Comenzó en Diputades el debate en Comisión de la Ley de IVE

En primer lugar, quiero reconocer y agradecer al Presidente Alberto Fernández el compromiso electoral con el tema y el cumplimiento de la palabra empeñada, al presentar este proyecto de ley. También quiero felicitar al equipo redactor. Es un excelente proyecto, que recoge los principales debates de todos estos años, los aportes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la media sanción del 2018 y también es muy minucioso a la hora de pensar las respuestas que eviten los obstáculos que sistemáticamente se colocaron para impedir el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Es significativo que se promueva a su vez el debate de la Ley de los 1000 días. Porque mejora el alcance de las políticas públicas frente a las decisiones reproductivas, o no, de las mujeres. Una política activa y de calidad tanto para quienes quieren continuar un embarazo como para quienes hayan decidido interrumpirlo.

Las que militamos por los derechos humanos de las mujeres siempre defendimos una maternidad deseada, querida, buscada, cuidada. Estas dos iniciativas van en ese sentido. Junto a la educación sexual integral en todo el sistema educativo, el programa de salud sexual y reproductiva, la formación desde la Ley Micaela para todo el Estado son parte de una perspectiva integral, que nos permitirá dar un salto de calidad en el derecho a la salud, la vida, la no discriminación y la igualdad para las mujeres y personas gestantes.

La problemática del aborto puede ser abordada desde diversos puntos de vista, tal cual lo venimos haciendo. Es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, de igualdad. Pero especialmente refiere al tipo de Estado y políticas públicas que queremos. Lo que ya no puede eludirse es la importancia de este debate. El negacionismo histórico respecto a los efectos adversos de la ilegalidad y clandestinidad del aborto ha ocultado toda su dimensión para la vida cotidiana de las mujeres, por eso quiero hablarles muy rápidamente de tres temas: 1. La sexualidad 2. La responsabilidad en la decisión y 3. la importancia y alcance del tema.

1. Es un tema de sexualidad. Sabemos que tenemos capacidad de gestar durante 30 a 40 años - desde los 12/13 hasta los 50 años. Un dato que nos confirma que muy excepcionalmente la genitalidad ligada al coito es ejercida para reproducirnos. Por más que existan todas las políticas preventivas, en 30 o 40 años algo puede fallar y efectivamente falla, porque de relaciones humanas se trata. Entonces siempre va a ser necesario, junto a políticas preventivas, tener acceso a la práctica del aborto en condiciones seguras. Lo que resulta inaceptable, es que se transforme a la gestación en una obligación o condena, por tener sexo. Es una forma de pretender anclarnos en el mandato de la biología, como forma de considerarnos un instrumento de la reproducción humana, más allá de nuestra propia voluntad y proyecto de vida.

2. La responsabilidad de la decisión. Escuchamos agravios brutales contra las mujeres que abortan, desde irresponsables hasta asesinas e incluso genocidas y antipatria. Se afirma que si tuviste relaciones te la banques, que las mujeres interrumpen un embarazo por irresponsabilidad. En la inmensa mayoría de los casos es exactamente lo contrario. Las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de lxs otrxs, el 75 % de las tareas de cuidado familiar, comunitario y social lo hacemos las mujeres. No sólo cuidamos de lxs hijxs, también de las personas enfermas, de lxs ancianos y de nuestras comunidades. Por toda esta experiencia de vida decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro. Estamos con la enorme oportunidad de dejar atrás una ley que además de ineficaz, es profundamente injusta en términos de género.

3. Su escala y dimensión. La primera resolución que adopté como Ministra junto a Salud fue la del protocolo ILE, derogado por Vidal en la Provincia. De enero a junio se realizaron más de 5000 interrupciones legales del embarazo. Por año se producen 15.000 egresos hospitalarios por complicaciones por abortos, el 40% del total del país. Eso significa un costo para el sistema de salud, en tiempo de internación y atención, que se vería reducido significativamente. Más graves aún son las secuelas de la clandestinidad insegura para la salud de las mujeres, llegando inclusive a la infertilidad, o en los peores casos a muertes evitables.

Puntualizo: 1. La Interrupción Voluntaria del Embarazo reduce el costo de las consecuencias de la clandestinidad para el sistema de salud. 2. Se trata de una práctica ambulatoria y medicamentosa en el 95% de los casos. 3. Se hacen menos abortos si es legal, porque se logra con la atención pos aborto el acceso a anticoncepción para evitar la repetición de las gestaciones involuntarias. 4. En los casos en que los embarazos se producen en contexto de la violencia de género, posibilitan la oportunidad para la intervención desde el Estado.

Pocas leyes tienen la oportunidad de hacer un cambio tan significativo en la vida y la salud de las mujeres de manera inmediata. Este proyecto salva vidas. Tienen la oportunidad de dejar atrás la injusta y humillante clandestinidad del aborto.

Como vivimos en una sociedad desigual, resulta ineludible ligar esta experiencia a las condiciones sociales, reales y concretas de posibilidad de su ejercicio. Aquí es donde cobra un papel central el rol de Estado, de las políticas públicas y por supuesto de la justicia social. Si siempre estuve comprometida con estos temas como militante social y feminista, hoy como Ministra tengo una responsabilidad mayor porque es el Estado el que debe dar respuestas.