El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó un proyecto de ley de "emergencia económica, sanitaria, administrativa y previsional", en el marco de la pandemia de coronavirus, que prevé aumentos de impuestos y de aportes jubilatorios, contribuciones especiales, y un límite de aumentos paritarios, iniciativa rechazada por la CGT y otras asociaciones y gremios provinciales.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó un proyecto de ley de "emergencia económica, sanitaria, administrativa y previsional", en el marco de la pandemia de coronavirus, que prevé aumentos de impuestos y de aportes jubilatorios, contribuciones especiales, y un límite de aumentos paritarios, iniciativa rechazada por la CGT y otras asociaciones y gremios provinciales.

Bordet defendió el proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados, al sostener que las medidas del gobierno del expresidente Mauricio Macri generaron "cerca de $4.000 millones menos para Entre Ríos en seis meses, un hueco fiscal enorme y una fragilidad extrema", sumado a la pandemia del coronavirus.

La CGT nacional rechazó el proyecto porque, sostuvo, avanza contra "los intereses de los trabajadores estatales y de empresas con participación de la administración de ese Estado", y dijo que el gobierno entrerriano debe reclamar "un mayor esfuerzo a quienes tienen mayor poder de contribución, que deben dejar de ganar un poco ante la crisis".

El proyecto oficial añadió que la caída de la actividad económica "ha sido enorme" y por eso el proyecto de ley busca "encontrar recursos, cumplir con las obligaciones corrientes y sostener las demandas del sistema sanitario que son muchas".

La iniciativa declara el estado de "emergencia económica, sanitaria, administrativa y previsional" por un año, y promueve "un esfuerzo colectivo" de "quienes tienen mayor capacidad contributiva".

El proyecto propone el aumento de los impuestos a las droguerías de 1,6% a 4%; a quienes poseen más de 1.000 hectáreas, y dispone que el sector financiero y bancario aporte una "contribución especial", ya que "fue el que más se benefició en los últimos años", dijo el gobernador.

Respecto al sistema previsional, el proyecto promueve un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones que, según Bordet, comprenderá a quienes perciban más de $75.000.

En Entre Ríos, cada trabajador activo "aporta el 16%, el porcentaje más bajo en el país", enfatizó el mandatario entrerriano y dijo que el aumento de los aportes lo pagarán "todos: funcionarios políticos, legisladores y jueces, no solamente trabajadores".

Finalmente, Bordet propone que "ningún organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial" incremente sus haberes "por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina" con los gremios.

"Por ejemplo, si se decide en paritaria que el aumento sea del 10%, será ese porcentaje para un maestro, enfermera, juez, legislador o funcionario, todo con igualdad", concluyó.

Si bien el proyecto recibió el apoyo de intendentes, legisladores y políticos de la provincia, fue rechazado por diferentes asociaciones, organizaciones sociales y políticas, como Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), gremio docente mayoritario, ATE, CTA, CTEP, Apyme, entre otras.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) emitieron un comunicado rechazando "enérgicamente" el proyecto de ley.

"La democracia y la ética de la política implican diálogo y consensos para afrontar los momentos difíciles, y el gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación" señala el escrito.

Aseguraron que implicaría "un ajuste más los bolsillos de aportantes y jubilados", vulnera "de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial y compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad".

En tanto, organizaciones y gremios consideraron, en un documento conjunto, que "es un error" que la crisis "se descargue sobre los trabajadores y trabajadoras" y el Estado "debe protegerlos, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo" durante la pandemia.

También remarcaron que el "modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura" cívico militar y se declararon "en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre trabajadores y el pueblo".

Además de Agmer, firmaron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); La Bancaria; la Asociación de pequeñas y medianas empresas (Apyme); CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma de Entre Ríos; organizaciones civiles, políticas, sociales y gremiales.

Portada del sitio || Enfoque || Bordet envió un proyecto de ley de emergencia, rechazado por gremios y otras asociaciones