En marzo de 1975 policías y paramilitares entraron en Villa Constitución y asesinaron a 30 obreros. Decenas de trabajadores fueron secuestrados y torturados.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución se presentó ayer en los tribunales federales de Rosario como querellante en la causa que investiga la participación de ex directivos de Acindar en el operativo desplegado por fuerzas policiales y paramilitares el 20 de marzo de 1975. En esa acción represiva fueron asesinados 30 obreros y más de 300 trabajadores fueron secuestrados, torturados y encarcelados.

El gremio se sumó así a 19 sobrevivientes y familiares de víctimas del hecho, que se presentaron como querellantes en la causa. Nucleados en la Mesa de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Villa Constitución, se suman a 11 querellantes anteriores, todas bajo la representación legal de Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini y Federico Pagliero, integrantes del equipo jurídico de APDH Rosario.

"Venimos a presentarnos en representación de la Unión Obrera Metalúrgica, porque la mayoría de los represaliados en la causa de Villa Constitución fueron los trabajadores de las empresas de la zona. Esta etapa de los juicios se ha centrado en el esclarecimiento de los autores y participes civiles de ese terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado no hubiera sido posible sin la colaboración, e incluso la autoría, de los propios empresarios o gerentes de las empresas", contó la abogada y diputada provincial, Matilde Bruera.

Bruera estuvo acompañada del abogado Santiago Bereciartúa, con quien hizo la presentación formal en los tribunales federales de Rosario en representación de la UOM por los hechos trágicos de aquel marzo de 1975. "Más que nada tiene que ver con la represión que sufrieron quienes pertenecían a la clase trabajadora de todo el cordón industrial, que apoyó a todos los compañeros y compañeras que resistían en aquel momento", explicó Bereciartúa.

"No solo resistían frente a las medidas económicas que se tomaban hacia el interior de la fábrica para quitarles los derechos conseguidos, sino también como sujetos pasivos de lo que termina siendo el plan sistemático de represión e instauración de un orden económico, social y demás. Aquí vamos a pretender que se siga investigando, tal como viene avanzando la causa, las responsabilidades de aquellos delincuentes de cuello blanco que también digitaron todo el plan sistemático», remarcó.

En esa linea el abogado recordó las responsabilidades civiles y empresariales deben ser desentramadas y juzgadas para avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que fueron esas alianzas las que otorgaron la información necesaria para llevar a cabo la represión a los trabajadores.

"Ellos les daban toda la información necesaria para que repriman y después compartieron los mismos objetivos e intereses de la dictadura militar. Bien sabemos que (José Alfredo) Martínez de Hoz fue presidente de Acindar y pasó a ser el ministro de Economía de la dictadura. Esto es una demostración clara de que la represión no se daba solamente en el cuerpo de los trabajadores, sino que iba mucho más allá. Se buscó el disciplinamiento de la clase trabajadora para que no haya oposición de parte del pueblo a sus recetas económicas que venían del norte", detalló Bereciartúa.

Entre quienes acompañaron la presentación de ayer estuvo el histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución Victorio Paulón, quien ya en noviembre de 2013 declarara en la causa que investiga la represión desatada en esa ciudad en marzo de 1975.

Paulon había dicho entonces que "el caso de Acindar es paradigmático de lo que fue la complicidad civil o empresaria durante el terrorismo de Estado", y recordó que "el CEO de Acindar en aquel momento, Martínez de Hoz, asumió después del golpe como ministro de Economía, y su lugar fue ocupado por Alcides López Aufranc, un general retirado y uno de los primeros argentinos adiestrados en la escuela francesa contra la insurgencia". Planteó que "Acindar vanguardizó a todo un sector del empresariado en el período previo al golpe", y que "la persecución de la empresa hacia sus trabajadores se desarrolló desde marzo del 74 hasta diciembre del 82".

Sobre la represión del Villazo, Paulón recordó que "el 20 de marzo de 1975 una columna de alrededor de un kilómetro y medio de vehículos se desplazó por la vieja Ruta 9, entre los que había carros de asalto de la (policía) Federal, vehículos de la Prefectura y Gendarmería, autos de civil con personal de civil con brazalete de Juventud Sindical y CNU, todos ellos ocuparon militarmente la ciudad, desplazaron a la policía provincial de Villa Constitución, concentrando la represión que significó en esa madrugada más de 200 allanamientos, pinzas en la entrada y salida de turnos de fábrica, y la detención de más de un centenar de dirigentes, comisión interna, delegados, activistas, metalúrgicos y directivos del sindicato de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad de Villa Constitución".

La seccional Villa Constitución de la UOM había sido ganada por la Lista Marrón, que entre otros lideraba Alberto Piccinini, antiburocrática y opuesta a Lorenzo Miguel. Ante esta situación el gobierno de Isabel Perón ordenó el llamado operativo Serpiente Roja contra los trabajadores del Cordón Industrial.

Pie de foto: Victorio Paulon, Santiago Bereciartúa y Matilde Bruera en la presentación de ayer en tribunales.

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