Varios testigos volvieron a vincular a la cementera Loma Negra con el poder militar y el crimen del abogado laboralista de Olavarría. Declararon los hijos de dos trabajadores y un académico que investigó a la cementera.
Si algo faltaba agregar a la red de complicidades civiles con la dictadura en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista de Olavarría Carlos Alberto Moreno –que tiene a dos civiles como imputados y nutridas sospechas de la instigación empresaria del crimen–, es que en la última audiencia un ex juez apuntara a la Suprema Corte de Justicia bonaerense al recordar que un ministro lo intimó a que deje de investigar esa desaparición. También declararon los hijos y el médico de dos trabajadores que querellaron por enfermedad laboral a Loma Negra, y un historiador que explicó su tesis doctoral basada en la relación entre la cementera de Amalia Lacroze de Fortabat y el poder militar luego del golpe.
En la última audiencia con testigos del juicio oral que el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata realiza en Tandil, declaró el ex juez federal de Azul, Carlos Pagliere, quien en mayo de 1977 investigó la desaparición de Moreno, proceso en el que alcanzó a allanar tres comisarías de la policía tandilense en plena dictadura.
“Esta fue una causa que para mí significó un antes y un después”, comentó el ex juez, y recordó que todo comenzó el 4 de mayo cuando el presidente del Colegio de Abogados de Azul y miembros de la Asociación de Abogados de Olavarría le presentaron un habeas corpus por Moreno, con lo que comenzó a gestarse el expediente que fue la base de la causa judicial que se ventila en el juicio.
“En esos momentos este era un tema muy delicado”, recordó. Por eso, con una copia de lo que llevaba actuado, que incluía los allanamientos y declaraciones de testigos, viajó a La Plata: “Fui a la Corte Suprema de Justicia y pedí hablar con el presidente de la Corte, el doctor (Gerardo) Peña Guzmán. Le dije: ‘Vine porque estoy investigando la desaparición de una persona, tengo un rumbo, voy a seguirlo y quiero que la Suprema Corte sepa que estoy haciendo’.”
La respuesta demoró dos horas. Esta vez, lo atendió el ministro Carlos Alfredo Renom. “Me dice: ‘¿Qué esta haciendo usted investigando esta causa?’ Yo le digo que cumplía con mi deber. Y me respondió: ‘¿Cómo cumpliendo con su deber? Usted no tiene que investigar.’ Me dijo en tono duro, imperativo, como diciendo: ‘se tiene que desprender de esto’.”
En la tarde de ese mismo día, se enteró en la Corte que el Ejército se había responsabilizado del abatimiento del “delincuente subversivo” –dijeron– Carlos Moreno. El tema había quedado en manos de la justicia militar.
“Nosotros sabíamos qué estaba pasando en el país”, recordó Pagliere. Y explicó: “Por eso, cuando sentí que esto se estaba convirtiendo en algo muy explosivo, busqué resguardo institucional. Si algo le pasa a alguno de los protagonistas, que lo sepa la Suprema Corte. Esa fue mi intención.”
En la misma audiencia también declararon los hijos de Juan Carlos Zabala y Florencio Paniagua, dos empleados de Olavarría de la cementera Loma Negra, quienes murieron por silicosis, enfermedad que el médico que hizo los diagnósticos, Carlos Burlhé, calificó ante los jueces como una “enfermedad pulmonar ocupacional, tal vez la más antigua.”
Pero la interrelación de la cementera Loma Negra con el poder militar fue explicitado en la jornada por el doctor en Historia y docente e investigador de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), Daniel Di Cóssimo, quien ante los jueces resumió su tesis doctoral en la que analizó los conflictos laborales en dictadura en las fábricas de esa cementera en la región.
“Lo que pude ver fue cómo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la empresa Loma Negra tiene una estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad, en particular del Ejército para neutralizar al sindicato, desplazar a sus delegados sindicales de la planta”, explicó el historiador. Y afirmó: “Eso le permitió ir tomando una serie de medidas de reorganización del trabajo a las cuales el sindicato se había resistido en los años previos al golpe”.
Con el final de los testimonios el debate oral ingresó en su epílogo. El viernes próximo, el fiscal Daniel Adler y el querellante César Sivo harán sus respectivos alegatos, y a la semana siguiente harán lo propio los defensores de los hermanos Emilio y Julio Méndez, de dos oficiales del Ejército, el mayor Roque Ítalo Pappalardo y el coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda. La sentencia se dictará el 16.
Por:Pablo Roesler - Tiempo Argentino