Llego el 7 de diciembre y con él el día en que vencía el plazo de la cautelar que beneficiaba al grupo Clarín. Es por ello que, como defensores de los derechos humanos, debemos remarcar que la diversidad inherente a toda sociedad, conlleva a la existencia de una democracia vigorizada y que ésta sólo se pueda dar en la pluralidad y la igualdad que la completan.
La Ley de radiodifusión de la dictadura (22.285) conllevó expresamente a la consolidación de monopolios. La existencia de éstos atenta contra la diversidad y significan su acallamiento, para pasar a la existencia de una única voz que oprime a los sujetos diversos, con el fin de amplificar su propia voz, su impronta y sus intereses sectoriales. Entendemos que no puede haber una real democracia si existen voces silenciadas.
Es de resaltar que durante la dictadura el gobierno militar apeló a la censura, la desinformación y la manipulación mediática para crear su propio consenso. Asimismo, en los ’90 los medios masivos de comunicación se tornaron centrales para construir un discursó único en torno a las transformaciones de corte neoliberal que vinieron a acrecentar las políticas económicas y sociales ya heredadas. Al mismo tiempo, fueron un eje central en la privatización y mercantilización que benefició a algunos grupos económicos generando los monopolios de la comunicación que la Ley de Servicios Audiovisuales, votada en el Congreso Nacional, combate.
Es por ello que la promoción de la diversidad y el pluralismo es el objetivo primordial de la nueva reglamentación de comunicación audiovisual así como garantizar las licencias en igualdad de oportunidades. Particularmente tomando en cuenta a aquellos sectores de la sociedad que suelen ser invisibilizados por los medios masivos de comunicación hegemónicos y su operatoria cultural, que como tal instaura formas del ser dentro del ser, buscando emparentar la mercantilización de la vida social, con los intereses espurios de minorías acaudaladas.
La medida cautelar extendida por el fuero civil y comercial, significa un atropello a la voluntad popular expresada no sólo a través de sus representantes en el Poder Legislativo, sino también a través de la participación social en la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales.
El derecho humano a la comunicación, presente en diferentes pactos y tratados afines, es un derecho colectivo que no se puede ver cercenado por el monopolio empresarial que busca mantener su actual cobertura mediática priorizando sus negociados. Por eso, la Ley aprobada hace hincapié en la desmonopolización comunicacional y la promulgación de voces diversas y plurales.
La cautelar es una medida que nunca puede ser tomada de forma dilatoria para impedir expedirse sobre la cuestión de fondo, según marcara la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso por este motivo el 7 de diciembre como tope para cumplimentar la resolución de la causa de fondo.
Asimismo la imparcialidad de los jueces del fuero civil y comercial que están abocados al expediente se ve cuestionada por sus manifestada cercanía con el grupo económico Clarín, por ejemplo, a través de un viaje realizado por uno de ellos a Miami, pagado por Clarín, como también la relación de otro de ellos con un directivo del grupo.
La respuesta de la corporación judicial frente al atropello al poder popular, es una muestra de la necesidad de democratizar a la propia Justicia, que tiene beneficios como el no pago de ganancias y jubilaciones de privilegio. Del mismo modo, carecen de elecciones que los presente al sufragio de la ciudadanía.
Por todas estas razones, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA repudiamos el fallo de la Cámara Civil y la declaración de la comisión nacional de protección de la independencia judicial. Además, resaltamos nuestro apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.