Desde el Espacio de Producción y Trabajo, queremos expresar nuestro apoyo a la medida del gobierno nacional que suspendió temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1° de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal.
Esta medida tiene por objeto asegurar el abastecimiento a costos más bajos del cereal, para los sectores que lo utilizan como materia prima en la producción de carne de cerdo, pollo, huevos, leche, feedlot y molinería.
Esto provocó una desmedida reacción de los sectores del campo nucleados en la Mesa de Enlace, que acaba de anunciar un cese de comercialización de todos los granos desde las 0 horas del lunes 11/1 hasta las 24 horas del miércoles 13/1.
Esta suspensión de exportaciones solo alcanza al 10% de la cosecha 2019/2020, es decir que ya se exportó el 90% de lo previsto.
El Consejo Agroindustrial Argentino que se reunió con las autoridades del gobierno, iniciando un diálogo, para que se apruebe su propuesta de Proyecto de Ley, envió al presidente Alberto Fernández una carta apoyando a la Mesa de Enlace y solicitando “el levantamiento de forma urgente de toda medida que atente contra la producción y la exportación”.
Rechazamos en forma terminante los argumentos de la Mesa de Enlace afirmando que la restricción planteada es "perjudicial para el campo", cuando lo hace en el marco de cosechas récord de maíz (50 millones de toneladas en 2019/20 y una cifra similar para la esperada 2020/21) y precios récord en los mercados (un aumento de más del 100% del grano a lo largo de 2020 en la Bolsa de Comercio de Rosario) sin un correlato similar de costos.
Aferrados al dogma del “Libre Mercado” plantean un daño irreparable a la confianza de los productores, ya que señalan que el mercado del maíz, a partir de ahora puede intervenirse en cualquier momento y por otro lado expresan su preocupación por no haber sido consultados, agitando el fantasma del Intervencionismo del Estado.
Aseguran que mientras Argentina registraba una caída de un 4% del PBI entre 2015 y 2019, la producción de maíz, lácteos y carnes se expandió, pero lo que no dicen es que durante ese período lo que también se expandió fue el hambre de los argentinos, la imposibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos, algo inconcebible en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.
Defienden la paradoja de ser un país que es gran exportador de alimentos y en el que a su vez crece la pobreza, el 50% de lxs niñxs es pobre y crece la brecha de acceso a la canasta de alimentos producto de esa inequidad.
Hablan de respetar el libre juego de la oferta y la demanda, pero no se hacen cargo que ante la pasividad del estado en el período que reivindican, los perdedores fueron los millones de argentinos que cayeron en la pobreza, los que no pudieron acceder a los alimentos, ya que había una carrera desigual entre la suba de los alimentos y la suba de los salarios
Denunciamos que el desabastecimiento y los sobreprecios exigidos para la provisión local están poniendo en clara evidencia la existencia de maniobras especulativas y operaciones ilegales de exportaciones y cambiarias que deben ser debidamente investigadas.
En un momento crítico para nuestra sociedad, está planteado nuevamente un debate que ha recorrido toda nuestra historia: cuáles son las prioridades y la asignación económica y social de los beneficios, la renta diferencial, para un país con capacidad excepcional para la producción y exportación de alimentos (más de 3/4 partes de la producción de maíz se vende al exterior).
Tal como ocurrió en 2008, no es casual que esta polémica vuelva a abrirse en un momento de altos precios internacionales. El dilema en juego es el de un país para pocos o, el que aspiramos y necesitamos, el de producción y trabajo para todos.
Entidades integrantes
CTA de lxs Trabajadores; la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; la Confederación General Económica, la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA); la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP); la Agrupación Grito de Alcorta; la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativxs Asociadxs (CONARCOOP); la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA); la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados (FACTA); el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionadxs de la República Argentina (GESTARA); el Centro de Estudios Agrarios; la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Frente Barrial CTA (FB CTA-T).