Ante la difusión de un video donde funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal declararon la intención de instalar una "Gestapo" sindical, la Confederación Sindical de las Américas emitió un documento donde exige la "urgente dilucidación y determinación de las responsabilidades de los partícipes de las reuniones y confabulaciones".
El comunicado se acordó luego de una reunión que tuvo lugar vía online el miércoles 12 de enero y de la que participaron el secretariado de la CSA y las tres centrales argentinas.
Compartimos aquí el contenido del documento.
Declaración de CSA sobre el plan de criminalización de la actividad sindical en Argentina durante el gobierno del expresidente Macri (“La Gestapo antisindical”)
La Confederación Sindical de Trabajadores/Trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 55 millones de trabajadores/as de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente, expresa su más enfático rechazo a las políticas de persecución, criminalización e inculpación de sindicalistas por parte de una planificada estrategia de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la ex-gobernación de la provincia de Buenos Aires en épocas de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, del ex Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, y de otros responsables, que incluye a miembros del Poder Judicial de la República Argentina.
En consideración a la gravedad de los sucesos, DECLARA:
1. Que los hechos denunciados fueron conocidos en el curso de la pasada semana mediante filmaciones donde se aprecia la celebración de reuniones secretas realizadas en 2017 por funcionarios de esos rangos con el objetivo de trazar un plan para afectar y debilitar a organizaciones sindicales representativas de trabajadores del ámbito público y privado, llegando al extremo de proponer una “Gestapo” antisindical (VIDEO) , según expresión literal del entonces Ministro de Trabajo de la Provincia;
2. Es importante destacar que la política del gobierno de la provincia de Bs.As. estaba íntimamente relacionada con el proyecto del gobierno Federal del presidente Mauricio Macri, ejecutado en varias oportunidades mediante instrumentos como el espionaje, la acción policial y jurídica en contra de dirigentes sindicales sociales y políticos;
3. Esta persecución y criminalización de dirigentes sindicales y sociales y de las protestas constituye una política conocida en las Américas, ya que obedece a la lógica del modelo económico neoliberal que privilegia el mercado y las ganancias por encima de los derechos de los trabajadores/as y de la población en general. Su aplicación es implementada por los gobiernos de derecha y de extrema derecha en nuestra región, que hace de su fundamentalismo neoliberal una práctica de ataque a la democracia y al propio estado de derecho;
4. La visualización del video por la vía de redes sociales permitió verificar públicamente la gravedad de la situación, que significa una grosera persecución sindical que ha motivado la presentación de recursos por parte de las centrales sindicales argentinas ante organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos;
5. En casos similares, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene dicho que “En relación con la inculpación de dirigentes sindicales por sus actividades sindicales, el Comité señaló el peligro que para el libre ejercicio de los derechos sindicales representan las condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes” La Libertad Sindical. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical. OIT, 2018, pár. 154);
6. En lo fundamental, los hechos verificados constituyen una flagrante violación de las garantías más elementales del Estado de Derecho, afectando los derechos ciudadanos y a la Democracia y su institucionalidad misma como ideal de convivencia social;
7. En esta dirección, la Resolución sobre “Los derechos sindicales y su vinculación con las libertades civiles” de la OIT de 1970 ha reconocido que los derechos de las organizaciones de trabajadores se basan en el respeto de las libertades civiles y que “el concepto de libertades sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles”.
Entre las libertades civiles que son esenciales en sí mismas y como presupuesto del ejercicio de la libertad sindical figuran, según la Resolución de OIT, “el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias”; la “libertad de opinión y de expresión, y en particular, de sostener opiniones sin ser molestado” y el “derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales”;
8. La iniciativa ahora descubierta confirma la denuncia de las centrales sindicales argentinas efectuada en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acciones tomadas por el gobierno de la época para criminalizar la protesta social, estigmatizar dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones) y jueces, restringiendo de diversas maneras la actividad sindical;
En virtud de tales consideraciones, la CSA pide a las autoridades pertinentes de la República Argentina la urgente dilucidación y determinación de las responsabilidades de los partícipes de las reuniones y confabulaciones de manera firme para erradicar este tipo de maniobras lesivas de los derechos civiles, políticos y sindicales de las personas que trabajan.
Finalmente, la CSA demanda a los organismos internacionales (OIT, CIDH, Corte IDH, CIMT, CELAC), que se mantengan atentos y vigilantes a la situación de persecución de la acción sindical, los sindicatos y a los dirigentes en nuestra región.