La medida es en rechazo a la imposición de un nuevo convenio colectivo inconsulto. Tras sufrir 500 despidos en febrero, ayer los trabajadores decidieron ocupar pacíficamente distintas áreas aunque sin ingresar, todavía, a la mina.
Reunidos en boca de mina 5, los trabajadores votaron en asamblea la toma pacífica de las instalaciones.
La asamblea de trabajadores y trabajadores de YCRT resolvió ayer profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno nacional difundiera la imposición de un nuevo convenio colectivo de trabajo “flexibilizador”. Reunidos en boca de mina 5, votaron la toma pacífica de todas las instalaciones de la empresa (administración, los talleres y las áreas técnicas en el área de mina 5) pero sin ingresar al interior de la mina (todavía). La medida es en rechazo al convenio colectivo inconsulto que tanto el Gobierno nacional como la intervención de la empresa les quiere hacer firmar a los gremios, donde pretenden instalar la polivalencia funcional –que los trabajadores puedan ser movidos de áreas sin tener en cuenta la especificidad de cada labor–, se restringe la libertad sindical, y se deja por escrito que son los trabajadores quienes deben ser “solidarios” frente a la actual situación de crisis. También proponen un fuerte recorte salarial que no alcanza al interventor Omar Zeidán ni ninguno de los funcionarios macristas. Por otro lado, el gerente de Relaciones Institucionales de YCRT, Francisco Roldán, confirmó que no habrá marcha atrás con los despidos. De continuar con esta situación, el Gobierno amenazó con aplicar el procedimiento preventivo de crisis a partir del 1 de abril.
“Nos quieren imponer de una u otra manera que firmemos la rendición incondicional, que entreguemos la historia que tienen todos los Convenios Colectivos que cada sindicato representa, que aceptemos la baja salarial, la polifuncionalidad y que no tengamos derechos de hacer medidas. Es anticonstitucional y autoritario. Quieren someternos a ser parte de esta entrega”, sostuvo Miguel Páez, secretario general de ATE Río Turbio.
Con bombos, globos y platillos, el Gobierno nacional difundió un supuesto nuevo convenio colectivo de trabajo unificado para todos los gremios y lo presentó como la “nueva YCRT, transparente y eficaz”. También ratificó su ultimátum para los 2023 trabajadores que quedan. “O se acepta el nuevo convenio o la crisis se agudizará”. Esta vez el mensaje fue de Omar Zeidán, el interventor de YCRT y alfil político del senador Eduardo Costa, uno de los principales impulsores del cierre de la mina y la usina de 240 MW para reemplazar dicho proyecto con la instalación de parques eólicos. No es una casualidad que Costa sea dueño de una empresa dedicada a instalar dichos parques, Energía Patagonia, manejada a través de su testaferro Manuel Alberto Pereira Sanhueza.
Lo que sucede en YCRT en una muestra de la metodología flexibilizadora del gobierno nacional. “Es un verdadero instrumento flexibilizador de las condiciones laborales, con rasgos distintivos de la época. Primero crean el escenario de crisis y necesidad de mantenimiento de fuentes de trabajo, luego extienden la vigencia del conflicto hasta desgastarlo de tal modo que muchos de los trabajadores optan por retirarse o aceptar cualquier modalidad de trabajo. Están generando la tormenta perfecta que les permita flexibilizar mediante la disponibilidad colectiva. Son las organizaciones sindicales las que renuncian a derechos y esa renuncia queda legitimada con la firma de las organizaciones sindicales”, explicó a PáginaI12 el abogado laboralista Luis Palmeiro.
No hay un problema económico en YCRT, más allá de que la intervención haga eje en los altos sueldos de los trabajadores y el déficit que eso generaría. La muestra está en que de aceptar el convenio flexibilizador, de un día para el otro aparecería el dinero para seguir invirtiendo en la mina y la usina. “Todo esto está atado a la aceptación del nuevo convenio colectivo de trabajo y la nueva escala salarial. Pido racionalidad”, sostuvo Zeidán en declaraciones radiales.
El 2 de febrero, la mesa intersindical elevó una propuesta al Gobierno para lograr un superávit en YCRT y reincorporar a los 500 despedidos, de los cuales 240 ya optaron por el retiro (in)voluntario. Si se pusiera en marcha el primer módulo de 120 MW de la usina sumado a la venta de carbón a Chile, la empresa podría generar 2196 millones de pesos en un año (468 millones de pesos por la venta de carbón y otros 1728 millones por la venta de energía), según el análisis realizado por la mesa intersindical. El déficit presentado por el Gobierno en el Presupuesto 2018 sería de 1353 millones de pesos. Por ende, de llevarse adelante la propuesta de la intersindical podría generarse un superávit de 843 millones de pesos. La propuesta fue rechazada de plano por el Gobierno.
“Buscan recortar salarios para terminar luego privatizando la usina y la mina, como también algunos sectores de la empresa. Estamos convencidos de que esto es así. No queremos darle entidad a un documento (el convenio colectivo presentado) que no tiene marco de institucionalidad”, sostuvo Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza de Río Turbio.
Otro de los puntos polémicos que difundió la intervención de YCRT tiene que ver con una cláusula denominada “Pacto de paz social”, una medida encubierta para limitar el derecho de huelga al impedirle a los trabajadores la posibilidad de reunirse en los lugares de trabajo, lo que implicaría una violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y Principios Internacionales de Libertad Sindical.
En rechazo a lo que fue calificado por la mesa intersindical como “medidas extorsivas”, los trabajadores y trabajadoras decidieron en asamblea profundizar las medias de fuerza y avanzar con la toma pacífica de todas las áreas de YCRT (sin llegar al interior de la mina), desde el área administrativa que está ubicada casi al ingreso del centro de Río Turbio, los talleres, a más de un kilómetro del centro y las demás áreas operativas ubicadas en mina 5.
Fuente: Página/12