Las/os trabajadoras/es pampeanas/os representadas/os por las distintas centrales obreras, expresamos nuestra adhesión a las medidas que adopte el gobierno nacional para evitar la extranjerización de VICENTIN, una de las empresas nacionales exportadora de granos, y para que judicialmente se investigue el accionar de sus directivos y a las autoridades del Banco Nación por fraude a las cuentas públicas.
Se ha dicho, y se seguirá diciendo, en todos estos días infinidad de cosas y se aportará información cierta y también incierta a todo el enjambre jurídico que significa el funcionamiento de una empresa con 90 años de existencia en nuestro país.
Lo cierto es que, desde nuestro lugar de trabajadoras/es vemos, y esto es irrefutable, que la tan mentada PROPIEDAD PRIVADA es solo de un grupo de personas que se abusaron inconteniblemente de la de otros/as, llámense pequeños agropecuarios y cooperativas, para acrecentar su riqueza.
Claramente, no podemos soslayar que ese enriquecimiento también se vio notablemente aumentado a costilla del Estado Nacional a través el Banco de la Nación, que le otorgó un sinnúmero de créditos, incluso cuando ya se encontraba en cesación de pagos.
En definitiva, la propiedad privada que se defiende se acrecentó indisimuladamente con tierras públicas entregadas por una dictadura militar, con puertos entregados por otra dictadura militar, con deuda PRIVADA estatizada por otra dictadura militar, y finalmente por créditos otorgados de forma por lo menos dudosa por un gobierno democrático, pero con comportamientos afines a esas dictaduras militares, por lo menos desde lo económico.
Mientras tanto, las/os trabajadores de las mismas empresas sufrieron ENTREGAS, PERSECUCION, TORTURA Y DESAPARICION, por defender los derechos que consideraban propios, también sufrieron las penurias de las decisiones por los traslados de plantas de uno a otro lugar de acuerdo con la conveniencia de los patrones y hoy sufren la incertidumbre de una realidad que lleva indefectiblemente al derrumbe y la quiebra sino sale el estado en defensa de la empresa.
Sería lógico el pensamiento de los dueños de la PROPIEDAD PRIVADA, que el estado acudiera, aportara miles de millones como ya lo ha hecho, ellos tuvieran la posibilidad de jugar con el dinero ajeno, participar de prácticas de evasión impositiva, especular, y luego depositar sus ganancias en paraísos fiscales para disfrutarlo finalmente junto a otros varios vivos como ellos enriquecidos a costa de los demás.
Dejamos aclarado que nuestro interés no está en discutir con pequeños productores, ni tampoco abrir juicio de valor generalizando, porque creemos profundamente que también ellos han sido indiscutiblemente afectados por la empresa, pero además para acceder a veces a créditos miserables, han tenido que presentar "hasta examen de ADN", para luego ser despedidos sin ninguna solución a su acuciante situación económica.
Por ello, defendemos la actitud asumida por el Presidente Alberto Fernández y acompañamos las medidas que adopte para que quienes no tuvieron la altura y el compromiso que debían tener a la hora de administrar su patrimonio sean expulsados de sus lugares, y que los mismos sean desempeñados con honradez por profesionales idóneos capaces de sacar a la empresa de la crisis.
También acompañamos todo lo que se haga para investigar la conducta irregular de los funcionarios que otorgaron créditos sin las previsiones necesarias para cuidar los intereses de los argentinos de a pié, no los dueños de la PROPIEDAD PRIVADA.
Finalmente expresamos que del mismo modo que durante el gobierno de Macri fuimos la cabeza de innumerable cantidad de movilizaciones cuando consideramos que se violaban los derechos de los más necesitados, las centrales gremiales no dudaremos en movilizarnos en defensa de las acciones de un gobierno que interpretamos gobierna