Estas líneas quieren recuperar un tema que ha quedado soslayado en la maraña informativa en relación a la posible reforma del Código Penal. El virulento ataque a la propuesta elaborada durante casi dos años por una Comisión integrada por destacadísimas figuras del ámbito jurídico y político, con una importante diversidad partidaria e ideológica, pone claramente entre paréntesis la fundamentación de los integrantes de la Comisión redactora cuando decidieron autoexcluir el tema del aborto en la discusión integral.

Sostuvieron que “La experiencia nacional y comparada indica que cualquier alteración en este punto (aborto) tiene el efecto negativo de obstaculizar e impedir la discusión general de la reforma, por lo cual se insiste en la necesidad de dejar el tema fuera de la discusión del código”. Ahora con nuevos voceros, pero como en el año 2006, el obstáculo central para avanzar en una reforma imprescindible del Código Penal fue y es responsabilidad de la demagogia punitiva, el oportunismo electoral y una dirigencia política irresponsable, que no duda en mentir respecto a lo que está en debate. El objetivo es claro, sumar votos fáciles, acordes a la ola expansiva del manodurismo, las balas a los delincuentes y la estigmatización social, como efectivos ardides que contribuyen a ocultar los verdaderos problemas de seguridad/inseguridad. Obvian de este modo su responsabilidad institucional y democrática de avanzar con leyes que den cuenta de la profundización de nuestra democracia y la ampliación de derechos logrados en todos estos años. La receta es conocida y se aplica en todos los países de la región. Los medios de comunicación cumplen un papel privilegiado dando respuestas rápidas para problemas profundamente complejos, que atraviesan el conjunto de las sociedades modernas.

El Acuerdo para una Seguridad Democrática, un espacio multisectorial y pluripartidista, intenta poner un poco de cordura y luz en este debate desquiciado por la inescrupulosidad política-mediática extrema. Lo hizo a partir de su creación en el año 2009 con una amplia convocatoria y con el objetivo cierto de abordar de fondo un tema que demanda el compromiso del conjunto social. Su lema fue y es “para más seguridad, más democracia”. Pero se puede verificar con lo que está sucediendo, que estamos lejos de lograr lo deseado. En la práctica no se construyó un verdadero movimiento capaz de fundar una masa crítica social, que ponga en entredicho el sentido común de cómo se obtendrá mayor seguridad. Apelar al miedo y el uso de las víctimas, es un recurso conocido y exitoso. ¿Está de acuerdo que dejen libres delincuentes peligrosos? ¿Quiere que los violadores de jóvenes de 15 años queden en pocos años en libertad? ¿Está de acuerdo con un código que hoy dejaría libre al dictador Jorge Videla? No sólo usan preguntas engañosas como las ejemplificadas, sino también la convocatoria a una consulta popular anticonstitucional e ilegal. La estrategia es evidente, pero la pregunta a realizarnos es por qué algo tan grosero tiene tanto impacto en la población.

A diferencia de lo que ocurre con el debate en torno a la inseguridad, la cuestión del aborto está instalada en la agenda pública, desde una perspectiva que ha enriquecido el debate. Ha salido a la luz una práctica habitual, pero históricamente silenciada, se ha contribuido en dejar de lado los prejuicios y estigmas con los que se debatía y se produjo una movilización social, que ha impactado decididamente en el cambio favorable de la opinión pública. La necesidad de un cambio de ley, que reconozca las prácticas reales y concretas de las mujeres cuando se encuentran con un embarazo no deseado o forzado, es un tema que está en agenda. Todos estos años se ha desarrollado un amplísimo movimiento social por el derecho al aborto. Gran parte del mismo se encuentra, articula y organiza en la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con más de 300 organizaciones, pero no sólo allí. Este tema se debate en la academia, la política, los sindicatos, los barrios, las escuelas, los medios de comunicación. Prueba de ello es que en estos días se está volviendo a presentar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo con la firma de más 70 diputados/as nacionales de un amplísimo arco político. Haber incluido esta temática en la reforma integral del Código Penal es completamente coherente con una iniciativa que respete la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con rango constitucional, tal cual afirman los fundamentos y el artículo 1° del anteproyecto presentado al Ejecutivo Nacional. Lamentablemente la comisión no sólo lo dejó afuera por decisión propia, sino que en el anteproyecto de Ley modificaron el tema incluyendo dos nuevas figuras penales (aborto culposo y lesiones al feto). Decisión absolutamente inexplicable desde sus mismos fundamentos.

Tal cual está cursando el debate de la reforma del Código Penal, es evidente que la autocensura para abordar temas tan necesarios como la despenalización del aborto no contribuye con el objetivo planteado, más bien lo contrario. Muy lejos de lo afirmado en los citados fundamentos, la inclusión del debate del aborto, tendría a una amplia coalición social acompañando la reforma integral del Código Penal. Aunque seguramente habrá muchos puntos por revisar, discutir y reconsiderar. Lo cierto es que nos merecemos dar el debate de una reforma integral del Código Penal, sin exclusiones ni censuras. Con la convicción de que esta reforma mejora nuestra democracia y la calidad institucional. Como ha sido sin lugar a dudas la decisión que inspiró a nuestra Presidenta, Cristina Fernández, cuando convocó a la conformación de la Comisión que trabajó en la producción del anteproyecto de Ley, hoy en análisis en el Ejecutivo Nacional. Todavía estamos a tiempo de dar este debate completo, se lo merece nuestra democracia, se lo merecen las personas más humildes, las más desposeídas, las que cotidianamente sufren las consecuencias de un código penal vetusto, desarticulado, en definitiva: injusto.

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