Esta mañana un contingente de cientos de efectivos policiales, con una orden de desalojo solicitada por el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez y dispuesta esa misma noche de forma exprés por el juez Santiago Banegas, avanzó sobre las trabajadoras y los trabajadores en huelga, forzándolos a desalojar el acampe que sostienen ante la planta.

De esta manera los funcionarios del Poder Judicial, el juez Santiago Banegas y el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez, ceden al propósito repetidamente clamado por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda.

Poco le importó a los funcionarios policiales locales la respuesta del Ministro de Seguridad de Santa Fe el pasado viernes 21 al juez Banegas esgrimiendo el respeto al derecho a huelga y la condición de servicio a la comunidad que impide la actuación para la vigilancia privada permanente, como pretende este grupo empresarial.

A los cientos de efectivos policiales que con decenas de móviles se desplegaron ante la planta de la Algodonera Avellaneda en Reconquista, hay que sumarle los cinco patrulleros que se apostaron en el acceso a la aceitera Vicentin en Avellaneda y los otros cinco móviles que hicieron lo propio ante la planta de Buyanor en Avellaneda, todas del mismo Grupo. Es decir, todo el aparato policial en la región de la Provincia, comandado por el juez y el fiscal, estuvo al servicio del Grupo Vicentin en sus tres plantas industriales de la zona.

Recordamos que el pasado 18 de agosto, una patota comandada por el abogado de la empresa y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la Algodonera, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial.

Hoy, mientras ese hecho continúa impune, el poder judicial actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace más de 70 días reclaman un aumento para los salarios de miseria que paga la empresa, utilizando a la policía como seguridad privada de la empresa.

Todo esto, además, en nombre de la paz social. La única amenaza a la paz social es la que ejerce el Grupo Vicentin condenando al hambre y a la pobreza a quienes desempeñan tareas en la Algodonera Avellaneda, negándose al diálogo, atacándolos con patotas y clamando por su represión. Repudiablemente, hoy funcionarios judiciales cedieron a su voluntad.

Ante la represión dispuesta por el Grupo Vicentin y llevada adelante por sus gestores del Poder Judicial de Reconquista, las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón del país no nos quedaremos de brazos cruzados.

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.

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