1. Nos definimos como parte del Proyecto Nacional, popular, democrático, emancipador y latinoamericano, que promueve un modelo de desarrollo productivo nacional y regional, con el centro en el empleo de calidad y la redistribución de la riqueza como motor de la inclusión social y la igualdad.

2. Es fundamental el avance del proceso de integración Regional y Continental (MERCOSUR; UNASUR, CELAC). Profundizaremos las políticas de articulación con el movimiento sindical de la región para aportar al proceso de integración la perspectiva de las y los trabajadores en la construcción de una agenda con el acento puesto en el debate de políticas de complementación productiva, especialmente, en áreas vinculadas la producción de bienes y servicios; a la generación y distribución de energía, transporte de carga, infraestructura, entre otros. Es fundamental la complementariedad entre nuestros países, que permita el diseño de políticas que logren el avance en sectores específicos vinculados al desarrollo y crecimiento con inclusión social. La integración política y cultural es fundamental como modelo que integre a los pueblos. El rechazo al ALCA, del que el próximo año conmemoraremos el décimo aniversario, es un hito histórico que para no quedar inconcluso requiere retomar con renovados ímpetus la causa de la Patria Grande. En ese sentido no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los signos de aletargamiento que podrían encontrarnos frente a la paradoja de tener que abordar la discusión del Tratado de Libre Comercio con Europa en un contexto de congelamiento del proyecto de la integración regional. Otro tanto podría decirse de la relación con el BRICS y de los tratados bilaterales con China. Estos nuevos desafíos de integración, si se dan en un contexto de pérdida de densidad del proyecto regional, pueden terminar conduciéndonos a nuevos escenarios que, con otros protagonistas, reproduzcan la dependencia y la relación asimétrica que los países de América Latina soportamos históricamente por Norteamérica.

3. Afirmamos el papel activo y presente del Estado para la profundización del proyecto nacional. Más Estado es más inclusión y desarrollo, es la garantía de una mirada puesta en el interés de las mayorías populares. Los resortes fundamentales para el desarrollo (recursos naturales, energía, comercio exterior, minería, puertos, marina mercante, intervención en las cadenas de valor, etc.) tienen que ser resortes del Estado; en los casos del sector privado o empresas mixtas son centrales los mecanismos eficaces de control, regulación y monitoreo. Una reforma integral de la administración pública y la burocracia estatal, para dejar de lado definitivamente los resabios del liberalismo anclados en el aparato estatal, permitirá ponerla al servicio del proyecto nacional con el aporte ineludible y central de las y los trabajadores. Las políticas públicas tienen que avanzar en un sentido estratégico como políticas de Estado para seguir revirtiendo el retroceso que se inició con la dictadura cívico militar y se profundizó luego con la aplicación del consenso de Washington. Hablamos, entre otras cosas, de las políticas de desguace del Estado, que fue la letra dura del dogma de la libertad de mercado que promovieron los grupos concentrados del poder económico. Defendemos la soberanía tecnológica y, en el caso de las Malvinas Argentinas, por la restitución de los dominios .fk y .gs a la Argentina, que deben ser .ar como todo el dominio de las páginas web de nuestro país. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

4. Impulsamos una reforma tributaria integral para “que paguen más los que más tienen”, como estrategia para poner en manos del Estado los recursos necesarios para impulsar las políticas que permitan profundizar el desarrollo y crecimiento con inclusión (obras de infraestructura, aumento del presupuesto educativo, inversión en energía, AUH, salud, etc.). Promovemos la sanción de una nueva ley de entidades financieras para regular y supervisar el sistema, para que esté al servicio de la producción y no al de la especulación. En orden al tema tributario sostenemos la necesidad de seguir bregando por la modificación del impuesto a las ganancias. El fundamento radica en que este impuesto, tal cual está configurado, contiene inequidades irritativas que hay que resolver para que sea un impuesto a los altos ingresos. Para ello estamos trabajando una propuesta consistente en la incorporación de más escalas, con saltos menos pronunciados en las alícuotas. Otro tema a modificar es la asimetría en el trato entre los que son propietarios y pagan créditos hipotecarios y los que no lo son y pagan alquiler; los primeros pueden deducir hasta 20.000 pesos anuales del pago de intereses mientras los segundos no pueden deducir ni un centavo del pago de alquiler. Con estas modificaciones este impuesto acentuaría su carácter progresivo y sería mucho menos cuestionable que el IVA, al que tributan cada vez que compran algo hasta los que no tienen trabajo.

5. Las características inflacionarias de los últimos años tienen como uno de los factores centrales la puja distributiva y la decisión de los sectores oligopólicos de seguir apropiándose de riqueza y ganancias extraordinarias. Para enfrentar de manera sostenida el fenómeno de la inflación resulta fundamental mejorar los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en toda la cadena de valor. Por esto hacemos nuestra la propuesta emanada del Consejo Económico y Social y promovemos: a) La creación de un consejo estatal y multisectorial de seguimiento y análisis de la cadena de valor y la formación de precios; b) la puesta en marcha de mercados populares con participación de las organizaciones sociales, como así también sistemas de distribución directa del productor al pequeño y mediano comercio, deben ser ampliamente debatidas hasta optimizar; c) mejorar los instrumentos de defensa al consumidor, por eso apoyamos la legislación que reglamente los derechos de los usuarios y consumidores, tal cual establece la Constitución Nacional; y también proponemos profundizar la política de “precios cuidados” con la participación social y comunitaria, como mecanismos de fortalecimiento de la participación ciudadana en defensa de los derechos colectivos.
Es fundamental el desarrollo de la economía social y solidaria, donde juegan un papel central los compañeros y compañeras organizados en cooperativas de trabajo de diversos rubros, los emprendimientos productivos, los mercados comunitarios y las estrategias de formación y asistencia técnica en todo el proceso productivo y de comercialización.

6. Reafirmamos la importancia fundamental que ha tenido la continuidad durante doce años de la convocatoria anual al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sostenemos la necesidad de la puesta en funcionamiento de manera permanente de las comisiones de trabajo, en especial la Comisión de Empleo. Para establecer en ese ámbito tripartito un sistema de monitoreo permanente, el observatorio del empleo y la productividad, de la evolución de la conflictividad vinculada a suspensiones y/o despidos.

7. Defendemos y reafirmamos nuestra lucha permanente por el trabajo digno y de calidad (trabajo decente según la definición de la OIT), paritarias sin techo y libres tanto en el sector público como en el privado, participación en las ganancias, promoción de la conformación de comisiones mixtas de seguridad e higiene, formación profesional, políticas de promoción de la igualdad de trato y oportunidades, equiparación de las asignaciones familiares en todo el país; promovemos políticas activas y legislativas contra la violencia laboral.

8. Contra la informalidad laboral. Sostenemos, como lo hemos dicho todos estos años, que el principal problema de las y los trabajadores es la informalidad laboral, un 34% promedio, cifra que asciende a un 40% para las mujeres trabajadoras. Por eso apoyamos la sanción de la Ley de Promoción del trabajo registrado y combate al fraude laboral. Es fundamental que se aumente el poder fiscalizador y de control del Ministerio de Trabajo a nivel federal, además es un avance importantísimo para generar un instrumento para que las empresas pequeñas puedan registrar a sus trabajadores y que las que no registran a sus trabajadores sean penalizadas. Este es un compromiso de primer orden en la agenda de la CTA y sus organizaciones miembros, la denuncia permanente de las situaciones de informalidad y fraude laboral.

9. Derechos Humanos. Las políticas de memoria, verdad y justicia han sido la clave de posibilidad de ampliación de derechos en estos diez largos años. Juicio y castigo a los culpables de la dictadura cívico-militar, avanzar en los responsables civiles, recuperar la memoria histórica de la represión contra los y las trabajadoras, apoyar la continuidad de los juicios, es parte fundamental para pararnos en las demandas de hoy y en la profundización democrática, con la convicción de que hay más democracia si hay más derechos conquistados.

10. Seguridad y Justicia. La reforma integral en seguridad es una de las grandes deudas de esta democracia, los discursos efectistas, de la demagogia punitiva, hacen mucho mal a la pendiente reforma integral de los modelos de seguridad, que deberán tener alcance federal, construyendo los acuerdos necesarios con el conjunto de las provincias de nuestro país. El Acuerdo por una Seguridad Democrática sentó las bases de los puntos fundamentales a debatir y las reformas legislativas a impulsar desde un enfoque democrático, promoviendo la participación ciudadana y desde una gran pluralidad social y política. Otro aspecto complementario es fortalecer el proceso de discusión para la democratización del poder judicial. Justicia Legítima inició un camino de debate en relación a la discusión integral del sistema de justicia que debe profundizarse y contar con la participación de las y los trabajadores judiciales, pero también con el aporte de todos los sectores de la sociedad. Ratificamos el apoyo a la lucha contra la violencia institucional, incluyendo la situación de violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad.

11. Impulsamos en todo el país la campaña para promover las responsabilidades familiares compartidas y un sistema integral de cuidados. Promovemos una reforma de la Ley de contrato de trabajo en el tema de licencias y cuidados. Nos comprometemos a avanzar en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la implementación de un plan nacional según establece la Ley 26485; seguiremos impulsando la despenalización y legalización del aborto, para que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como la plena implementación de la Ley de educación sexual integral, en todos los niveles de enseñanza. Trabajar junto al Ministerio de Trabajo en la Mesa de Diversidad, para impulsar políticas de no discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y otras en los lugares de trabajo.

12. Se promoverán políticas específicas y medidas de acción positiva para la integración efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, específicamente en el acceso al empleo y para garantizar las condiciones para el desarrollo de las tareas, hacer accesibles el ámbito laboral, los medios y las condiciones necesarias para la ejecución de las mismas. Observar que las capacitaciones se realicen adecuadamente para que no termine siendo una forma de explotación, para que las personas desplieguen sus potenciales, acorde al marco normativo nacional e internacional vigente y así garantizar que se cumpla la plena autonomía de las personas con discapacidades. Sostenemos el derecho a la educación de las personas con discapacidad y reafirmamos la necesidad de profundizar el desarrollo de la integración escolar como una estrategia para sostener su inclusión.

13. El mundo del trabajo cambió y también las y los trabajadores. Los más de cinco millones de puestos nuevos de trabajo están ocupados por jóvenes. El desafío de abrir espacios organizativos para que la juventud de la CTA tenga mayor participación y protagonismo.

14. Reconocemos los avances de estos años para las y los jubilados. La ley de movilidad jubilatoria, la moratoria previsional, que ha llegado a más de 2.500.000 personas, el 75% mujeres que no podían jubilarse. Apoyamos la ampliación de la moratoria previsional que logrará la casi plena inclusión de todas las personas en edad jubilatoria. Reclamamos un aumento del haber mínimo jubilatorio por única vez, independiente de la ley de movilidad semestral, sustentado con el superávit del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para reducir el retraso de muchas jubilaciones. También proponemos el cumplimiento de la Resolución de los Presidentes de la UNASUR del 21/9/09 constituida en Santiago de Chile, para el desarrollo de estrategias para el acceso universal y la producción pública de medicamentos por los Estados integrantes.

15. Cumplimiento del relevamiento territorial contemplado en la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, 26.160, cuya fecha de finalización está prevista para el año 2015. Promovemos una Ley de Consulta y Consentimiento Previo, libre e informado (Convenio 169 de la OIT y art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional) para todos los asuntos que afecten a los pueblos indígenas. Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe.

16. El relanzamiento de nuestra iniciativa nacional por la transformación del modelo sindical tiene que trascender la legítima y justa demanda de otorgamiento de personería gremial para nuestra Central. Este cambio del modelo sindical supone también avanzar en otros planos. Uno, que no podemos soslayar, si queremos ser consecuentes con nuestros dichos, es el de la transformación hacia el interior de nuestra propia organización. Nos estamos refiriendo al desafío de encarar el tema de la reforma de nuestro propio Estatuto para darles mayor participación a nuestros afiliados, para abrir espacios a nuevas representaciones de la clase trabajadora fuera del espectro de los registrados y para adecuar la institucionalidad de nuestra Central a la creación y desarrollo de nuevos instrumentos de estudio, formación política e integración con América Latina. A su vez, estos cambios del modelo sindical suponen revitalizar la iniciativa para adecuar su estructura legal a los principios de libertad y pluralismo establecidos en los Convenios Internacionales de la OIT, de los cuales el Estado argentino es signatario. Esto requiere encarar una campaña nacional para modificar la ley que actualmente otorga el monopolio de representación y derechos a las organizaciones que tienen personería gremial y promover la incorporación de nuevas herramientas para la democratización de los lugares de trabajo.-

17. Declaraciones de solidaridad y denuncia del atentado contra el compañero Alberto Rivas de San Juan, testigo en los juicios de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la última dictadura cívico-militar. Nos solidarizamos también con los compañeros y compañeras despedidos, suspendidos y que luchan por la defensa de las fuentes de trabajo. Asimismo, denunciamos el empleo de patotas rentadas por parte de la conducción de ATE que, apelando a la violencia directa, han impedido el ingreso de dirigentes y delegados a un plenario convocado al efecto en la sede nacional de dicho sindicato.

Portada del sitio || Enfoque || BUENOS AIRES, 22 DE AGOSTO DE 2014 - EJES PARA LA ACCIÓN POLÍTICA