Si algo se puede afirmar con alguna certeza acerca de las dificultades que están pasando las fuerzas progresistas en América latina, es que tales dificultades se asientan en el hecho de que sus gobiernos no enfrentaron ni la cuestión de la Constitución ni la cuestión de la hegemonía. Con la primera me refiero al conjunto de reformas constitucionales o infraconstitucionales dirigidas a reestructurar el sistema político y las instituciones para prepararlos ante posibles embates de los proyectos de democracia de bajísima intensidad. Por hegemonía entiendo al conjunto de ideas sobre la sociedad e interpretaciones del mundo y la vida que, cuando son altamente compartidas, incluso por los grupos sociales perjudicados por esas ideas, permiten que las élites políticas gobiernen más por consenso que por coerción, aun cuando gobiernen en contra de los intereses objetivos de grupos sociales mayoritarios.