Desde la Secretaría de Género de la CTA repudiamos la decisión del gobierno nacional de eliminar la moratoria previsional, que claramente beneficiaba a las mujeres trabajadoras en el acceso al derecho universal a la seguridad social.
El sistema había nacido a fines de 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner de la mano de la Ley 25.994 que tenía un artículo que permitía una moratoria con amplias facilidades; y sería continuado en una segunda etapa en 2014, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la Ley 26.970. No fueron éstas las primeras moratorias de nuestro país. Pero sí fueron las primeras que permitieron el acceso a los sectores más postergados, al facilitar el pago de la deuda de aportes en cuotas mensuales que se iban descontando de la misma jubilación. La primer moratoria incluyó a más de 2 millones 700 mil personas que venían de la desprotección social.
La mayoría, mujeres. La segunda moratoria, que por Ley estaba vigente hasta septiembre 2016, pero que fue anunciada su discontinuidad con la sanción de la Ley de Reparación Histórica en junio de 2016, lleva ya incluidos a otro millón más de nuevos jubilados y jubiladas. También en esta nueva moratoria, la mayoría fueron mujeres.
A partir de estas políticas públicas que alcanzaron a más de 3.500.000 personas, el 86% mujeres, se logró una cobertura jubilatoria prácticamente total (98% de la población objetivo). Una decisión de política de seguridad social de enorme poder inclusivo y reparador, que ha sido reconocida como ejemplar en el mundo entero y que ha otorgado preeminencia femenina al sistema previsional de nuestro país en concordancia con nuestra pirámide poblacional, envejecida y feminizada.
No es casual que las principales beneficiarias de las moratorias hayan sido las mujeres, porque son las que habían quedado tradicionalmente excluidas del acceso al derecho a la seguridad social. Casi el 40% del trabajo femenino se desarrolla en la informalidad. Además de trabajar en los sectores de menor remuneración y productividad, lo que supone una brecha salarial que ronda el 27%. A esto hay que sumar que las mujeres trabajan diariamente 3 horas más que los varones en tareas de cuidado familiares y comunitarias. Una doble y triple jornada, que impacta en los trayectos laborales de las mujeres, que genera cuidados y riqueza en la sociedad, que históricamente fueron invisibilizados.
Las moratorias significaron una medida previsional de alcance universal, que contemplaba la jubilación como un derecho y la responsabilidad del Estado para garantizarlo, en sintonía con lo establecido en las normas internacionales del trabajo. Muy por el contrario, con lo que ocurre con la PUAM, la medida que este gobierno impuso a partir de la Ley de Reparación Histórica y que pretende remplazar a las moratorias. La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) resulta una prestación asistencialista, focalizada, que es incompatible con otros ingresos (como podría ser una pensión por viudez, que tantas mujeres tienen) o con cualquier continuidad laboral. Asimismo, el monto de la PUAM es del 80% de la Jubilación Mínima. Lo que significa decir que es el 80% de lo que ya es una miseria. Como si esto fuera poco, a la PUAM se puede acceder a partir de los 65 años, aumentando de un plumazo la edad jubilatoria de las mujeres pobres.
La PUAM es una política típicamente neoliberal. Y el modelo neoliberal ataca sistemáticamente los derechos de trabajadores, trabajadoras y en general de toda la población. Dijimos muchas veces que este sistema es profundamente desigualador y que afecta especialmente a las mujeres. Hoy vemos cómo están condenando a más de la mitad de las mujeres de nuestro país a una vejez en la pobreza y la indigencia. Discontinuar las moratorias es una decisión patriarcal, machista, que desconoce todo el trabajo de cuidados que las mujeres aportamos a la sociedad, las familias y nuestras comunidades. A pocos días de una nueva conmemoración del 3 de junio, fecha en la que nació un lema que hoy es universal como el #NiUnaMenos, denunciamos que este modelo económico arrasa con las posibilidades de construcción de autonomía económica, que es un requisito central para enfrentar las situaciones de violencia de género. Esta decisión política conlleva una profunda violencia simbólica, es patriarcal, cuando desconoce el trabajo que hacemos las mujeres en la sociedad.
Esto es una más de las decisiones que toman desde el FMI. Cada día menos soberanía, es cada día más desigualdad.