La Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó su informe anual sobre casos de violencia y amenazas contra trabajadores. Allí señalan que “Argentina ha registrado un aumento de incidentes de violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y privadas”.
En ese marco, el informe expresa que los reemplazos y descuentos salariales para docentes que participaron en huelga y el paro convocado en el marco de una negociación salarial para el 6 y 7 de marzo de este año, y las amenazas de muerte al secretario general del SUTEBA Roberto Baradel, proferidas contra él y su familia son dos de los casos más preocupantes en nuestro país.
De hecho Baradel, en tanto secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, viajó a la 106ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realizó a principio de este mes en Ginebra, Suiza. Allí Baradel denunció "la negativa del Gobierno a convocar la paritaria nacional docente, la criminalización de la protesta social, la ola de despidos y el ataque al derecho de huelga", además de recordar las amenazas del quite de la personería gremial y la imposición de multas a los sindicatos que convocaron medidas de fuerza.
El Índice Global de los Derechos de la CSI 2017 clasifica a 139 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente, para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica. El informe de este año clasifica como los 10 peores países para los trabajadores en 2017 a Bangladesh, Colombia, Corea del Sur, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Kazajstán, Qatar y Turquía.
La Confederación Sindical Internacional ha venido recopilando información sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores a la sindicalización y a la negociación colectiva en todo el mundo desde hace más de 30 años. Este es el cuarto año en que la CSI presenta los resultados a través del Índice Global de los Derechos, que aporta un enfoque único y exhaustivo sobre la manera en que las leyes gubernamentales y las prácticas empresariales han deteriorado o mejorado en los 12 meses precedentes.
“Denegando a los trabajadores y trabajadoras la protección que garantiza la legislación laboral, se crea una mano de obra oculta, respecto a la cual tanto gobiernos como empresas eluden sus responsabilidades, especialmente para los trabajadores migrantes, del hogar y los empleados con contratos de duración determinada. En demasiados países, los derechos democráticos fundamentales están siendo socavados en aras de los intereses de las empresas”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
Acceda al informe completo en los documentos adjuntos de este artículo.