Texto del documento firmado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

El mes pasado, nos pronunciábamos ante la situación de persecución y fuertes rumores de detención, que pesaban sobre el Compañero Héctor Hugo Huespe, integrante de la CTA de los Trabajadores, por el cual debió presentarse un habeas corpus preventivo, ante la situación de incertidumbre reinante en ese momento. El compañero Huespe, es abogado de la AFFAI y de los vecinos del Barrio Campo Verde, entre otros.

El 20 de marzo, "fuentes judiciales del MPA" (Ministerio Público de la acusación), "desmentían" en el diario de uno de los socios de Gerardo Morales, que existiera orden de detención sobre Huespe, "pese a estar imputado en distintas causas", como decía la nota. Hoy, luego de lo sucedido, dudamos de esas declaraciones.

Reiteramos que en Jujuy, el derecho a transitar, el derecho a protestar, el derecho a la legítima defensa, están en riesgo. Misma situación atraviesan los abogados de la provincia, que ven cómo su trabajo se ha convertido en una labor de riesgo, ante el silencio cómplice y pasivo del Colegio de Abogados.

En el día de hoy, 6 de abril, el Compañero Huespe fue citado por el fiscal Maldonado para tomarle declaración por la causa de represión en el Barrio Campo Verde el mes pasado. Ante esto, decidió utilizar su teléfono celular como herramienta de defensa, teniendo como antecedente, lo ocurrido en la citación anterior, donde le solicitaban firme un papel en blanco sin foliar.

El fiscal Maldonado, quien lleva la causa, dio la orden al personal policial presente, para que le quiten el celular sin ninguna medida que lo determine. Allí fue empujado, golpeado, esposado, y robado y secuestrado su teléfono. Permaneció detenido e incomunicado por 40 minutos en la alcaldía de calle Alvear, donde fue puesto en libertad sin su teléfono.

Este gobierno, seguramente contará otra historia, pero lo ocurrido hoy se llama VIOLENCIA INSTITUCIONAL en cualquier lado. Violencia que se siente, así como la falta de estado de derecho y el pretender silenciar y disciplinar a quienes se atreven a defender los derechos de los más vulnerables, ante todo tipo de atropello.

Ante este nuevo atropello volvemos a señalar a los responsables de la violencia, persecución y criminalización en la provincia de Jujuy: Gerardo MORALES, Agustín PERASSI (Ministro de Gobierno), Guillermo CORRO (Ministro de Seguridad) y el titular del MPA, Sergio LELLO SANCHEZ, reiteradamente denunciado junto a sus secuaces.

BASTA DE VIOLENCIA Y PERSECUCIÓN

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