A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad.
El CELS, la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos y otras organizaciones presentamos dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019). Ambas ocurrieron luego de la renuncia forzada de Evo Morales, seguida de la asunción ilegítima al poder de Jeanine Áñez, sostenida por las Fuerzas Armadas.
La abundante evidencia enviada da cuenta de que tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas. El 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez firmó un decreto para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas. No se brindó atención médica a las víctimas de la represión. Al contrario, en las dos masacres, los recuentos de testigues relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos. La violencia continuó en los hospitales: las víctimas fueron acosadas por policías y por el mismo personal de salud, que las humilló por su supuesta afinidad con el MAS y con ofensas racistas.
Las denuncias presentadas a la Relatoría de Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y al Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas obtenidos por organizaciones bolivianas e internacionales y sistematizados en conjunto con las organizaciones aliadas. También sirvieron como insumo los testimonios recolectados por la Delegación Argentina en Solidaridad con el pueblo boliviano en la misión realizada al país diez días después de las masacres.
Nueve meses después
Desde aquel momento, Jeanine Áñez derogó el decreto de impunidad, pero no avanzó ninguna investigación para determinar las responsabilidades en las ejecuciones y las graves lesiones ocasionadas a quienes ejercían su derecho a la protesta. Por el contrario, en las semanas siguientes a esos hechos destruyeron pruebas, muchos testigos fueron víctimas de amenazas y torturas, las Fuerzas Armadas y de Seguridad niegan información a la fiscalía sobre quiénes comandaron los operativos, qué unidades fueron movilizadas y qué armas portaban. Más preocupante aún es que sigue habiendo personas detenidas de forma arbitraria por su participación en las protestas de noviembre. Las víctimas aún no reciben ningún tipo de asistencia. Muchas personas se endeudaron para afrontar los costos de la atención médica y tienen lesiones que les impiden trabajar.
La persecución política, la restricción, represión y criminalización de la protesta no han cesado y se agravan en Bolivia. En las últimas semanas, ante un nuevo cambio de la fecha de las elecciones para el 18 de octubre, los movimientos sindicales y campesinos determinaron movilizaciones en todo el país. El gobierno de facto atribuye la falta de insumos hospitalarios para el combate contra el Covid-19 a los cortes de ruta -a pesar de que no se obturó el paso de socorros y ambulancias- y se prepara para responder con medidas represivas. También hay grupos civiles armados que se movilizan en contra de les manifestantes.
La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata, reclamar la inmediata liberación de las personas presas de manera arbitraria y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Bolivia hasta el restablecimiento de la democracia en el país.
Foto: Abad Miranda
(*) Centro de Estudios Legales y Sociales