Ante el intento de impedir la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Chaco, mediante una medida cautelar dispuesta por la Jueza en lo Civil y Comercial Marta Aucar de Trotti a raíz de un requerimiento impulsado por integrantes de FASTA (Federación de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), queremos advertir sobre las implicancias de esta determinación, y alertar sobre este tipo de maniobras que pretenden desconocer un derecho fundamental recientemente conquistado y que reivindicamos como un logro en términos de justicia social y profundización de la democracia real en nuestro país.

Esta decisión judicial, que ya ha sido cuestionada por numerosas organizaciones y referentxs sociales, políticas, sindicales y jurídicxs, es improcedente al pretender excluir a un Estado provincial de la obligación de respetar y hacer cumplir en su territorio una Ley nacional, y supone un acto de suma gravedad política: que una autoridad judicial se comprometa en una acción tendiente a desconocer un derecho que ha sido consagrado a través del procedimiento legislativo que define democráticamente las normas que regulan la vida en la república. Incluso si la Jueza pretendiera ignorar el altísimo nivel de legitimidad social alcanzado por una norma que, como esta, ha sido resultado de una extendida movilización social que convocó a un colectivo amplio, plural, transversal a las identidades político partidarias, y persistente en su voluntad de sumar adhesiones y hacer comprensible la necesidad de poner fin a la clandestinidad del aborto, no puede bajo ningún argumento pretender imponer su voluntad y su peculiar interpretación de las normas por sobre la soberanía que el pueblo argentino ejerce a través de su representación parlamentaria.

Quienes somos parte de la marea verde que conmovió a este país y al mundo llevando adelante el reclamo del Aborto Legal, Seguro y Gratuito que el 29 de diciembre del 2020 se convirtió en Ley, estamos alertas frente a la reacción que actitudes como esta quieren alentar, y que demuestran con alevosía la urgente necesidad de avanzar en una profunda transformación de la ideología que sustenta el autoritarismo patriarcal en el Poder Judicial, cuyas brutales consecuencias padecemos cotidianamente las mujeres y las personas que asumimos identidades sexo-genéricas disidentes. Las sindicalistas que integramos este movimiento feminista popular, y todas las personas que luchan por la justicia social y la democracia en nuestro país, no hemos concluido nuestra tarea: nos toca ahora velar por el estricto cumplimiento de la Ley, y seguir dando batalla para que nadie - en el Poder Judicial, en el sistema de salud, en las áreas responsables de elaborar e implementar las políticas públicas, en los medios de comunicación, en todos los niveles de enseñanza y en los diversos ámbitos de formación ciudadana - pueda desconocer, o pretender que ignora, que la interrupción voluntaria del embarazo ES LEY, es nuestro derecho, y es una obligación del Estado garantizarlo.

Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades
CTA de les Trabajadores

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