Esta ley posibilitó y reguló la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. La ley fue promulgada de hecho el 16 de diciembre de 1992 y reglamentada el 17 de marzo siguiente. Su existencia es de suma importancia, porque desde entonces los trabajadores del Estado están habilitados a discutir su estabilidad en el empleo, remuneraciones, escalafones, condiciones de ingreso, concursos y promociones, calificaciones, régimen horario, licencias, régimen disciplinario, capacitación, extinción de la relación de empleo e indemnizaciones.