba y a la economía rentista, otro Estado puede hacerlo en el futuro para sostener a los de abajo en una sociedad basada en la solidaridad y el bienestar de las mayorías.

20 de agosto de 2026.

Ver en línea : Argentina inquilinizada – Por Jaime Sorin

LA JUSTICIA PONE UN FRENO A LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA

CTA Comunica [ER] — 2026-09-10T20:24:47Z

La Cámara Federal de La Plata ratificó la cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones respecto del acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano. Mientras continúa el intento de privatización, sigue en riesgo la apertura de sobres prevista para el 15 de septiembre. La lucha continúa: el agua es un derecho humano y no se vende.

La CTA T celebra que la Cámara Federal de La Plata haya ratificado la cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.

Es otro revés judicial al propósito de entrega y privatización total como política de estado de este gobierno.

Sin embargo, sigue latente el peligro de apertura de sobres de licitación el 15/9 por la Res. 1386 del Ministerio de Economía.

Por lo tanto, convencidos siempre de que luchar tiene sentido, seguiremos alertas y movilizados para continuar defendiendo los derechos del pueblo trabajador.

El agua es un derecho humano y no se vende

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL CON CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

CTA Comunica [ER] — 2026-09-09T20:36:25Z

Este jueves 10 de septiembre comienza en La Plata el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la planta de Molinos Río de la Plata de Avellaneda durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal N.º 2 juzgará a Emilio Parodi, exjefe de Personal de la empresa, acusado por su presunta participación en los secuestros y desapariciones de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, tres trabajadores aceiteros que fueron secuestrados el 7 de julio de 1976.

El juicio tiene una enorme importancia para el movimiento obrero porque no se trata solamente de reconstruir la historia de tres compañeros desaparecidos. Se trata también de investigar la responsabilidad que pudieron haber tenido integrantes de la estructura empresarial en la persecución de trabajadores organizados sindicalmente. La investigación identificó al menos 26 víctimas vinculadas con la planta de Avellaneda y fue sostenida durante años por familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre ellas la Federación Aceitera y el SOEIA, que son querellantes en el proceso.

Hablar de Molinos es, entonces, hablar de Memoria, Verdad y Justicia, pero también de la historia de la clase trabajadora argentina. La dictadura no solamente desapareció personas: buscó destruir la organización colectiva, disciplinar a los trabajadores y modificar profundamente la relación de fuerzas existente entre el trabajo y el capital. La política económica impulsada desde 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz formó parte de ese proceso de transformación estructural. La represión, la persecución sindical y las reformas económicas fueron dimensiones diferentes, pero relacionadas, de un mismo proyecto de reorganización social.

Cincuenta años después, las formas son otras, porque vivimos en democracia, pero resulta necesario mirar la historia para reconocer determinadas continuidades. El gobierno de Javier Milei impulsa una profunda transformación de las relaciones laborales, que incluye modificaciones en la negociación colectiva, las indemnizaciones, las jornadas de trabajo y otros derechos conquistados históricamente por el movimiento obrero. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales vienen denunciando distintas formas de debilitamiento de la capacidad colectiva de los trabajadores y restricciones al ejercicio de la protesta.

La comparación no significa equiparar democracia con dictadura, ni desconocer las diferencias fundamentales entre ambos períodos. No hay equivalencia entre una política económica aplicada bajo el terrorismo de Estado y una política implementada dentro de las instituciones democráticas. Pero la memoria histórica nos permite advertir que los derechos laborales nunca fueron concesiones gratuitas: fueron conquistas obtenidas mediante organización, solidaridad y lucha.

Por eso también resulta necesario defender el derecho a la protesta y a la organización sindical. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la protesta social es un derecho fundamental en una sociedad democrática y que sus restricciones deben ser excepcionales, necesarias y proporcionales. Cuando se intenta presentar la organización sindical como un obstáculo, la huelga como una amenaza o la protesta como un delito, se pone en discusión una herramienta fundamental de los trabajadores para defender sus derechos.

La causa Molinos nos recuerda hasta dónde puede llegar un proyecto de disciplinamiento de la clase trabajadora cuando se destruyen sus herramientas de organización y se persigue a quienes las ejercen. Por eso este juicio también interpela al presente.

Memoria, para recordar a los compañeros que fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos.
Verdad, para conocer toda la trama de responsabilidades empresariales, militares y civiles que hizo posible aquella represión.
Justicia, para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y para reafirmar que nunca más la organización de los trabajadores puede ser motivo de persecución.

Informe sobre situación del mercado de trabajo N°19

CTA Comunica [ER] — 2026-09-09T20:36:17Z

El Informe N° 19 de CIFRA-CTA advierte sobre el freno económico y el fuerte deterioro laboral: cayeron los salarios reales, la desocupación supera los 1,8 millones de personas y la informalidad roza los 9,5 millones de trabajadores.

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) publicó su Informe sobre la situación del mercado de trabajo N° 19 (septiembre de 2026), elaborado por Mariana L. González, Nicolás Bonofiglio y Cecilia Garriga. El relevamiento advierte sobre el estancamiento de la actividad económica y su directo impacto negativo en las condiciones laborales e ingresos de la población.

Principales indicadores del informe de CIFRA:

Caída del empleo registrado: Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 579.555 puestos de trabajo registrados en total. En el sector privado asalariado, los rubros más golpeados fueron la Industria (-85.600 puestos) y la Construcción (-62.700 puestos).

Precarización y desempleo: La tasa de informalidad trepó al 44,2% (rozando los 9,5 millones de trabajadores), mientras que la desocupación se ubicó en el 7,8%, afectando a más de 1,8 millones de personas a nivel nacional.

Contracción salarial: Los salarios registrados cayeron un 8,2% en promedio respecto de noviembre de 2023, sufriendo un derrumbe del 37,0% en el sector público nacional. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil tocó su valor real más bajo de los últimos 33 años.

Endeudamiento de los hogares: El deterioro de los ingresos derivó en un récord de morosidad en el crédito a las familias, alcanzando un 12,8% en el sistema bancario y un 28,6% en proveedores no financieros de crédito.

ATE CAPITAL - ENDEUDADOS POR MILEI

CTA Comunica [ER] — 2026-09-09T20:30:22Z

Se realizó el primer informe sobre mora, salarios reales y asfixia financiera en el Sector Público Nacional entre los periodos 2023-2026. Del mismo, se desprende un excesivo deterioro del poder adquisitivo, pérdidas salariales agobiantes y un endeudamiento nunca antes visto en el sector público.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gobierno de Javier Milei confiscó el 40,5 por ciento del salario real de la Administración Pública Nacional: el índice de remuneraciones cayó de 100 a 59,5. Fue una decisión política para usar los sueldos estatales como ancla inflacionaria y fuente de ajuste.

Mientras que la mora crediticia irregular —Situaciones 3 a 5 del BCRA— se multiplicó 3,4 veces: pasó del 5,43 % en julio de 2024 al 18,63 % en junio de 2026. Casi uno de cada cinco estatales está en mora.

El propio Presidente lo reconoció: “El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo”. Con paritarias por debajo del IPC, la quita en dos años y medio superó a la de los cuatro años del macrismo. Cada punto recortado del salario real se transformó en más mora.

En noviembre de 2024, con inflación acumulada del 166 por ciento y aumento salarial del 87 %, el salario real había caído 29,7 % y la mora estaba en 5,7. En diciembre de 2025, inflación del 259,2 por ciento frente a un 121,2 de aumento: pérdida del 38,4 % y mora del 14,4. En junio de 2026, inflación del 319,8 % y aumento del 149,8: pérdida del 40,5 por ciento y mora récord del 18,6 por ciento.

El 80,7 por ciento de quienes están en situación irregular ya no tiene atraso: está en riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5).Con estos salarios es imposible regularizar o refinanciar.

Ese recorte empujó a cientos de miles hacia financieras y fintechs. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56 %). Tarjeta Naranja, 16.766 casos (23,75). MercadoLibre, 16.349 (13,19). Naranja Digital, 9.653 (31,86). Galicia, 4.702 (15,46). Moni Online, 3.531 sobre 5.832 clientes estatales: 60,53 por ciento de incobrabilidad. No se endeudaron para especular: para pagar comida, alquiler, luz, gas y remedios.

Seguridad y Defensa concentran el mayor estrangulamiento, con mora de entre el 21,8 y el 30,1 %. El Ejército llega al 30,1; el Servicio Penitenciario Federal, al 28,5; la Policía Federal, al 24,2; Gendarmería, al 24,1; Prefectura, al 21,9; la Fuerza Aérea, al 21,8; el Estado Mayor Conjunto, al 21,4; y la PSA, al 20,7. Los organismos civiles quedan, en general, por debajo del 20 por ciento. El mayor volumen de mora está en quienes tienen cargas familiares: 5.088 civiles de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55.

La asimetría territorial es brutal. En el Norte y la Patagonia la mora trepa hasta el 29,38 por ciento. Superan el 25 por ciento La Rioja (29,38), Formosa (28,69), Santa Cruz (28,55), Corrientes (26,50), Salta (26,33), Misiones (26,26), Neuquén (25,88), Santiago del Estero (25,51) y Catamarca (25,12). En el centro, Buenos Aires tiene 19,35; Córdoba, 19,19; Santa Fe, 16; y CABA, 9,56. En la Capital la tasa es menos de un tercio que en La Rioja.

Nuestro Secretario General,Daniel Catalano, expresó: “Los datos que arroja nuestro informe son alarmantes: la política confiscatoria del Gobierno sobre nuestros salarios se ve reflejada casi directamente en el aumento de la deuda incobrable. No es un error no forzado, es una consecuencia directa del modelo”.

"Los datos que emergen del informe son claros: el ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparados en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo”, sentenció.

Exigimos responsabilidad política inmediata; reapertura libre de paritarias para recomponer el 40,5 por ciento arrebatado; actualización de la canasta del IPC; condonación de la deuda usurera; y topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales.

Buenos Aires - Salón de la CTA 'Pablo Masciangelo'

CTA Comunica [ER] — 2026-09-09T18:04:44Z

Un emotivo homenaje que convoco a más de un centenar de militantes, compañeros y amigos.
Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro compañero Pablo Masciangelo —recientemente fallecido—, familiares, amigos y compañeros de militancia se reunieron en la sede de la Central de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (CTA-T) de la ciudad de La Plata.

El encuentro tuvo como objetivo rendirle un cálido homenaje y bautizar con su nombre y su gran legado al salón principal donde se realizan las asambleas multitudinarias.

En efecto, el recuerdo adoptó el formato de una asamblea: ninguna actividad gremial o política fue suspendida, honrando así uno de los legados más preciados de Pablo: el trabajo constante y metódico, y la búsqueda permanente de la organización y la unidad de todos los compañeros y compañeras.

Vaya uno a saber qué coincidencias marcaron su vida, que justo en el día de su cumpleaños se conmemoran también el “Día del Trabajador Metalúrgico” y el “Día del Montonero”. No es casualidad: Pablo fue trabajador en una planta metalmecánica y, en su juventud, participó junto a muchos otros jóvenes de aquel movimiento político y social.

Por si fuera poco, el próximo 11 de septiembre, se celebra el “Día del Maestro”, una vocación que lo atrajo, ya en su madurez, con tanta pasión que, en pocos años, llegó a convertirse en el director de la escuela industrial más grande de La Matanza.

De su tenacidad y constancia nacieron organizaciones fundamentales para la vida democrática del sindicalismo argentino. Fue partícipe central en la fundación del SUTEBA y de la CTA, figura imprescindible en la creación de COOPTEBA, y estuvo siempre presente en cada espacio de lucha por los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Jamás abandonó la causa por el bienestar de Cuba, acompañó firmemente a los pueblos de Venezuela, Bolivia y Palestina, y defendió siempre las causas nobles frente al colonialismo y el imperialismo.

El homenaje contó con la presencia de referentes como Hugo Yasky, secretario general de la CTA Nacional; María Laura Torre, secretaria general del SUTEBA; Roberto Baradel, secretario general de la CTA provincia de Buenos Aires; Estela Díaz y Walter Correa, ministros de Mujeres y Trabajo, respectivamente; Carlos Díaz, dirigente de la CTA Autónoma bonaerense; Hugo Russo, secretario general de la AJB; Ana María Rovella, presidenta de Coopteba; Tilda Rabi, en representación del pueblo palestino; y Lorena Georgetti, secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense y Cristina “Ina” Jonic, su compañera y gran amor. Y otros de sus grandes amores eran sus tres hijas que para la ocasión, enviaron un emotivo video.

Durante el acto, Matías Troncoso, en nombre del personal trabajador de la CTA provincia de Buenos Aires, destacó la “calidez y sencillez humana de Pablo, que siempre estuvo del lado de los trabajadores”.

Por su parte, Baradel señaló que “Pablo era el cuerpo y el alma de la CTA bonaerense” y remarcó su virtud para tender puentes con otras organizaciones sociales y sindicales, que veían en él a un referente de profundas convicciones políticas.

A su turno, Yasky recordó: “Pablo era quien siempre nos traía a la mesa de discusión los temas más relevantes de los pueblos latinoamericanos, el que nos convocaba a marchar por Cuba, por Venezuela y por Bolivia, y quien jamás se desentendió de la causa palestina”.

El profundo amor de Pablo por la docencia fue rememorado por María Laura Torre, quien lo recordó con su guardapolvo blanco desde aquellos inicios en la militancia dentro de la Unión de Educadores de La Matanza, germen de lo que hoy es el SUTEBA.

En la misma línea, Carlos Díaz (CTA Autónoma) valoró “la tenacidad de su militancia y el gran privilegio que tuvimos en conocerlo y militar junto a él, un compañero entrañable de ambas CTA”. También sumaron emotivas palabras Hugo Russo (AJB) y Ana María Rovella, quien destacó el rol fundamental en la fundación de Coopteba.

El cierre estuvo a cargo de su compañera de vida, con quien la militancia sindical los unió para siempre en la recordada “Carpa Blanca” de los docentes frente al Congreso de la Nación. En su testimonio, aseveró que la militancia en la CTA selló para siempre un amor donde “éramos muy felices”, y recordó la capacidad única que tenía Pablo para conectar con los jóvenes a través de charlas interminables.

Como parte de los homenajes, se proyectaron dos videos que repasan su recorrido histórico y militante a través de las distintas organizaciones sociales y políticas en las que dejó una huella profunda, y se descubrió una placa conmemorativa para bautizar el salón de la CTA con su nombre y honrar su memoria y perpetuar su legado.

Constatación Notarial de la Convocatoria a Elecciones CTA 2026

CTA Comunica [ER] — 2026-09-07T19:31:03Z

Certificación notarial (Escritura N° 140) que otorga fe pública a la publicación oficial de la Convocatoria a Elecciones Generales de la CTA del 3 de noviembre de 2026 y del listado de mesas de votación en la web institucional, conforme a la normativa legal vigente.

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia, la fe pública y el estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Sindicales (N° 23.551 y su Dec. Reg. 467/88), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) ha formalizado la constatación notarial del llamado a elecciones.

Mediante la Escritura Número Ciento Cuarenta (N° 140), labrada por la escribana autorizante Yamila Damaris Peverelli en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dio fe pública de la publicación oficial realizada en este portal institucional.

Aspectos centrales certificados en el acta:

Publicación de la Convocatoria Electoral: Se constató la difusión formal del llamado a Elecciones Generales de Autoridades Nacionales, Provinciales, Regionales, Locales, Comisiones Revisoras de Cuentas y Delegados Congresales para el período 2026-2030, a realizarse el día 3 de noviembre de 2026.
Difusión de Mesas y Lugares de Votación: Se verificó el correcto acceso y visibilidad del listado federal de mesas receptoras de votos, sus domicilios y horarios de funcionamiento en todo el país.
Constancia Digital de Integridad: El acto notarial cuenta con certificación digital, registros técnicos de IP, certificados SSL y firma digital validada por el Colegio de Escribanos de la CABA.

Documentación adjunta para consulta pública:

Se encuentra a disposición para su descarga el archivo original de la Actuación Notarial Digital (Escritura N° 140) con sus correspondientes hashes de verificación e impresiones técnicas.

FETIA - Homenaje a los trabajadores metalúrgicos

CTA Comunica [ER] — 2026-09-07T18:10:05Z

Nuestro homenaje a los trabajadores metalúrgicos que hicieron de la democracia sindical una bandera y contribuyeron a la construcción de la CTA y de la FeTIA.
Una mención especial a los compañeros Alberto Piccinini y Victorio Paulón, protagonistas indiscutibles, que debieron sufrir la persecución y la cárcel en la dictadura genosida, y se comprometieron férreamente a la reconstrucción de la democracia.

- La Central - Organizaciones / FeTIA, Pedro Wasiejko

SOLIDARIDAD CON EVO MORALES Y CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA

CTA Comunica [ER] — 2026-09-02T18:42:29Z

La CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro más enérgico rechazo ante la nueva orden de aprehensión y la persecución política contra el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Resulta inadmisible que la conducción de la Policía Boliviana anuncie como una de sus principales prioridades la ejecución de una orden de aprehensión contra un dirigente político y social de la dimensión de Evo Morales. La utilización de las fuerzas de seguridad para perseguir y neutralizar a dirigentes políticos constituye un grave retroceso democrático y una amenaza para las libertades y los derechos civiles y políticos.

Más aún cuando el propio excomandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, había señalado públicamente que los procesos contra Evo Morales presentaban debilidades en materia probatoria y que no eran sólidos. Estos antecedentes profundizan las dudas sobre el carácter de las causas y obligan a exigir el cese de la criminalización social en Bolivia.

Desde las CTA reafirmamos nuestra solidaridad plena e inclaudicable con Evo Morales, quien como presidente de Bolivia encabezó un proceso histórico de transformación social y política, impulsó la fundación del Estado Plurinacional, promovió la inclusión de los pueblos indígenas y campesinos y defendió la soberanía económica y política de su país.

La persecución contra Morales no puede ser entendida únicamente como un ataque contra una persona. Constituye también un ataque contra las organizaciones indígenas, campesinas, populares y sindicales que durante décadas lucharon por una Bolivia más justa, soberana e igualitaria.

Como organizaciones de trabajadores y trabajadoras, conocemos el peligro que implica la utilización de los aparatos del Estado para perseguir, disciplinar y silenciar a quienes expresan proyectos políticos y sociales alternativos. Por eso no permaneceremos indiferentes frente a ningún intento de proscripción, persecución o eliminación política.

Llamamos a la solidaridad internacional para evitar este atropello y esta persecución.

Roberto Baradel
Sec. Rel. Internacionales
CTA-T

Hugo Yasky
Sec. Gral. CTA-T

Hugo “Cachorro” Godoy
Sec. Gral. CTA-A

Adolfo “Fito” Aguirre
Sec. Rel. Internacionales
CTA-A