Los cambios producidos en el escenario político, a nivel nacional, regional y mundial, obligan a remitir nuestro análisis de la coyuntura política a la última década. En la Argentina, particularmente, estamos transitando una nueva etapa en el proceso de transformaciones que comenzó a operarse a comienzos del siglo XXI, luego de la crisis resultante de la imposición del proyecto neoliberal aplicado a partir de la última dictadura cívico militar y profundizado en la década del 90.

La situación que en el año 2001 caracterizábamos como una crisis de hegemonía, en la medida en que expresaba la imposibilidad de los sectores dominantes de continuar ejerciendo la conducción del proceso social, permitió, con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación en 2003, dar inicio a un proceso gradual y sostenido de recuperación de la capacidad del Estado para orientar la dinámica social en un sentido favorable a los intereses populares. La firme decisión de incorporar muchas de las demandas históricas del movimiento popular a la agenda del nuevo gobierno, apoyándose en el capital social acumulado durante los años de la resistencia, fue configurando un proyecto político definido por los objetivos de la inclusión y justicia social, la soberanía política y la independencia económica, que han sido los pilares de la identidad nacional y popular a lo largo de la historia de nuestra Patria. A eso se sumó una ofensiva que erigió en política de Estado a la causa de los organismos defensores de los derechos humanos. Memoria, Verdad y Justicia fueron banderas en alto a partir del 2003, con un emblema en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El fenómeno de adhesión popular que generó la recuperación del nieto de Estela de Carlotto es producto de ello.

Sobre la base de una articulación política centrada en el liderazgo presidencial -iniciado por Néstor y continuado por Cristina Fernández- y pragmáticamente orientada a disponer a los actores políticos existentes al cumplimiento de las tareas que de modo paulatino iban definiéndose como necesarias, el kirchnerismo logró, al tiempo que se constituía como una identidad política capaz de movilizar voluntades en torno a estos objetivos, impulsar cambios que han resultado decisivos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y para abrir un horizonte de oportunidad para promover nuevas transformaciones.

El juicio a los responsables del genocidio, el desendeudamiento, la creación de empleo y la reactivación del mercado interno, la reestatización del sistema previsional, el incremento del presupuesto educativo, de salud, y de investigación, la Asignación Universal por Hijo, la sanción de las leyes de Medios de Comunicación Audiovisual, de matrimonio igualitario, de identidad de género; la recuperación de Aerolíneas Argentinas y de YPF, la vigencia indiscutida de las convenciones colectivas de trabajo en casi todas las ramas de actividad; el fortalecimiento de las relaciones con América Latina y la decisión de asumir la integración regional como un pilar del proyecto nacional, bastan para comprender la novedad de esta etapa y el valor reparatorio que ha implicado para los sectores populares. Mención aparte merece la decisión de rechazar el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005. Aun reconociendo que todavía es preciso avanzar y recuperar conquistas arrebatadas por el neoliberalismo, es indudable que el actual período histórico configura un momento de avance del campo popular.

Ahora bien, la reactivación que estas medidas generaron permitió, en su momento, sortear las dificultades derivadas de dos frentes problemáticos. En primer lugar, la ofensiva desplegada por la reacción de aquellos sectores que perdían privilegios e inmunidades, y de quienes veían condicionadas sus siempre inmensas ganancias. El momento más álgido de esta ofensiva se vivió en el año 2008, con la conformación de un arco opositor a la Resolución 125 que establecía las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. El rechazo a la medida del gobierno nacional de atar el porcentual de retenciones a la variación de los precios internacionales, no sólo con el fin de asegurar el ingreso de divisas a las arcas públicas con fines redistributivos, sino de limitar el impacto del alza de las commodities sobre el mercado interno, permitió a todos los sectores opositores agruparse en torno al reclamo de las corporaciones del sector agropecuario y fue, al mismo tiempo, un elemento aglutinante de las organizaciones del campo popular y de amplios sectores no organizados de la sociedad que vivieron esa confrontación como un llamado a la toma de posición en el escenario de la disputa. Si bien el resultado inmediato de la “batalla de la 125” fue adverso, el saldo posterior resultó en un avance sustantivo: la estatización del sistema previsional; una determinación fundamental que permitiría luego desplegar una serie de iniciativas de política social que sin duda han representado mejoras para los sectores más desprotegidos, y que han otorgado un grado importante de sustentabilidad para dichas iniciativas.

Poco después, la emergencia de la crisis económica internacional, encontró a nuestro país en mejores condiciones para afrontar los efectos de la retracción de las economías centrales. La reducción significativa del peso de la deuda externa y el cese de los condicionamientos del FMI sobre la definición de la política económica nacional, así como una mayor disponibilidad de recursos para mantener movilizada la economía y para asegurar la preservación de los niveles de empleo, resultaron cruciales para limitar el impacto local de aquella crisis.

Ninguno de estos factores de riesgo ha cesado de actuar. En distintas formas, la persistencia de esa amenaza pone en evidencia la vulnerabilidad de un proceso que, para consolidarse y viabilizar su profundización, aún debe afrontar la resolución de tareas que implican transformaciones estructurales y suponen, por lo tanto, niveles más altos de confrontación con los poderes fácticos. En el último año, la presión de los sectores exportadores para producir la devaluación de la moneda logró imponerse a través de las maniobras del poder financiero, que obligaron al gobierno a modificar la relación cambiaria, y a desplegar una serie de dispositivos para evitar que esa decisión impactara excesivamente en la capacidad de consumo de los asalariados. Si bien el efecto acotado de la devaluación demostró la preocupación del gobierno por preservar la situación de los sectores populares, su inevitabilidad dio muestras, también, de la persistencia de una estructura económica excesivamente dependiente de las decisiones de los sectores concentrados, fuertemente extranjerizada, primarizada e insuficientemente regulada por el Estado. A estos factores se sumó el impacto de la crisis global en la región, con la consiguiente desaceleración del crecimiento económico y la aparición de señales preocupantes tales como suspensiones y despidos de trabajadores en algunas ramas dinámicas de la producción. Esta situación -que se ha instalado desde fines de 2013- pone al descubierto la voracidad de las grandes patronales que no dudan en acrecentar sus ganancias gracias la reducción de sus plantas de personal.

De manera que ya no sólo la expectativa de profundizar el proceso de redistribución de la riqueza, sino la posibilidad misma de asegurar lo conquistado hasta ahora, exige avanzar más decididamente en un proceso de industrialización centrado en la satisfacción de las necesidades de la mayoría, y requiere elaborar instrumentos que permitan controlar y orientar la producción y distribución de bienes y servicios básicos en función del interés común y en la perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Para nosotros es crucial defender lo conquistado hasta aquí ya que sin esa defensa activa no sería posible pensar en un avance.

En ese sentido, como parte del intento de avanzar, apoyamos los proyectos de leyes para controlar la especulación y el abuso de los monopolios en la formación de precios. La oposición de las cámaras empresarias de los sectores más fuertes agitando el “fantasma del estatismo” y reivindicando la propiedad privada y la libertad de mercado, discurso asumido también por los portavoces de la oposición, reafirma la necesidad de los sectores populares de estrechar filas para evitar que estos proyectos fracasen. Es estratégico que el Estado pueda recuperar instrumentos de control que permitan revertir la debilidad del sector público frente a los grupos concentrados de la economía. Esta debilidad resulta, por otra parte, notablemente balanceada por una decisión política que ha demostrado que el actual gobierno no está dispuesto a someterse a los dictados del poder financiero, ni a desandar el camino transitado en pos de la conquista de mayores márgenes de soberanía para nuestra nación. La batalla contra los fondos buitres y la resolución del juez Griessa constituyen una prueba cabal de esa determinación y coloca a la Argentina en el centro de la disputa por el rumbo de la economía mundial.

Es imprescindible comprender que, en este litigio, no está en juego exclusivamente la posibilidad de continuar el proceso de desendeudamiento nacional, aun cuando ese objetivo resulte de primera importancia. El devenir de este conflicto -en el que, magistralmente, la jugada del gobierno argentino ha puesto en contradicción a los propios actores financieros, y a ellos con los gobiernos de los países centrales– será decisivo para el futuro del sistema económico global. La reciente iniciativa anunciada por la presidenta de la Nación de enviar al Congreso el proyecto de ley para el pago soberano de la deuda externa, reemplazando al Banco de Nueva York como agente de pago, no sólo enmienda un agujero negro de nuestra soberanía, sino que significa redoblar la apuesta política en la confrontación con el capital financiero internacional.

Para las organizaciones populares, por lo tanto, esta perspectiva no sólo exige la definición de propuestas y la intervención en el debate político, sino, muy especialmente, la multiplicación de su capacidad organizativa y su representatividad. A lo largo de este proceso, las organizaciones populares se han visto confrontadas con nuevos desafíos que han conllevado severas crisis, divisiones y realineamientos. Las organizaciones sindicales, especialmente, hemos tenido que revisar nuestras estrategias y modos de organización con vistas a lograr constituirnos como actores en un escenario que tempranamente definimos como una situación de avance del campo popular. Esta interpretación de la etapa confrontó, en la práctica, con la de quienes veían apenas cambios superficiales que, según su sesgada visión, encubrían la continuidad de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. Esto produjo debate y tensiones al interior de nuestra central que, a partir del conflicto con la Sociedad Rural y sus aliados en el 2008, fueron tomando estado público y generando divergencias cada vez más profundas. El tema de la autonomía de nuestra Central empezó a estar en el nudo de esas discusiones.

Nuestra posición reafirmó que la autonomía -que siempre reclamamos para nuestra Central, y que consideramos una condición necesaria para preservar la defensa del interés de la clase trabajadora en nuestro accionar– no debía ser confundida con una presunta neutralidad que, en estas condiciones, implicaba de hecho un abstencionismo que sólo podía favorecer al campo de la reacción y del bloque dominante. En tal sentido, como parte de la clase trabajadora, nos pronunciamos con claridad apoyando la continuidad del proyecto político nacional y popular en marcha, para ser parte activa en la profundización de su carácter transformador.

Desde esa concepción de autonomía hemos acompañado todas las medidas que comprendimos como pasos necesarios para avanzar en aquel rumbo, y hemos promovido y reclamado aquellas decisiones que consideramos debían adoptarse para continuar este proceso, para reparar sus deficiencias y profundizar las transformaciones. El desafío de constituir a la organización sindical como un actor capaz de incidir en la definición de las políticas de Estado, y de ser protagonistas en la construcción de un proyecto nacional, popular, democrático y emancipador, exigen de nuestra Central la capacidad de identificar adecuadamente las contradicciones que determinan, en esta coyuntura política, la siempre dinámica configuración del movimiento popular, y la correlación de fuerzas que define en cada momento el horizonte de posibilidades para la acción política.

En el futuro inmediato, cuando la finalización del segundo mandato de Cristina Fernández se convierte en un acicate para la estrategia reaccionaria que quiere ver en el fin del período presidencial la liquidación del proyecto popular, los intentos de desestabilización y condicionamiento por parte del poder económico y sus aliados prometen intensificarse. En este contexto, es muy importante el papel que debe desempeñar la CTA para generar iniciativas tendientes a aglutinar y unificar a los distintos sectores del campo popular. La presencia en el debate público, la movilización y la puesta en marcha de espacios de articulación como la Convocatoria Económica y Social, son un aporte que estamos en condiciones de realizar allí donde tenemos más desarrollo. También es clave el protagonismo de la CTA en la formulación de las demandas de la clase trabajadora, con una visión del conflicto social que haga posible integrar como parte de una misma totalidad a la heterogénea composición actual de nuestra clase. No podemos ser sólo portavoces de los asalariados que tienen convenio y trabajo registrado porque, en ese caso, estaríamos haciéndonos cargo del mandato de apenas una parte del colectivo laboral.
Fiel a la decisión asumida en el momento mismo de nuestra constitución como Central, dispuesta a extender su representación más allá de los límites del trabajador formal, el desafío es crecer integrando también al variado universo de los no registrados, a los trabajadores cooperativizados, a los de las empresas recuperadas, a los de las zonas rurales y a todos aquellos que como parte de nuestra clase tengan la necesidad de organizarse para reivindicar su dignidad y su demanda con un sentido de unidad y solidaridad.

Para eso necesitamos que el 18 de noviembre la elección nacional sea un hecho político que nos movilice y que legitime esta construcción de cara a los desafíos de un futuro cargado de incertidumbre para los sectores populares. Necesitamos una Central que fortalezca la identidad y la presencia de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina en esta nueva etapa de la lucha: por más igualdad, más justicia, más democracia.-

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014

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