Documento de las Entidades Empresarias que integran la Convocatoria Económica y Social por la Argentina
El Foro de Convergencia Empresarial no representa a las Pymes ni al conjunto de la producción nacional
Por la profundización de un país inclusivo
Recientemente se dio a conocer el segundo documento del autodenominado Foro de Convergencia Empresarial (FCE), nucleamiento que fundamentalmente agrupa a representantes de grandes corporaciones nacionales y extranjeras que operan en nuestro país.
El documento se titula “Quiénes somos. Qué necesitamos”, y en su confección el principal papel lo juegan la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio, los bancos privados y la Cámara de Comercio de los EE.UU., entre otras agrupaciones.
A continuación realizamos una refutación desde el punto de vista de los intereses de los micro, pequeños y medianos empresarios y el conjunto del empresariado con sentido nacional, no representados por ese documento y en total desacuerdo con sus postulados.
Quiénes hablan. Qué quieren
Las entidades del FCE se arrogan la representación de “los empresarios de grandes ciudades, de pueblos chicos y del campo”, pero no pueden hablar en nombre de las Pymes ni del empresariado nacional, al cual le va bien sólo si al país le va bien.
En cambio, los congregados en el FCE y sus adherentes representan los intereses de capitales altamente concentrados y extranjerizados, que suelen pregonar las “crisis cíclicas” mientras operan para desencadenarlas.
Mayormente, se trata de los tradicionales sujetos minoritarios y especulativos que han buscado regir a lo largo de la historia nacional los destinos no sólo del sector privado sino de la economía y de la sociedad argentina en su conjunto.
Uno de los principales impulsores del documento, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que incluye a los directivos de los oligopolios de medios de comunicación, ha tomado la posta de las entidades que históricamente han pugnado por imponer el liberalismo a ultranza en nuestro país, la mayor parte de las veces en abierta contraposición con regímenes democráticos.
No debemos olvidar que el Consejo Empresario Argentino (CEA), presidido por Martínez de Hoz, y agrupaciones afines reunidas en la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias (APEGE), fueron promotores y beneficiarios del régimen de 1976. La represión sistemática y el terrorismo de Estado permitieron a los dictadores y sus cómplices civiles sentar las bases del modelo de concentración, extranjerización, desindustrialización, endeudamiento y especulación financiera que tuvo su apogeo en los ’90 con las privatizaciones y la convertibilidad, hasta llegar a la crisis de 2001 y 2002.
En 2003 comenzó una etapa de restitución del papel activo del Estado y de subordinación de las herramientas económicas a objetivos políticos de soberanía, justicia social, fomento de la industria y el trabajo nacionales. Esta orientación, así como las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la ampliación de derechos sociales, civiles y económicos, responden a demandas populares largamente postergadas.
Los poderes corporativos han reaccionado desde el inicio de este proceso condicionando al gobierno nacional y a la instituciones a través de permanentes ataques mediáticos y especulativos a gran escala. El lock out patronal de 2008, la resistencia a la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, las corridas cambiarias de 2011 y las recientes operaciones sobre el valor del dólar son sólo algunos hitos de una estrategia de hostigamiento que no repara en límites.
Para entender y explicar quiénes son y qué es lo que dicen los representantes del poder económico, es clave contextualizar expresiones y conceptos con el fin de poner al descubierto la interesada construcción de “sentido común” que subyace al discurso neoliberal.
Desde el lugar de la oposición ese discurso señala constantemente el “vaso medio vacío” de la política oficial (que tildan de “populista”, “estatista”, “intervencionista”, “garantista”, etc.). Al desentenderse tanto de la evolución histórica de las variables como de su ubicación en un marco global, se busca operar señalando los efectos negativos de diversas problemáticas (“inseguridad”, “inflación”, “gasto público”), pero sin afrontar las complejas causas estructurales que deben continuar modificándose para que la ciudadanía en su conjunto pueda vivir cada vez mejor, en paz, con trabajo digno y prosperidad.
Por el contrario, abordar las causas de los principales aspectos no resueltos de la economía, la política y la sociedad implica pensar y actuar a contramano de los verdaderos postulados e intereses de estos grupos, que cuando han logrado imponer sus políticas se definieron siempre por los ajustes regresivos, la derogación de los derechos laborales, la represión social y la transferencia de ingresos hacia las cúpulas concentradas.
Hoy, en nombre de una democracia y un republicanismo cuyos principios elementales nunca respetaron, los agrupados en el FCE continúan llamando “libertad” (sólo) a la desregulación de los mercados; “propiedad privada” (sólo) a la renta oligopólica; “república” (sólo) a un modo de funcionamiento institucional que asegure a un 10 % quedarse con el 90 % de lo producido por todos los argentinos; “diálogo” (sólo) a toda negociación que los beneficie; “reglas del juego” (sólo) a toda legislación que asegure que las anteriores premisas sean posibles.
Recetas conocidas
Esta clave de lectura, que no deja dudas sobre el signo ideológico de la propuesta “institucional” del FCE, es aplicable asimismo al segmento económico del documento.
Realicemos un breve ejercicio de traducción, punto por punto:
a) tener una baja tasa de inflación similar a la de la gran mayoría de los países de la región y del mundo mediante medidas macroeconómicas que ataquen el problema de manera integral.
Léase: implementar políticas de “enfriamiento” de la actividad y el consumo popular; aplicar un sistemático ajuste estructural, con transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados y multinancionales.
b) la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas. Léase: terminar con las regulaciones estatales en la economía, dejar que medren la especulación, la fuga de divisas y el flujo de capitales internacionales sin control alguno.
c) garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados
transparentes evitando intervenciones distorsivas. Léase: dar de baja las políticas de “precios cuidados” y que el Estado abandone el control e identificación de beneficiarios de las cadenas de valor y los formadores de precios; no poner límite algunos a ganancias extraordinarias de los oligopolios.
d) fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía.
Léase: a) queremos pagar menos impuestos, sin criterio progresivo (siempre se puede usar a las Pymes como punta de lanza, ver punto f); b) el trabajo informal no es un problema que nos concierna (aunque las políticas que proponemos tiendan a agravarlo).
e) un marco regulatorio que aliente inversiones de empresas privadas en infraestructura de energía, transporte y comunicaciones. Léase: a) el Estado debe limitarse a administrar, no puede ser un actor económico; b) debe volver a privatizarse todo lo que se estatizó en los últimos diez años.
f) reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales, y coadyuve a la formalización de la economía sobre la base de equidad y progresividad. Promoción de las Pymes y las economías regionales con políticas diferenciadas. Léase: Terminar con las retenciones a las exportaciones y regir los precios internos por precios internacionales; nótese que esta proposición se contrapone con cualquier criterio de “progresividad” o “equidad”; según esta concepción la riqueza de unos pocos en la cima de la pirámide siempre se derrama prolijamente sobre los segmentos inferiores de la economía; cuando se refiere a las Pymes, en verdad debería decir “las Pymes eficientes o competitivas que queden en pie”.
g) integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales. Léase: a) abrir la economía sin restricciones, subordinarla a los centros del poder global y volver a los mercados de crédito internacionales en función de intereses especulativos; b) plegarse a la Alianza del Pacífico y a los tratados internacionales de libre comercio, en particular con los Estados Unidos.
h) remoción de los factores que desalientan las inversiones así como el abastecimiento fluido de nuestra producción. Léase: Abrir totalmente las importaciones, desmantelar cualquier mecanismo protector de la industria nacional.
i) eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones. Léase:
Dejar de regular el flujo exportador de acuerdo con estrategias productivas nacionales, el abastecimiento interno y el fomento de los actores pequeños; lo que debe primar es el criterio de los grandes intereses privados.
Obsérvese que en el programa económico esbozado no hay una sola mención al desarrollo industrial.
El mensaje de las corporaciones
En suma, si leemos sólo la traducción de estas propuestas económicas nos encontramos lisa y llanamente con los postulados de las políticas del Consenso de Washington que tuvieron su auge en los ´90 en nuestro país, con los desastrosos resultados conocidos para las Pymes, la industria nacional, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y las capas más desprotegidas de la población. En 2002 más del 50% de los argentinos estaba bajo la línea de la pobreza.
Es decir, el documento de las grandes corporaciones, bajo su particular lenguaje, no es otra cosa que una ofensiva para reinstalar en el centro de la escena la ideología ultraliberal del Estado mínimo (funcional a intereses corporativos) y la primacía del “mercado” (o sea de la voluntad y el beneficio de los actores concentrados y transnacionalizados), como principio rector del conjunto de la vida económica y social.
Pero ante todo contiene un mensaje bajo el cual debe leerse toda la “propuesta” que presentan: no importa qué partido político asuma el próximo gobierno, forzosamente deberá subordinarse a los principios rectores enunciados por los estos pretendidos guardianes de los intereses privados y la moral pública, a fin de realizar el programa que los beneficie para que el país pueda ser “sustentable”.
Ahora bien, ¿qué modelo de país o “desarrollo sustentable” proponen? O mejor dicho, ¿para quiénes podría resultar sustentable ese país? No para las mayorías ni para el conjunto de las Pymes y de las empresas nacionales, desde luego.
Sería un país regido por criterios de eficiencia en términos del sistema de globalización liberal, subordinado a intereses concentrados multinacionales, con un fuerte perfil agroexportador y con unas pocas ramas industriales desarrolladas en función de los centros de producción transnacionalizados.
En ese país el entramado de las micro, pequeñas y medianas empresas, que proveen la mayor parte del trabajo local, no tienen lugar; sobrevivirán, de acuerdo con las reglas del juego (o las leyes de la selva) sólo las unidades productivas “más aptas”, ligadas inevitablemente a los intereses estratégicos de los conglomerados económicos.
Tampoco la industria nacional tiene lugar, ya que para la globalización ortodoxa no sólo pueden sino que deben existir la industria sin nación y naciones sin industria; todo depende del papel reservado a cada uno en el marco internacional.
Tampoco los trabajadores tienen lugar; en un panorama de achicamiento del mercado laboral, sus derechos siempre pueden flexibilizarse en nombre del crecimiento del empleo.
Así llegamos al último capítulo. Ante las consecuencias del “costo social”, las corporaciones proponen la vigencia de un “plan criminal integral”, según reza el documento. Una vez más, traducimos: represión de la protesta social, estigmatización de la pobreza, militarización y privatización de las fuerzas de seguridad.
De este modo, según la óptica conservadora, podrá arribarse a una situación digna de “sociedades civilizadas”.
Profundizar las políticas activas
El conjunto de los empresarios Pymes, industriales, productores y profesionales ligados con el interés nacional tenemos memoria y sabemos que ese modelo de país no nos contiene ni nos representa: es un modelo excluyente, injusto, devastador del aparato productivo local y empobrecedor del mercado interno y los sectores populares.
Trabajamos día a día con la certeza de que para poder vivir y crecer dignamente como empresarios y ciudadanos junto con todos los demás sectores de la vida nacional, debemos en cambio aportar a la construcción de un proyecto de país basado sobre la recuperación e incremento de los derechos laborales y ciudadanos.
Necesitamos un país con un papel activo del Estado; con planificación para implementar políticas industriales sustitutivas con alto contenido de conocimiento e innovación tecnológica; con trabajo digno y un mercado interno robusto; con una estabilidad de variables que derive de la democratización y desconcentración económicas y no del achicamiento de la actividad; con una distribución equitativa de la riqueza que sólo puede lograrse mediante impuestos progresivos; con exportaciones diversificadas y de alto valor agregado; con una integración regional avanzada e inclusiva; con un fomento integral y diferenciado para las Pymes y las economías regionales; con crédito adecuado para los sectores más dinámicos, de acuerdo con una normativa que priorice la producción nacional y la economía social.
Creemos que ese país se está reconstruyendo desde 2003, por lo que se han logrado significativos avances en reducción de la pobreza y la desigualdad, fomento de la industrial nacional, la producción y la actividad Pyme, así como la recuperación de los resortes del Estado en el manejo de la política económica y una inserción internacional soberana, a partir de la integración con Latinoamérica.
En este rumbo las falencias y las asignaturas pendientes deben encararse sobre la base de debates y acuerdos entre todos los actores sociales, sin temor de expresar diferencias y señalar los intereses contrapuestos en el seno de la sociedad.
Sólo hay democracia cuando se valoran las diferencias, no cuando se las anula bajo el dictado de un discurso único, supuesto garante de la racionalidad y la moral públicas, que como siempre sucede, sólo valen para unos pocos privilegiados que tienen el poder para imponer al resto sus puntos de vista.
Queremos vivir en democracia, en paz, con progreso, industrialización, desarrollo, justicia social y soberanía.
No queremos volver atrás.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2014
Ider Peretti, Presidente, Confederación General Económica de la República Argentina.
Marcelo Fernández, Presidente, Confederación General Empresaria de la República Argentina.
Eduardo Fernández, Presidente, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.
Daniel Moreira, Presidente, Asociación Pyme.