El Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, conformado por más de 20 gremios de la CTA, la CGT y la Corriente Federal, reunidos en conferencia de prensa junto a abogados laboralistas y organismos judiciales, repudió la nueva avanzada del gobierno de la alianza Cambiemos contra la justicia laboral y el sistema de riesgos del trabajo.
A partir de la Resolución 760/2017 publicada el miércoles 2 en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional decretó la creación, en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, del Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (S.I.R.E.L.). Dicha medida obliga a las ART (Aseguradoras del Riesgos del Trabajo), ART mutuales y Empleadores Autoasegurados informar al S.I.R.E.L. los juicios donde se haya planteado la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo (N° 27.348). A su vez, no sólo deben informar datos de la parte actora, sino del abogado patrocinante.
La resolución establece un plazo de 30 días para que se informe respecto de todas las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.348 y el Decreto N° 54/17. Con lo cual, esta medida significa una nueva avanzada del macrismo en contra de la justicia laboral, los abogados laboralistas y los derechos del conjunto de las y los trabajadores.
Desde el Espacio Intersindical, se propuso radicar una denuncia ante el director de la oficina en Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pedro Américo Furtado de Oliveira, y acompañar y participar de la acción de amparo que presentarán las diferentes asociaciones y organismos de abogados laboralistas.
Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores, se refirió a esta nueva avanzada del macrismo contra la justicia laboral: “Es una medida persecutoria e intimidante. Tiende a restringir la cantidad de denuncias y de demandas que se realizan pero sobre todo pone el acento en obtener información de aquellos que cuestionan la constitucionalidad de la norma. Con lo cual evidentemente es una medida amenazante, macartista, dirigida a desalentar a los trabajadores, porque por supuesto, los abogados laboralistas saben que forma parte de las contingencias de su oficio pero hay muchos trabajadores que seguramente, sabiendo que esto va a formar parte de una lista que va a circular entre los grupos empresarios, van a pensarlo dos veces antes de ejercer su derecho”.
Los abogados laboralistas presentes coincidieron en la necesidad de elevar una acción de amparo frente a esta medida arbitraria del gobierno de Mauricio Macri. Desde la CTA se va a acompañar ese reclamo y también se va a radicar una denuncia ante la oficina en Buenos Aires de la OIT. “Vamos a reclamar ante la justicia, vamos a ser parte de ese amparo. Esta es una medida violatoria del derecho que tienen los trabajadores a la privacidad de sus acciones y que además restringe el accionar de los laboralistas. Es muy probable que este amparo tenga una respuesta positiva porque es evidente que con esto se persigue el objetivo de limitar la cantidad de acciones legales en defensa de gente que sufre las contingencias de un accidente de trabajo”, detalló Yasky.
El secretario de Salud Laboral de CTA de los Trabajadores y general de AGTSyP, Beto Pianelli, se refirió a las “artimañas” que se utilizan desde el gobierno de la alianza Cambiemos para culpar a los trabajadores “de esta crisis laboral, de la industria del juicio, de los altos costos laborales, del presentismo, cuestiones que ya hemos visto en otras épocas”, destacó y agregó: “Esta resolución, como la modificación a la LRT que hemos visto en el último período, es un punto más para poder aplicar esa política, porque para poder empeorar la situación de los trabajadores, para poder ir contra sus derechos, también necesitan tener una política coercitiva, una política persecutoria. La conformación de listas negras responde precisamente a ese fenómeno”.
“Desde hace tiempo nosotros venimos diciendo que lo que se necesita es prevención, desde hace muchos años, venimos peleando para que se prevengan los accidentes laborales, las enfermedades profesionales. Necesitamos una ley de prevención y en esa ley es fundamental la participación de los trabajadores como se ha logrado en algunas provincias del país”, subrayó Pianelli.
A su vez, Diego Salas, secretario general adjunto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA-CGT), repudió esta suerte de “lista negra” que pretenden armar. “Quieren que cada uno mire su propio ombligo y no se preocupe por el compañero”, agregó. “Desde los Químicos llamamos que en octubre les reventemos las urnas, para ponerle un parate a este gobierno que lo único que quiere hacer es denigrar a los trabajadores, llamando mafiosos a nuestros compañeros abogados”.
Jorge Thierbach, secretario general adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense, sentenció: “No hay sorpresa, hay una continuidad en las líneas represivas para desalentar las luchas del campo popular. Entendemos, por ejemplo, que ha sido frenada en la provincia de Buenos Aires, a partir de la movilización, del trabajo conjunto de gremios, esta LRT que evidentemente intenta dar vuelta décadas de avance en lo que respecta a defensa de los trabajadores”.
Asimismo, Thierbach, destacó: “Cuando se habla de la ’industria del juicio’, desde la Federación Gráfica, como también lo planteaba Beto Pianelli, respecto a cómo se trabaja en defensa de la Salud, en la Federación, llevamos adelante una línea de prevención de la salud, a partir de los factores de riesgo en los talleres, con compañeras y compañeros que han armado comisiones que recorren los talleres de las distintas zonas previendo los posibles riesgos, dándoles a los trabajadores elementos que ayuden en la prevención. Esto es defender a los trabajadores con políticas concretas y es lo que ellos no quieren. No quieren la organización de los trabajadores para defender nuestros derechos, por eso vienen de esta manera a tratar de limar la conciencia”.
La secretaria de Salud Laboral de CTA provincia de Buenos Aires, Lilian Capone, expresó que la medida del Gobierno Nacional implica un “retroceso muy grande”. A su vez, manifestó: “Es increíble que este gobierno en vez de estar buceando cuáles son las causas por las cuales hay litigiosidad, que por otro lado, no son las que plantean, se ponga nombre y apellido cercenando todo tipo de derecho, derechos laborales y derechos humanos también. Porque hay algo que es de la confidencialidad del trabajador como también lo que pasa dentro de un expediente”.
Por otro lado, Capone señaló: “Este registro ya estaba, pero era un registro de porcentajes de litigiosidad y se buscaban las causas. Ahora no se buscan las causas, se buscan las personas y esto es lo que marca la gravedad del tema. Enmarcada en un Espacio Intersindical, la CTA, junto a gremios de la Corriente Federal y la CGT, todos juntos con una unidad de acción sindical, vamos a plantear la denuncia concreta y el seguimiento de los casos en cada sindicato para evaluar la gravedad del tema. En este momento también hemos dado parte al CELS porque tienen mucho que ver los derechos humanos, tema que para este gobierno no es importante”.
Por su parte, Luis Enrique Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas felicitó a la CTA “por haber tomado con tanta rapidez esta iniciativa para salir al cruce de esta resolución que crea este registro”. También resaltó: “Evidentemente esto ha generado una enorme preocupación porque es un registro que claramente no se va a dedicar a levantar datos para generar estadísticas sino que tenemos el temor de que lo que va a originar son listas negras de trabajadores que están litigando y también de abogados. La propia resolución pide que las ART informen no sólo respecto de los trabajadores que hacen juicio, que ya sería una barbaridad, con su CUIL, sino que además, de los abogados con su CUIT. En el marco en que se da, además, de este ataque a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo, a la justicia del trabajo, realmente esta última resolución nos parece sumamente preocupante”.
La resolución publicada en el Boletín Oficial el 2 de agosto, no hace mención respecto del resguardo de la información exigida. Según detalló Ramírez, resulta sumamente difícil controlar cuál es el destino de la información. “Es absolutamente imposible hacer un control para que esa información no llegue a las empresas, a las otras ART. Se trata de la intromisión del Estado pidiendo datos personales innecesarios. No es necesario conocer quién hace el juicio sino por qué hace el juicio. Hay una reacción muy fuerte de los trabajadores de los sindicatos y de los profesionales. Nuestra Asociación está trabajando en una acción de amparo que se presentará en los próximos días”.
Durante la conferencia de prensa, también se contó con la presencia del secretario de Organización de CTA, Gustavo Rollandi; Carlos Girotti, secretario de Comunicación de CTA; León Piasek, miembro de Asociación de Abogados Laboralistas; Eduardo Gabriel Sreider, presidente del Colegio de Abogados de Moreno - General Rodríguez y protesorero del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires; Antonio Jorge Barrera Nicholson, abogado laboralista y director del Grupo 14 Bis; Diego Morales referente del área de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Juan Manuel Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital; Marcelo ’Nono’ Frondizi, secretario del Interior de CTA y de Acción Política de ATE Capital; Claudio Marín, secretario general adjunto del gremio de los trabajadores de las Telecomunicaciones Foetra y gremial de CTA; Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y gremial de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); Daniel Aversa, secretario general del Sindicato Unificado de trabajadores Municipales de Avellaneda (SUMA); Silvia Almazán, secretaria general adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba); integrantes de Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos); entre otros referentes.