Respaldamos el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el Presidente de la Nación junto a gobernadores, gobernadoras, intendentes e intendentas de la República Argentina que llevarán adelante Diputados y Diputadas del Frente de Todos integrantes de la Comisión de juicio político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La arbitraria e ilegal sentencia en favor de la C.A.B.A. que firmaron los actuales integrantes de la Corte Suprema en perjuicio del federalismo, afectando fuertemente a las provincias argentinas, es la muestra clara de un accionar en favor del PRO y la alianza Juntos por el Cambio, como representantes de los grupos concentrados de poder de nuestro país.
A ello se suma la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la CSJN, colocándose Horacio Rosatti como Presidente de dicho órgano. Además arrogándose funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas. Reviviendo una ley derogada, modificando a su gusto la integración del organismo y desconociendo resoluciones de las cámaras de Senadores y Diputados, haciendo caso omiso incluso a fallos de tribunales inferiores.
Esto no es novedad, esta Corte dio previamente sobradas muestras de su falta de idoneidad y mal desempeño. En el año 2017 pretendieron poner un freno a los avances en materia de Derechos Humanos, en los cuales nuestro país es vanguardia a nivel mundial, avalando el beneficio denominado como 2x1 para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad. En aquella oportunidad fue el pueblo movilizado masivamente en las calles quien evitó lo que hubiera sido un brutal retroceso en materia de DDHH.
En materia de derechos laborales actuó también en sentido regresivo en cada oportunidad que pudo hacerlo, contrario al principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitando el derecho de huelga, desconociendo la relación de dependencia de trabajadores contratados, cercenando reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, reduciendo indemnizaciones por accidentes laborales, e incluso llegando al punto de considerar prescripto el reclamo de un crédito laboral originado por crímenes de lesa humanidad.
Otro tanto han realizado con la Obra Social del Poder Judicial, con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje al interior hacia trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pago, falta de autorización en tratamientos y tantos otros desmanejos sin control ni auditoria alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados y afiliadas, dañando de esta manera un derecho fundamental.
Por todo ello respaldamos el juicio político a la Corte Suprema para defender la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y los derechos humanos, convencidos de la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente del poder económico y al servicio del pueblo.
