El próximo 31 de enero se cumplirán cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, en la localidad de Lomas del Mirador. Desde entonces tampoco hubo avances en su búsqueda ni en el juzgamiento a los culpables.
Por eso el jueves, familiares de Luciano junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, realizaron una conferencia de prensa para anunciar la presentación de un pedido a la justicia provincial para que el caso se enmarque en la figura de “desaparición forzada de personas” y deje de investigarse como “averiguación de paradero”. Además, los querellantes solicitaron que la causa pase a manos de la justicia federal.
Victorio Paulón, secretario de Internacionales de la CTA y referente histórico en los derechos humanos acompañó durante la conferencia en el CELS, el pedido que encabeza la hermana de Luciano, Vanesa Orieta. La joven, que vestía una remera con la imagen de Luciano y Julio López bajo la frase “la misma policía”, denunció además que desde la reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en agosto de este año, no se avanzó con los puntos acordados.
Entre las cuestiones que se prometieron en esa reunión, que también participaron el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal y el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, se encuentra la instalación de un espacio para la memoria en el destacamento de Lomas del Mirador donde fue visto por última vez Luciano, como así también sean desplazados de la fuerza los 8 policías sospechados por la desaparición de Luciano, que ahora cumplen funcionen en distintas jurisdicciones. “Daniel Scioli nos recibió tres años después. Nos prometió sumariarlos y exonerarlos. Y esas cuestiones administrativas ni siquiera avanzaron, afirmó Vanesa” Según se informó en el documento emitido por el CELS, los querellantes hicieron una presentación el pasado 5 de noviembre, ante la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, por las irregularidades y faltas cometidas por los agentes policiales identificados en la causa. Si los ocho uniformados acusados siguen trabajando en la fuerza, “se da una señal de que están protegidos por el sistema”, señaló Alejandro Mosquera, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria.
De la conferencia, también participó Pablo Pimentel por la APDH La Matanza y el periodista Horacio Verbitsky quién describió la modalidad en que la policía de la provincia recluta pibes para robar y si no lo hacen, son golpeados y torturados.
La familia Arruga y las organizaciones querellantes denunciaron a la primer fiscal que tuvo la causa, Roxana Castelli, a cargo de la UFI nº 7, por las serias irregularidades cometidas que “constituyen causales de destitución” por el mal cumplimiento de sus funciones. Según relató la hermana de Luciano, “durante 45 días, a pesar de la denuncia que nosotros hacíamos contra la policía, la fiscal decidió darle la investigación a esa misma policía, lo que provocó que se ocultaran pruebas importantes en la causa y nos investigue a nosotros y al propio Luciano”.
“Necesitamos que empiecen a acompañarnos", reclamó Vanesa, ante los medios de comunicación y y recordó la lucha que desde hace muchos años se llevan adelante frente al gatillo fácil: “desde la democracia tenemos 197 casos de desaparición en los que están implicadas las fuerzas policiales”.