En Bolivia se vislumbran unas nuevas elecciones marcadas por la persecución desatada por el gobierno de facto y la fragilidad de los movimientos sociales que encabezaron el proceso de cambio.

La desembocadura electoral en Bolivia era predecible. Fue parte central de la ingeniería golpista, su autopresentación y legitimación internacional. Los pasos eran claros: derrocamiento del gobierno de Evo Morales, ficción institucional con Jeanine Añez, persecución selectiva y en grupo, acuerdo forzado para elecciones, resolución por votos y aquí no ha pasado nada.

El golpe de Estado en Bolivia reunió piezas ya utilizadas en los derrocamientos de Honduras en el 2009, Paraguay en 2012, Brasil en 2016, y agregó elementos de los asaltos ensayados en Venezuela, en particular los grupos de choque, sus armamentos y modos de operaciones. El manual de pasos es el mismo que ha repetido el autoproclamado Juan Guaidó como un mantra desde enero del 2019: “Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”.

No sorprende entonces que la necesidad de la autoproclamada Añez y los poderes reales del golpe haya sido la de lograr el avance hacia las elecciones. Eso requería de un punto central: un acuerdo con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), mayoritario en el Parlamento. Ese fue el paso logrado el domingo, encadenado con el primer nombramiento a manos de Añez al frente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las partes del golpe se suceden como parecía previsto, con puntos aún sin resolver: la inmunidad para Evo Morales, quien ya se sabe que no podrá presentarse en las próximas elecciones, y la fecha de las mismas. Sobre esto último se anticipa que el gobierno de facto encabezado se prolongará más que lo anunciado cuando fue ungida por la Fuerza Armada Boliviana, y los comicios podrían ser en marzo de 2020.

Este avance del plan golpista se da entre masacres y cacerías. Ya son 34 asesinados en protestas, 78 autoridades -entre gobernadores, alcaldes y concejales- obligados a renunciar -sin contar a ministros, presidente y vicepresidente-, militantes y dirigentes con asilo, bajo amenaza, con listas con nombre y apellido que comenzaron a circular antes de la renuncia de Morales y García Linera.

El acuerdo sellado por la bancada del MAS es entonces una firma en una posición de persecución, contra las cuerdas, en un marco donde no fue planteado sacar al gobierno de facto a través de la calle. La apuesta de los diputados del proceso de cambio fue también lograr una salida electoral: la cuestión fueron las condiciones.

Esa parece haber sido la estrategia en un marco de dificultad marcada para construir una línea en los días de la ofensiva golpista, en el momento de su concreción y en las semanas que siguieron. Esa limitación dejó en evidencia las falencias del proceso de cambio, su principal instrumento político, el vínculo con los movimientos y las dirigencias.

El asalto golpista tomó por sorpresa anunciada a un movimiento político que había acumulado debilidades internas y externas. Las diferencias se tradujeron en divisiones organizativas como, por ejemplo, la existencia de dos Federaciones de Juntas Vecinales en la ciudad de El Alto, una parte del proceso de cambio, y la otra opositora.

Las externas, es decir, más allá de los actores propios de la arquitectura del proceso de cambio, fueron centralmente dos: el referéndum de 2016 y el corte de varias horas de la transmisión de los resultados provisorios la noche del 20 de octubre. La estrategia golpista, preparada durante mucho tiempo, utilizó esos dos elementos como puntos de apoyo y catalizadores para construir una narrativa acusatoria contra el gobierno. Esa narrativa fue apropiada por sectores amplios de la población, con una predominancia de las capas medias -con la complejidad particular boliviana de ese sector- y altas.

La firma del acuerdo para las elecciones fue un acuerdo que parecía inevitable, al menos que el gobierno de facto decidiera clausurar el Poder Legislativo, algo sobre lo cual se especuló durante varios días.

La posición de los movimientos ante eso fue diversa. Algunos dirigentes, como Andrónico Rodríguez, del Trópico, afirmó que mantendrán las movilizaciones. Otros, como Segundina Flores, de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, se disculpó ante el hecho de haberse sentado a dialogar con el gobierno de facto. En cuanto a la Central Obrera Boliviana (COB), su postura ante el golpe de Estado fue oscilante en varios momentos, en particular el domingo de la renuncia de Evo Morales.

Los días que siguen estarán marcados por el intento de visibilizar las masacres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la búsqueda del gobierno de facto de aplacar las protestas y bloqueos de carreteras, así como de no exponer a la Fuerza Armada, que contó con el decreto de impunidad para asesinar, y la partida extraordinaria de casi cinco millones de dólares para realizarlo, lo que, efectivamente, llevó adelante.

Las preguntas abiertas son muchas. Una de ellas es si los diferentes actores del proceso de cambio lograrán construir una plataforma electoral para la próxima contienda, algo que estará marcado tanto por sus dirigentes y movimientos, como por las condiciones para lograrlo en un marco de persecución. Otra pregunta es si eso estará articulado a una estrategia de movilizaciones como herramienta de presión sobre el gobierno de facto.

La ingeniería golpista aplicada en Bolivia expone conclusiones simultáneas, tanto de cómo se han perfeccionado los métodos de derrocamiento como de presentación, y la operación de legitimación internacional que, en este caso, contó con Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los gobiernos de derecha de la región.

En Bolivia se juega una de las piezas centrales del continente. Nada de lo que allí sucede es ajeno a los demás países: el golpe de Estado debe servir como espejo para observar el tiempo en el cual nos encontramos.

Imagen uniformados disparando: Abad Miranda / Captur-Arte

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